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Tierras por votos en Córdoba

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Laura Ardila Arrieta
26 de octubre de 2025 - 05:07 a. m.
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Buenavista, en el sur de Córdoba, es el microcosmos que hoy condensa al tiempo la historia de horror del despojo de tierras en Colombia, la esperanza de la reforma agraria y el riesgo de politiquería y perpetuación del saqueo.

En octubre de 2024, el Gobierno declaró a ese municipio de la subregión del San Jorge como el primer distrito de la reforma agraria en Colombia y anunció que había hecho allí la entrega masiva de tierras más grande de la historia del país: 8.430 hectáreas de terrenos que antes pertenecieron a señores de la guerra fueron entregadas a 19 asociaciones campesinas para beneficiar provisionalmente a 405 familias.

Juan Felipe Harman, el exalcalde de Villavicencio que dirige la Agencia Nacional de Tierras (ANT), informó que incluso se está recuperando tierra de las manos de politiqueros que se la han quitado a víctimas y campesinos, y en mayo pasado denunció con nombre propio a algunos congresistas que estarían vinculados con acaparamiento de baldíos. Entre ellos, Harman mencionó a la representante de Córdoba por el Partido de La U, Ana Paola García Soto, a quien señaló de tener familiares presuntamente vinculados a ese delito, ahí mismo en Buenavista.

Hoy, en la consulta de la coalición gobiernista del Pacto Histórico, se medirá para ser representante a la Cámara por Córdoba el excontratista de la ANT al que Harman designó como una de las caras de la entrega de tierras en el departamento. El aspirante renunció a su puesto el mes pasado y, a los pocos días, empezó campaña convocando reuniones con las asociaciones favorecidas para pedirles el voto, a lo que casi todas accedieron. Pero además, en Buenavista lo respaldan integrantes del grupo de la congresista García Soto, cuyo esposo es un poderoso político local llamado Félix Gutiérrez, quien fue mencionado por exmiembros del Clan del Golfo como supuesto colaborador de esa organización narcoparamilitar.

Su nombre es Miguel Leonardo Martín Peña, un líder social monteriano, graduado de ingeniería mecánica y con maestría en comunicación, que en 2023 entró a la ANT para hacer labores en el área de prensa. Tras la llegada de Harman a la dirección, al año siguiente, asumió tareas más operativas. Por decisión expresa del nuevo director, estuvo a cargo de organizar los comités municipales de reforma agraria, unos cuerpos colegiados con participación campesina fundamentales porque son los que hacen la selección de los beneficiarios de la entrega de tierras. El rostro de Martín Peña aparece en reportajes de prensa y televisión que han registrado gestiones clave y populares de la ANT en Córdoba, como la entrega de más de nueve mil millones de pesos para proyectos productivos en Buenavista.

Tierras por votos en Córdoba
Foto: Agencia Nacional de Tierras

Justamente ahí, con los favorecidos buenavisteros, fue que Martín Peña decidió, hace unas semanas y apenas días después de haber terminado su contrato con la ANT, hacer el lanzamiento oficial de su candidatura a la Cámara. Un evento al que cientos de campesinos fueron invitados a llevar los productos cosechados en los terrenos que, como contratista, él ayudó a entregarles. El aspirante estuvo acompañado por su fórmula al Senado: Patricia Caicedo, hermana del ex gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, y otra ex contratista de los tiempos de Felipe Harman en la ANT que hace campaña al Congreso después de haber sido la cara de la reforma agraria desde el Estado.

El exalcalde Harman convirtió la ANT en un fortín clientelista, como lo han detallado medios como El Colombiano y La Silla Vacía. Para esta columna, encontré que, ahí en Córdoba, esa entidad ha entregado contratos también a personas vinculadas a Nicolás Petro, el cuestionado hijo del presidente. Entre esos contratistas están Javier Mauricio Padilla Vergara (cercano amigo de Nicolás) y la ex directora territorial de Restitución de Tierras, Dina Luz Montalvo, quien fue pareja de un excandidato a la Alcaldía de Ciénaga de Oro que en 2023 iba apoyado por Petro hijo.

Días antes de su lanzamiento electoral, Miguel Martín había publicado en redes un video desde el predio Las Aguaditas (589 hectáreas de tierras de la reforma agraria entregadas también en Buenavista), en el que dejó claro el talante de su proyecto: “Recogiendo un poco del arroz de la gestión que hemos hecho por acá en estos predios”. Mientras, un campesino le contesta: “Bueno, Migue, gracias por estar hoy aquí pendiente de nosotros, aquí están los resultados de aquel 3 de octubre, nos entregaste la finca Las Aguaditas”.

El señor Eduardo Pernett, miembro de una de las asociaciones beneficiadas en ese municipio, me dijo: “Aquí todos vamos con el 02 (el número de Miguel Martín hoy en la consulta) a la Cámara”. Un líder electoral, también buenavistero, que hace parte de la estructura de la congresista Ana Paola García, me detalló por su lado: “En mi grupo también vamos a apoyar a Miguel aquí en el municipio. Varias asociaciones nos pidieron el favor de apoyarlo, pero además uno recibe directrices de ciertas personas aquí localmente”.

Consultado, el aspirante me confirmó ambas informaciones, aunque aseguró que no ha ejercido ningún tipo de coerción sobre los campesinos, sino que tanto él como Patricia Caicedo han conformado un equipo que considera que la gestión hecha desde el Estado y años de liderazgo social les da la oportunidad de adelantar un trabajo político en lo electoral. “Es que yo lideré de alguna manera la organización de las asociaciones que iban a entrar a las ocho mil y pico de hectáreas”, expresó.

Esta situación me recordó a cuando, hace unos años ya, viajaba al también cordobés pueblo de Sahagún a cubrir elecciones, y ahí podía ver las vallas puestas por el grupo del Ñoño Elías, símbolo de la política tradicional, dándole las gracias al dirigente por haber gestionado la pavimentación de calles con recursos públicos.

Sobre el respaldo de integrantes de la maquinaria de la congresista de La U, señalada por el propio Gobierno de tener algún tipo de relación con acaparamiento de baldíos (un asunto que la representante ha negado), el excontratista Miguel Martín añadió: “He visto que algunos miembros de ese grupo están promocionando mi campaña, no sé si ingenuamente, pero puedo pensar que se trata de personas que apoyan la reforma agraria”.

Laura Ardila Arrieta

Por Laura Ardila Arrieta

Periodista Caribe con un gusto especial por la crónica y los reportajes sobre el poder. Autora del libro ‘La Costa Nostra’, historia no autorizada del clan Char. Ha ganado cinco premios nacionales de periodismo, incluyendo el Simón Bolívar en la categoría Periodista del año en dos ocasiones.
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Tercio(53826)27 de octubre de 2025 - 09:08 a. m.
Gente pobre votando por sus verdugos...
Álamo(88990)27 de octubre de 2025 - 02:44 a. m.
¡Muy necesaria su voz!
H. Callejas(4167)26 de octubre de 2025 - 11:58 p. m.
El clan del golfo + clan char + clan Nicolasito, todos la misma porqueria
Iliana(21165)26 de octubre de 2025 - 07:56 p. m.
Una posición clara, Laura. No pueden usar a la gente, la beneficiaria de proyectos del gobierno. Y luego pedirle a ellos que lo soporten con su voto. Una cosa es el trabajo con el gobierno y otra es dejar que el campesino que ya lo conoce por su labor, vote libremente. Debemos ser correctos y seguro saldran electos, pero sin coersión.
Mario Giraldo(196)26 de octubre de 2025 - 05:57 p. m.
La función de un dirigente politico ES gestionar recursos públicos para invertir en su region. Demuestra buena gestion que las calles estén pavimentadas. La gente esta en libertad de seguir apoyando a ese candidato, o no.
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