Petro en el espejo de la mermelada de Santos


Corría 2016. No se estaba eligiendo, pero el presidente Juan Manuel Santos parecía político en campaña. Repartiendo abrazos, llegó al pueblo de Sahagún, en Córdoba, para inaugurar un estadio de fútbol, un coliseo de boxeo y un mercado público, construidos gracias a una multimillonaria asignación presupuestal que su gobierno aprobó por gestión del senador Bernardo Ñoño Elías, cacique del municipio y escudero de presidencia. No era claro que las obras fueran prioridad en un pueblo que aún no tenía completo su acueducto, pero estaba por realizarse el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz con las FARC y Santos necesitaba los votos de las maquinarias. “Es legítimo que un congresista busque inversión para su región” y “el amor en la política se expresa con presupuesto”, dijo ese día el mandatario.

Ocho años después, el presidente de turno, Gustavo Petro, salió a destacar que no es un crimen que los congresistas puedan “defender el interés de sus regiones ante el Gobierno”, y que la gente vota por ellos, precisamente, por su capacidad de llevar proyectos a sus pueblos. Lo hizo en un trino y en un discurso público en respuesta al más reciente escándalo de su administración, en el que se han develado chats de supuestas gestiones del ministro de Hacienda para direccionar contratos a cambio de los votos de unos congresistas de la Comisión de Crédito Público.

Más allá de lo que se determine como verdad judicial, políticamente se ratifica que, incapaz de concretar unas formas distintas, el Gobierno del “cambio” se resignó a usar la tradicional estrategia transaccional frente a la clase política que manda en el Congreso. Parte de lo que se evidencia en los chats revelados por los colegas de Noticias Caracol es el modus operandi de la llamada “mermelada”, entendida como la inversión regional entregada informalmente a un congresista como un peaje que paga el Ejecutivo a cambio de algún apoyo.

Aunque en muchos gobiernos se había visto, el rey de la mermelada hasta ahora ha sido Santos. En su administración, el Ejecutivo pasó de negociar burocracia con los partidos a hacerlo con congresistas individualmente. Fue así que nacieron fenómenos electorales como el del Ñoño, que, como es sabido, de anfitrión del presidente mutó a condenado por corrupción. Gracias a varias investigaciones periodísticas -siempre el periodismo-, se sabe que la táctica es aplicada casi siempre para hacer aprobar temas tributarios, por lo que normalmente involucra al ministro de Hacienda y a legisladores de las comisiones económicas. También, que se hace con plata de fondos de distintas entidades, y que en ella suelen jugar un papel clave los alcaldes aliados de los congresistas beneficiados, quienes deben presentar proyectos viables al ente del que vaya a salir la inversión para que los recursos puedan “bajar” hasta sus respectivas regiones. Una vez eso ocurre, el alcalde en cuestión suele ejecutar el proyecto con algún contratista amigo que paga una coima al congresista que hizo la vuelta.

Por supuesto, no toda la mermelada funciona con este manual exacto y no todas las gestiones de inversión regional hacen parte de un entramado de corrupción, pero la práctica ha sido común y está probada. Sobre todo, es tan compleja que en unas de sus versiones se usó para consolidar una aplanadora legislativa que impulsó la firma de la paz con la guerrilla de las FARC, durante la era de Santos.

En el caso de Petro, los contratos mencionados en los chats no alcanzaron a ser firmados, al parecer, porque antes estalló el escándalo. Lo que sí queda claro es que ni sería la primera vez que algo así se hace ni se trata del peor hecho de corrupción de la historia de Colombia, como están diciendo algunos.

Más bien, es una de las tragedias de nuestro sistema político. No lo hace menos grave, pero sí más preciso.