Desde que cantamos el “feliz año” y hasta el 26 de enero, cada 10 horas mataron a una persona en Barranquilla y su área metropolitana. 63 asesinatos. Al menos, dos diarios. Una cifra que, lamentablemente, guarda sintonía con los datos de inseguridad que están rompiendo techo en esa capital que hoy tiene la tasa de homicidios más alta desde 2016 y el año pasado entró al deshonroso listado de 50 ciudades más violentas del mundo. Ese ranking lo hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una acreditada ONG mexicana que compara las tasas de homicidios usando las cifras de los propios gobiernos, y también incluye a siete ciudades colombianas más; entre ellas, la siempre caliente Cali. A diferencia de Barranquilla, sin embargo, la capital del Valle disminuyó sus muertes violentas un siete por ciento entre 2023 y 2024, la reducción más importante de los últimos 30 años, según su Policía.
Paradójicamente, Barranquilla también tiene a uno de los alcaldes con más favorabilidad del país: Álex Char. Las contadas veces que ha dado explicaciones sobre el asunto, lo que Char ha dicho es que en Barranquilla —y en todo el Atlántico, que también tiene las cifras de asesinatos disparadas— padecen una guerra entre bandas criminales y que casi todos los muertos los pone alguno de los bandos.
El asunto es algo más complejo. Barranquilla no ha sido núcleo del narcotráfico colombiano ni sede de un cartel nacional poderoso, pero, según la Defensoría del Pueblo, recientemente en su área metropolitana (conformada por cinco municipios) han hecho presencia tres de las estructuras criminales transnacionales más poderosas del hemisferio occidental: el Cartel de los Balcanes, considerado responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa desde Sudamérica; el Cartel de Sinaloa, la red que junta a varios de los capos más poderosos de México, cuyo suministro va principalmente a Estados Unidos; y también la banda criminal venezolana el Tren de Aragua, aterradoramente célebre por dedicarse al tráfico de personas, a la explotación sexual y al narcomenudeo, a la que Donald Trump recientemente declaró “organización terrorista”.
Según la última alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre Barranquilla, emisarios de estas organizaciones llegan al área metropolitana de la ciudad para concretar los negocios derivados del comercio de droga a mercados internacionales, la extorsión, el microtráfico, control de rutas, sicariato, y trata y explotación sexual. Sus socios de las bandas criminales locales se dedican mientras tanto a imponer mecanismos violentos de control social y a generar terror.
No es todo. Según un documento que en diciembre pasado la DEA le envió a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el departamento del Atlántico funciona un centro de acopio relacionado con un grupo delictivo o cartel local que estaría coordinando envíos de droga con rumbo a Centroamérica y luego a Estados Unidos.
Eso da una idea más clara (y aterradora) de por qué en Barranquilla se han vuelto tan comunes las noticias sobre muertos: cuerpos encontrados desmembrados, masacres, vendettas y asesinatos en zonas concurridas y a cualquier hora, evidenciando una capacidad de penetración de la criminalidad por la que tendría que dar más explicaciones la popular dirigencia local.
Por Laura Ardila Arrieta
