Gobierno Duque, sin propuesta clara para enfrentar el cambio climático

Del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 se está realizando la conferencia de la Organización de Naciones Unidas ONU sobre el cambio climático. Este evento desarrollado anualmente, cuyo último encuentro se llevó a cabo en el 2019 a causa de la emergencia sanitaria por la Covid-19, retoma su importante actividad con la participación de países líderes mundiales que toman decisiones relacionadas con la creación de políticas públicas que enfrenten el desafío de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, frenar la deforestación indiscriminada y todas aquellas actividades humanas que, de una u otra forma, gracias al desarrollo económico e industrial de los últimos 100 años, han impactado las dinámicas planetarias y contribuido significativamente en el aumento de la temperatura de la Tierra.

Como fue escrito en una columna anterior, el panel internacional de expertos sobre cambio climático ha presentado evidencias contundentes sobre el aumento de la temperatura en la Madre Tierra debido a las actividades de una sociedad y economía altamente dependientes de combustibles fósiles y prácticas hiperconsumistas que han llevado al límite la explotación de la naturaleza.

En varios medios de comunicación se han registrado anécdotas sobre la participación del primer mandatario de Colombia, Iván Duque, en esta convención internacional. Sobre todo, resaltan que el presidente Joe Biden se ha rehusado a recibir al mandatario en varias oportunidades, ya que el gobierno de Duque realizó apoyos importantes al expresidente Trump. Esto generó tensiones entre el mandatario colombiano y el nuevo mandatario estadounidense.

Más allá de las anécdotas presentadas por los medios de comunicación, es importante preguntarnos, ¿cuál ha sido la agenda política en materia ambiental que ha promovido el gobierno Duque para enfrentar los desafíos del cambio climático?

Para iniciar podemos señalar que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, basado en la fórmula de legalidad más emprendimiento igual a equidad, comprendió algunas tímidas líneas de acción para enfrentar el tema del cambio climático.

Dentro de los objetivos propuestos en ese plan, se hace alusión a implementar estrategias e instrumentos económicos para que los sectores productivos sean más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales. Propone frenar la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y de la generación de otras oportunidades económicas sostenibles a nivel local; promueve también el conocimiento de la comunidad sobre los tipos de desastres y el cambio climático. Contempla, además, fortalecer las instituciones ambientales de investigación y gestión pública al tiempo que se propicia el diálogo y la educación ambiental en los territorios.

El problema de esos objetivos es que muchos de ellos al día de hoy han avanzado poco y, lo más grave del asunto, se basan en un modelo que sostiene la lógica actual de consumo para generar desarrollo y crecimiento económico, impactando el ambiente en términos de la calidad del aire, agua y suelo. Esto, en pocas palabras, es lo que pretende el modelo desarrollo sostenible centrado en mantener la economía indiscriminada del mercado. Este ha sido seriamente cuestionado por varios autores de notable importancia como Enrique Leff, Julio Carrizosa, Arturo Escobar, entre otros, que han hecho alusión a la necesidad de abandonar este modelo basado en la vieja fórmula que cree que es posible continuar con los mismos patrones de consumo y de producción mitigando los impactos ambientales.

Existen evidencias de que el crecimiento económico de la sociedad de mercado tiene un límite y esto exige reconfigurarlo hacia un modelo basado en la sustentabilidad, el cual genere nuevas prácticas sociales y culturales de relacionamiento con la naturaleza, nuevos modelos económicos que tengan como base la solidaridad, los saberes y las prácticas de las comunidades y sus territorios.

Además de tener dificultades de base teórica, en cuanto a lo que la crisis del cambio climático requiere, los resultados a nivel nacional de la apuesta del gobierno Duque son poco alentadores Un ejemplo claro es el poco impulso y prioridad que se le ha dado a la firma del Acuerdo de Escazú por parte del Estado colombiano. De igual modo, la escalada en las cifras de deforestación y la poca información pública disponible que hay al respecto, llegando en 2020 a un total de 171.685 hectáreas deforestadas conforme a datos del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Las conclusiones de un trabajo de investigación desarrollado por el doctor Eduardo Vargas Aranda, en el cual realizó un análisis de las políticas públicas ambientales en Colombia durante los primeros años del gobierno Duque, corroboran la falta de estrategias, líneas de acción y políticas que sean efectivas y que representen el aporte del gobierno actual en temas ambientales.

En las conclusiones de este estudio se señala que el protagonismo del gobierno Duque para generar políticas encaminadas a la protección del ambiente es mínimo, dejando una sensación de incertidumbre a las futuras generaciones en relación con los graves conflictos ambientales que enfrenta el país como la explotación ilegal de minería; la destrucción de la biodiversidad; el deterioro de ecosistemas productores de agua como los páramos; y el uso indebido de suelos en ecosistemas de gran importancia ambiental, entre otros. No hay avances importantes en el desarrollo de grandes apuestas tecnológicas para fomentar el desarrollo de verdaderas herramientas que posibiliten la vigilancia, el control y la justicia en términos de graves delitos ambientales.

En Colombia existen múltiples diagnósticos sobre los focos más vulnerables en materia de cuestiones ambientales, donde se atenta de manera sistemática contra la naturaleza y por ende también se ven afectadas las comunidades y los derechos humanos. No hay estrategias contundentes para incentivar las denuncias, cuidado y preservación de la naturaleza a través de prácticas sustentables.

Algunas de las recomendaciones que señala el estudio tienen que ver con la implementación de procesos de integración en el plano cultural y educativo encaminados a la protección de la naturaleza. Esto implica empoderar a las comunidades en sus territorios y garantizar las herramientas para que el Estado efectivamente proteja sus derechos y los derechos a un ambiente sano. Fomentar prácticas de producción que sean sustentables como la agricultura orgánica; la comercialización con cooperativas solidarias de productos en las regiones; ofrecer alternativas concretas para avanzar en relación con las prácticas ilegales asociadas al tráfico de flora y fauna; y los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y todo tipo de delitos que absorben a las comunidades a través de la violencia y no posibilitan su reconocimiento y bienestar.

Además de generar un desarrollo tecnológico para monitorear los diferentes conflictos socioambientales y todos los impactos que se generan a nivel nacional que contribuyen al cambio climático y al calentamiento global, es necesario implementar estrategias de mitigación, reparación, restauración y solución a estos problemas.

Teniendo en cuenta que las comunidades han reclamado acciones más efectivas para cuidar sus territorios y su naturaleza, manteniendo la prohibición de las fumigaciones con glifosato en aspersión aérea y/o el cuestionamiento de grandes proyectos de minería o de privatización de fuentes hídricas, el gobierno de Duque parece no escuchar las voces de todos los colombianos. En ese sentido las palabras del niño ambientalista Francisco Vera en la COP 26 son esenciales para hacerle un llamado al gobierno nacional en términos de reorientar lo que quede de su mandato a responder a la crisis del cambio climático: “Me he encontrado con varios presidentes del mundo, pero quisiera hablar tan solo con el mío para que escuche a los jóvenes”.

Leonardo Fabio Martínez

Rector

Universidad Pedagógica Nacional