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22 Jan 2022 - 5:00 a. m.

Desafíos de la educación superior pública en Colombia para el 2022

Ad portas de cumplir 2 años en pandemia, las instituciones educativas del nivel superior han enfrentado el gran desafío de sostener la oferta de una educación de calidad, ofrecida con la mediación de tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, han tenido que mitigar la posible deserción estudiantil, para lo que han desplegado múltiples estrategias de bienestar universitario, apoyos y articulación para la matrícula cero y diferentes expresiones de solidaridad para que los estudiantes continúen en sus procesos formativos a pesar de la adversidad. Además, se han realizado importantes inversiones para que la educación tenga lugar de manera remota, en términos de plataformas educativas, mejoramiento de infraestructuras tecnológicas y procesos de formación para docentes. Esto debe quedar como un aprendizaje de la pandemia para continuar fortaleciendo estas mediaciones, sin desconocer que la educación es un proceso formativo que se debe realizar de manera presencial permanente.

En este escenario, para el 2022 se intensifica el retorno a la presencialidad de todas las instituciones educativas, teniendo en cuenta que desde el 2021 ya se ha venido avanzando en un retorno gradual, progresivo y seguro en varias universidades, sobre todo en procesos académicos de carácter práctico.

Para este año, el desafío inicial es poder enfrentar la presencialidad en el desarrollo de las tareas misionales, en pleno pico de contagios por COVID-19 y con un porcentaje de vacunación del 59,2 % a nivel nacional, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud. Si bien el porcentaje varía según el municipio o la ciudad, y la expectativa es que en este momento el proceso de vacunación estuviera más adelantado, la presencialidad constituye en sí misma una forma de responder a las necesidades de los jóvenes en medio de la crisis sanitaria y social que hemos vivido, que ha aumentado las dificultades de orden emocional, afectivo, social y académico.

Sin duda, es desafiante pero necesario mantener abiertas las universidades con presencialidad y disminuir el número de contagios, propiciando el cuidado de la vida y de la salud de toda la comunidad. Esto es algo que requerirá ingentes esfuerzos de todos los estamentos.

Otro desafío esencial es poder solucionar de una vez y por toda la crisis histórica de desfinanciación de la educación superior pública en el país. Frente al tema de la política de Matrícula Cero, llamada por el gobierno nacional “política de gratuidad”, insistimos en que esto corresponde a una ayuda importantes para las familias y los estudiantes, pero no financia los costos operacionales de los mismos en las instituciones en términos de aportes a las bases presupuestales, motivo por el cual se presentará una nueva crisis a finales de este año, o en el 2023, si no se logra la reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 que se ha propuesto desde el Sistema Universitario Estatal.

En suma, enfrentar los procesos de aseguramiento de la calidad con el impacto de la pandemia, sin duda alguna, implicará esfuerzos importantes de las instituciones para dar cuenta de la recuperación en cuanto a indicadores de movilidad internacional de estudiantes, ejecución de proyectos de investigación, elementos asociados a índices de bienestar y, además, las nuevas exigencias estipuladas en el sistema de aseguramiento de la calidad que han sido ampliamente discutidas y cuestionadas en lo concerniente a resultados de aprendizaje y los estudios de impacto para renovar los registros calificados y la acreditación de programas, lo cual será algo que tendrá que ser discutido en la agenda académica nacional.

Finalmente, la universidad pública sigue enfrentando complejas discusiones que pueden colocar en riesgo su viabilidad y sostenibilidad financiera. Recientemente surgió una iniciativa relacionada con la autorización del manejo presupuestal para estas instituciones, la cual se llevaría a cabo por parte del Congreso de la República; lo cual resulta polémico porque el órgano legislador no ataca el problema esencial de la financiación, que es legislar para poder generar una política pública que fortalezca financieramente las instituciones, sino que controla la distribución de recursos como lo viene haciendo el Ministerio Educación Nacional, y podría dificultar o burocratizar el flujo de recursos a las instituciones. Estás medidas, y otras, siguen siendo un desafío esencial para que las universidades puedan sostener su lugar por excelencia en la formación y producción de conocimiento. Sin el apoyo del Estado esta tarea puede debilitarse.

Rector - Universidad Pedagógica Nacional

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