El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fue elegido hace unos días por el resto de gobernadores costeños como nuevo presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, esa figura que promete abrir por fin el camino hacia el país de regiones que estableció la Constitución del 91. Indiscutible defensor nacional de la descentralización desde hace muchos años, con seguridad Verano buscará este cuatrienio remover la importancia del tema en la agenda pública. Por ahora, sin embargo, el sueño de una Colombia más equitativa y justa con su periferia seguirá siendo pura bulla.
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La razón sencilla es que las llamadas RAP —se han constituido seis desde 2014: la Caribe, la Pacífico, la de la Amazonía, la del Eje Cafetero, la Central y la de los Llanos orientales— no tienen dientes. No cuentan con recursos seguros para convertirse en entes territoriales regionales efectivamente capaces de definir, estructurar y ejecutar iniciativas que atraviesen las necesidades de su respectiva región, de manera autónoma, sin tener que ir a pasar el sombrero o a transar en las oficinas de tecnócratas y políticos en Bogotá.
La esperada Ley de Regiones que las iba a armar terminó siendo una ratificación de centralismo. La propuesta original de más de 60 congresistas, durante la última administración Santos, planteaba que el gobierno nacional estuviera obligado a asignar una partida en las leyes anuales del Presupuesto General para cofinanciar las iniciativas de inversión de impacto regional de las RAP. También, contemplaba la existencia de un gobernador y una asamblea regionales, ambos de elección popular. Nada de eso quedó y, tras la intervención del recién llegado gobierno de Iván Duque, se eliminó el carácter obligatorio y se estableció como una opción la cofinanciación nacional de los proyectos regionales que definan las Regiones Administrativas y de Planificación.
Mejor dicho, para efectos de este esquema, en las regiones quedamos dependiendo de lo que digan en el centro. Como siempre.
El gobierno Petro tuvo el detalle de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que señala la posibilidad de hacer aportes anuales de recursos de libre destinación para inversiones de las RAP. Es decir, básicamente recordó lo que ya dispone la Ley de Regiones. Sin embargo, ni en el presupuesto 2024 aprobado por el Congreso ni en el polémico decreto de liquidación de dicho presupuesto, que define con detalle a qué proyectos va la plata de la Nación, encontré ninguna mención o partida destinada de manera puntual a estas asociaciones territoriales.
No era fácil creer que fuera de otra manera. Al fin y al cabo, las RAP están integradas por gobiernos locales que, en su mayoría, hacen parte de la clase política tradicional, de clanes y maquinarias, que Petro quiere enfrentar en las próximas presidenciales. Cualquier peso, cualquier inversión, cualquier viso de gestión de una de estas regiones administrativas, podría traducirse en réditos electorales para alguno de sus miembros, cómo no.
De momento, esas pirañas muecas podrían financiarse con aportes propios de los departamentos y buscando plata de regalías presentando proyectos al Ocad, dos posibilidades que vuelven a ratificar el modus operandi actual y la deuda histórica con las regiones.
Por Laura Ardila Arrieta
