Histórico logro del movimiento universitario: ¡que vivan los estudiantes!
A diferencia de otros momentos históricos, en los cuales la movilización de los estudiantes interrumpía la cotidianidad social con reivindicaciones justas, pero un poco aisladas de los demás sectores sociales, en estos últimos dos meses hemos apreciado una gran convergencia ciudadana por la defensa de la educación superior pública como derecho de todos los colombianos. Se trató de una importante coincidencia ciudadana, en la que distintos actores universitarios como estudiantes, profesores, trabajadores, rectores y otros funcionarios públicos conquistaron el apoyo y el corazón de gran parte de la sociedad colombiana para buscar la financiación digna de las 32 universidades públicas para continuar ofreciendo una educación de calidad.
Esta gran convergencia ciudadana fue constituyendo el movimiento universitario que sin duda configura el hecho más importante de la vida política del 2018 y que pasará a la historia por defender justamente un bien de la humanidad representado en la educación como posibilidad de acceso a la ciencia y a la cultura, así como motor de importantes transformaciones sociales.
El movimiento fue concretándose con iniciativas de los distintos actores que en un comienzo no tenían mayores conexiones. Por un lado, estaban los protagonistas de todo este proceso, los estudiantes, que en tres espacios organizativos construían una agenda de movilización separada. En un escenario estaban los estudiantes que asistieron al gran Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios realizado en septiembre en la Universidad de la Amazonía; por otro lado, los representantes estudiantiles de los Consejos Superiores construían otra agenda en la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y en la Federación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Fenares). Por su parte, los representantes de los profesores universitarios habían iniciado desde julio una importante discusión pública sobre las implicaciones negativas de la reforma tributaria del 2016, que implicó en la práctica una significativa disminución salarial de los profesores en cuanto tuvieron que utilizar sus ingresos para pagar exorbitantes declaraciones de renta que aumentaron entre un 100 y 800%. Otros actores esenciales del movimiento fueron los rectores de las 32 universidades que, a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), pusieron de presente ante toda la sociedad la crisis estructural de financiamiento que se venía acumulando en los últimos años y que registraba $15 billones faltantes para inversión y $3,2 billones para funcionamiento.
La convergencia de todos estos actores se conjugó en la gran movilización del 10 de octubre que llenó de alegría, de esperanza y de dignidad la calles y plazas de las principales ciudades del país, logrando llamar la atención del Congreso de la República y del Gobierno Nacional sobre la asignación urgente de recursos de funcionamiento e inversión para sostener los procesos de docencia, investigación y proyección social de todas las universidades públicas del país. Esta movilización pacífica y multitudinaria, que recibió el apoyo de indígenas, trabajadores y de amplios sectores sociales, desencadenó el paro estudiantil que inició el 11 de octubre y que se extendió por más de 60 días.
Producto de toda la movilización social, los rectores establecieron un acuerdo con el presidente de la República el 26 de octubre que implicó recursos directos a la base presupuestal de las universidades públicas por tres y cuatro puntos por encima del IPC, hecho que no se registraba desde la promulgación de la Ley 30 de 1992. Si bien es cierto que el acuerdo no fue bien recibido por los estudiantes por no estar presentes en su materialización, constituyó parte esencial del acuerdo que lograron posteriormente los estudiantes y profesores con el mismo presidente de la República el pasado 14 de diciembre.
Concretado el acuerdo entre estudiantes, profesores y el Gobierno Nacional, se cierra así un primer ciclo de la lucha social que marcó la historia en el 2018 y que llevará $4,5 billones para funcionamiento e inversión de las universidades públicas. Ahora es importante que la unidad de los distintos actores universitarios se restituya para retomar las clases en enero del 2019 y se logre terminar el segundo semestre del 2018. Además, es importante concretar los mecanismos idóneos para la distribución de recursos entre las universidades que se fundamente en la equidad para la disminución de brechas, pero que fortalezca la calidad académica del Sistema Universitario Estatal que hoy cuenta con 17 universidades acreditadas.
Si bien es cierto que los recursos alcanzados mediante el acuerdo son fundamentales porque empiezan a cubrir una desfinanciación histórica, solo alcanzan para sostener el funcionamiento de las universidades en las condiciones actuales en las que operan, aunque servirán bastante para fomentar la calidad reflejada en el fortalecimiento de la investigación, el bienestar universitario, la cualificación docente y el mejoramiento de la infraestructura, entre otros aspectos. No obstante, queda pendiente la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para garantizar a mediano plazo los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera de las universidades, así como la expedición de la política de Estado que priorice la educación como un derecho en lugar de un servicio y constituya un modelo de financiación basado en la oferta y no en la demanda.
Son importantes logros, pero aún falta mucho por hacer. Ahora bien, lo cierto es que los estudiantes se ganaron un importante reconocimiento. Por ello, tal como diría Violeta Parra: ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría…!
P.S. Esta columna reaparecerá el 18 de enero de 2019. Feliz Navidad en paz para todos y un 2019 colmado de éxitos.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
A diferencia de otros momentos históricos, en los cuales la movilización de los estudiantes interrumpía la cotidianidad social con reivindicaciones justas, pero un poco aisladas de los demás sectores sociales, en estos últimos dos meses hemos apreciado una gran convergencia ciudadana por la defensa de la educación superior pública como derecho de todos los colombianos. Se trató de una importante coincidencia ciudadana, en la que distintos actores universitarios como estudiantes, profesores, trabajadores, rectores y otros funcionarios públicos conquistaron el apoyo y el corazón de gran parte de la sociedad colombiana para buscar la financiación digna de las 32 universidades públicas para continuar ofreciendo una educación de calidad.
Esta gran convergencia ciudadana fue constituyendo el movimiento universitario que sin duda configura el hecho más importante de la vida política del 2018 y que pasará a la historia por defender justamente un bien de la humanidad representado en la educación como posibilidad de acceso a la ciencia y a la cultura, así como motor de importantes transformaciones sociales.
El movimiento fue concretándose con iniciativas de los distintos actores que en un comienzo no tenían mayores conexiones. Por un lado, estaban los protagonistas de todo este proceso, los estudiantes, que en tres espacios organizativos construían una agenda de movilización separada. En un escenario estaban los estudiantes que asistieron al gran Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios realizado en septiembre en la Universidad de la Amazonía; por otro lado, los representantes estudiantiles de los Consejos Superiores construían otra agenda en la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y en la Federación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Fenares). Por su parte, los representantes de los profesores universitarios habían iniciado desde julio una importante discusión pública sobre las implicaciones negativas de la reforma tributaria del 2016, que implicó en la práctica una significativa disminución salarial de los profesores en cuanto tuvieron que utilizar sus ingresos para pagar exorbitantes declaraciones de renta que aumentaron entre un 100 y 800%. Otros actores esenciales del movimiento fueron los rectores de las 32 universidades que, a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), pusieron de presente ante toda la sociedad la crisis estructural de financiamiento que se venía acumulando en los últimos años y que registraba $15 billones faltantes para inversión y $3,2 billones para funcionamiento.
La convergencia de todos estos actores se conjugó en la gran movilización del 10 de octubre que llenó de alegría, de esperanza y de dignidad la calles y plazas de las principales ciudades del país, logrando llamar la atención del Congreso de la República y del Gobierno Nacional sobre la asignación urgente de recursos de funcionamiento e inversión para sostener los procesos de docencia, investigación y proyección social de todas las universidades públicas del país. Esta movilización pacífica y multitudinaria, que recibió el apoyo de indígenas, trabajadores y de amplios sectores sociales, desencadenó el paro estudiantil que inició el 11 de octubre y que se extendió por más de 60 días.
Producto de toda la movilización social, los rectores establecieron un acuerdo con el presidente de la República el 26 de octubre que implicó recursos directos a la base presupuestal de las universidades públicas por tres y cuatro puntos por encima del IPC, hecho que no se registraba desde la promulgación de la Ley 30 de 1992. Si bien es cierto que el acuerdo no fue bien recibido por los estudiantes por no estar presentes en su materialización, constituyó parte esencial del acuerdo que lograron posteriormente los estudiantes y profesores con el mismo presidente de la República el pasado 14 de diciembre.
Concretado el acuerdo entre estudiantes, profesores y el Gobierno Nacional, se cierra así un primer ciclo de la lucha social que marcó la historia en el 2018 y que llevará $4,5 billones para funcionamiento e inversión de las universidades públicas. Ahora es importante que la unidad de los distintos actores universitarios se restituya para retomar las clases en enero del 2019 y se logre terminar el segundo semestre del 2018. Además, es importante concretar los mecanismos idóneos para la distribución de recursos entre las universidades que se fundamente en la equidad para la disminución de brechas, pero que fortalezca la calidad académica del Sistema Universitario Estatal que hoy cuenta con 17 universidades acreditadas.
Si bien es cierto que los recursos alcanzados mediante el acuerdo son fundamentales porque empiezan a cubrir una desfinanciación histórica, solo alcanzan para sostener el funcionamiento de las universidades en las condiciones actuales en las que operan, aunque servirán bastante para fomentar la calidad reflejada en el fortalecimiento de la investigación, el bienestar universitario, la cualificación docente y el mejoramiento de la infraestructura, entre otros aspectos. No obstante, queda pendiente la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para garantizar a mediano plazo los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera de las universidades, así como la expedición de la política de Estado que priorice la educación como un derecho en lugar de un servicio y constituya un modelo de financiación basado en la oferta y no en la demanda.
Son importantes logros, pero aún falta mucho por hacer. Ahora bien, lo cierto es que los estudiantes se ganaron un importante reconocimiento. Por ello, tal como diría Violeta Parra: ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría…!
P.S. Esta columna reaparecerá el 18 de enero de 2019. Feliz Navidad en paz para todos y un 2019 colmado de éxitos.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.