El nuevo gobierno tendrá que atender controversias sobre el Decreto 1330

Ad portas de cumplir 3 años de la expedición del Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional y su reglamentación con la Resolución 21795 de 2020, en el país continúa la discusión académica frente a las implicaciones que tiene esta normatividad en los procesos de renovación de registro calificado y reacreditación de los programas, a propósito de las cuales se han realizado diferentes comunicaciones por parte del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) al Ministerio de Educación Nacional y al Consejo Nacional de Acreditación. A pesar de los argumentos planteados sobre este polémico tema, continúan muchas preguntas sin resolver y, sin duda, será un tema que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno para configurar el sistema de aseguramiento de la calidad que el país requiere.

Recientemente, se llevó a cabo el coloquio Evaluación por Resultados de Aprendizaje (ERA). Concepción pedagógica y autonomía Universitaria, que tuvo lugar el 3 de mayo del 2022, organizado por el SUE y liderado por la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica Nacional. En este evento se profundizó sobre las preocupaciones existentes a propósito de la normatividad tanto en instituciones públicas como privadas en relación con los impactos de la nueva reglamentación, haciendo énfasis en que la disposición vigente es clara al señalar prácticamente la obligatoriedad de la incorporación de la concepción curricular de ERA en todos los programas académicos y dejando a un lado la concepción de diversidad curricular que caracterizó el espíritu de la Ley 30 de 1992 que organiza la educación superior, la cual reafirmó la autonomía universitaria no solamente desde el punto de vista de la organización administrativa, sino también desde el punto de vista de la libertad de investigación y de cátedra.

En el coloquio se insistió en que se trata de un giro estructural de la visión que ha venido orientando los procesos de calidad en el país, que se ha basado en la tesis de la voluntariedad y la autorregulación como un ejercicio esencial de las comunidades académicas para dar paso a la predominancia de la concepción de vigilancia y control por parte del gobierno sin guardar un equilibro adecuado.

Uno de los nuevos elementos traídos a discusión en el coloquio se refiere a la génesis de la ERA orientada más hacia la creación de programas de ingeniería y tecnología en el contexto internacional que hacia programas de educación, humanidades, ciencias sociales, ciencias básicas y artes, en tanto su construcción implica criterios de desempeño, medición, recolección e interpretación de evidencias, lo que constituye una racionalidad diferente a la empleada en la educación, ciencias sociales y humanas en donde se han construido concepciones más heurísticas, complejas y críticas, las cuales estarían siendo restringidas y limitadas en esa idea de estandarización.

Se continúa afirmando que no es posible estandarizar la diversidad académica que existe en los diferentes programas académicos de las universidades, ni implementar medidas apresuradas que aún dentro de su propia lógica técnica, no cuentan con una plataforma tecnológica robusta que permita su viabilidad como se ha venido presentando con la plataforma SACES, la cual no logra entrar aún en plena operación.

Dando continuidad a estas reflexiones académicas en el marco del primer encuentro de asesores jurídicos y jefes de oficinas jurídicas del SUE que fue llevado a cabo en la Universidad Industrial de Santander (UIS) el pasado viernes 20 de mayo de 2022, nuevamente se contó con la oportunidad de presentar las conclusiones y avances de la mesa de vicerrectores académicos del SUE sobre esta temática y, en particular, los desarrollos del coloquio.

En el marco de la mesa jurídica se analizaron las dificultades que se han venido presentando en la premura de implementar la norma con enfoque en evidencias y proyecciones a 7 años por ERA que sobrecarga y desconoce la autonomía, las trayectorias y dinámicas de las instituciones; igualmente, desde el punto de vista técnico, las dificultades que hay con el cambio de la nueva plataforma SACES y los trámites engorrosos en los radicados de los procesos de registro calificado con deficientes soportes técnicos y tiempos de respuesta prolongados; así mismo, lo complicada que puede ser la carga con un año de antelación al vencimiento del registro calificado; y, a pesar de esto, el Ministerio de Educación tiene dificultades en notificar las resoluciones a tiempo, evidenciando demora en gestiones administrativas.

El nuevo periodo en el que nos encontramos después de la “transición”, ha evidenciado demoras para los programas con el fin de construir evidencias que impiden el desarrollo de estos aspectos. En la mesa jurídica se analizó de fondo y se acordó trabajar una fundamentación amplia y coherente sobre la autonomía universitaria a la luz de la jurisprudencia existente para establecer de forma rigurosa si efectivamente existe la violación a la autonomía universitaria.

Igualmente, se va a realizar un acompañamiento jurídico desde la mesa a las universidades que han venido planteando algún tipo de dificultad; inclusive se va a considerar la posibilidad de presentar en el Consejo de rectores del SUE posibles acciones legales frente a esta normatividad.

Sin duda alguna, esta nueva concepción y política de evaluación será uno de los temas que tendrá que tratar el nuevo gobierno con un panorama bastante controvertido tanto en las universidades públicas como privadas. Revisando las propuestas de los candidatos a la presidencia, no se observan mayores desarrollos frente a la temática y, por lo tanto, será uno de los asuntos que tendrá que afrontar la nueva cartera del Ministerio de Educación Nacional de manera prioritaria.

Rector, Universidad Pedagógica Nacional