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Colombia es un país sin memoria, dice el lugar común, que no es menos cierto por repetido. Así se explican, por ejemplo, las pequeñas y grandes conmociones que está ocasionando la recapitulación de la historia de nuestros complejos conflictos, es decir, de lo que hemos sido como país. Y tendríamos que tener la máquina de la memoria, con la que José Arcadio Buendía imaginó salvar a Macondo de la peste del olvido, para salvarnos nosotros de la indiferencia y la amnesia sobre el escándalo de hoy que será sepultado por el de mañana.
Quienes más se aprovechan de nuestra perezosa desmemoria son los integrantes de las descompuestas clases poderosas que administran las decisiones y los recursos públicos. Aunque suelen ser buenísimos para sacar espejos retrovisores y recordar faltas pasadas y presentes de cualquier contradictor, nadan felices en las aguas de la impunidad social que les trae el olvido sobre las propias.
La actuación de la justicia les ayuda con eso. Mejor dicho: la escasa actuación de la justicia. Como es usual que muchos casos —en los que se cuentan testimonios, relaciones y sucesos probados desde lo público y lo periodístico— queden varados en la bulla del escándalo y no avancen en el camino de las verdades judiciales, se vuelve más difícil hacer memoria.
Un botón para la muestra es la compra de votos. ¿Cuántas décadas siendo testigos de primera mano —en localidades grandes y chicas del territorio— de toda clase de comportamientos enmarcados en los delitos relacionados con corrupción electoral, y solo hasta el año 2019 resultó capturada por estos hechos una congresista en ejercicio que luego fue condenada (Aida Merlano)?
Y hay ilustraciones aún más completas. Hace unos días, el periodista Melquisedec Torres, del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, consultó al aire al exvicepresidente Germán Vargas Lleras por la entrada ilegal de plata de la corrupta multinacional brasileña Odebrecht a la campaña que Vargas y Juan Manuel Santos ganaron por la Presidencia en 2014.
Puntualmente, el entrevistador le preguntó al político si, con esos antecedentes, consideraba que él y su partido Cambio Radical eran una alternativa frente a lo que está pasando en el gobierno de Gustavo Petro, cuya campaña también está salpicada por una presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos.
“Déjeme lo corrijo”, respondió Vargas a Torres, mientras miraba por encima de los lentes bajados casi hasta la punta de la nariz y lo señalaba con el dedo índice, en actitud de regaño mal disfrazado de amabilidad: “Odebrecht no financió la campaña de reelección del doctor Santos y así quedó probado judicialmente”. “Muchos han señalado que el expresidente Santos era el tercer beneficiario, pero eso nunca se ha comprobado”, agregó el exvicepresidente, en otro apartado de la entrevista que quedó alojada en YouTube.
Vargas tiene cómo sostener lo que dice. Se conocieron copias de dos transferencias por un millón de dólares de Odebrecht para hacer encuestas que beneficiaron a la campaña Santos-Vargas. El exsenador Bernardo “el Ñoño” Elías les dijo a las autoridades que parte de las coimas que le recibió a esa empresa las destinó al proyecto de reelección santista. Y la propia Fiscalía aseguró, en carta enviada al Consejo Nacional Electoral, que las pruebas permiten concluir “certeramente” que la brasileña asumió costos relacionados con la campaña presidencial 2014-2018. Sin embargo, la indagación se archivó y el Estado nos quedó debiendo la verdad oficial que permitiría una memoria incontrovertible al respecto.
El Gobierno Petro enfrenta hoy uno de sus peores momentos de descrédito, por cuenta, además, de un lío sobre posible entrega de coimas a congresistas a cambio de su apoyo legislativo.
Que la justicia no nos siga negando las claridades. O, si no, que seamos capaces de hacer memoria efectiva nosotros.
