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En 2024, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 03, que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP). Colombia ha buscado el objetivo de la descentralización como vía para responder a las necesidades de su compleja geografía y su inmensa diversidad social y económica. Sin embargo, esta meta ha sido esquiva ante un proyecto nacional que aún conserva un carácter centralista, homogeneizante y excluyente, y que en lo relacionado a este tema ha desconocido los mandatos y el sentido de lo establecido en la Constitución Política de 1991.
La reforma del SGP es una oportunidad para redefinir la arquitectura institucional, las competencias y la distribución de los recursos entre el Gobierno Nacional y los departamentos y municipios, de tal manera que se reivindique la autonomía territorial, la justicia social y la construcción de nuevas posibilidades de asociatividad.
En dicho contexto, la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública han trabajado de manera conjunta en la realización de los “Diálogos Territoriales: Gobernanza y Ley de Distribución de Competencias”, dentro de un ejercicio académico y participativo en el que se han escuchado las voces de más de 550 personas en diez territorios del país para aportar a la discusión sobre el proceso de descentralización, un escenario que articula a la academia, el conocimiento público local y los distintos saberes territoriales.
La Ley de Distribución de Competencias que reglamentará la reforma al SGP podrá representar un cambio estructural para la educación superior, pues su inclusión dentro del régimen de competencias de los departamentos y municipios supone una redefinición del papel de las universidades públicas y de su relación orgánica con los territorios.
El derecho a la educación superior, en diálogo con los principios del nuevo modelo de descentralización, exige proyectos y programas educativos diferenciados que contemplen la ruralidad, la diversidad étnica y cultural, la protección ambiental y la superación de las desigualdades. Implica garantizar trayectorias educativas completas, pertinentes y con vocación de permanencia en las comunidades.
Lo anterior plantea un reto para las universidades públicas, pues su misión no puede subordinarse a una lógica de cobertura sin calidad, ni a criterios de eficiencia presupuestal alejados de los principios académicos. La educación superior de calidad en los territorios requiere mejorar la infraestructura física y tecnológica, garantizar el bienestar universitario, fortalecer la planta docente y administrativa, y asegurar laboratorios y espacios de práctica, de tal manera que las estrategias académicas y pedagógicas permitan que las y los estudiantes de estos territorios tengan la posibilidad de acceder a la totalidad de la oferta del sistema de educación superior.
Aunque el nuevo SGP hace un llamado a las entidades territoriales para que incluyan dentro de su componente de financiación los primeros dos años de educación superior, es necesario tener presente el riesgo de privilegiar programas técnicos de bajo costo en detrimento de las carreras universitarias, o de fragmentar el sistema de educación superior, hasta comprometer su diversidad, calidad y carácter científico. Asimismo, la autonomía universitaria es un principio constitucional y un pilar del Estado Social de Derecho que debe ser garantizado en el marco de las nuevas competencias y posibilidades que se derivan de la reforma.
En este campo, la Universidad Nacional de Colombia tiene un papel estratégico como institución nacional con presencia territorial. La histórica proyección regional de la UNAL prueba cómo la educación superior puede aportar a la igualdad, el cambio social y el diálogo intercultural. Ahora será fundamental establecer vínculos orgánicos con los municipios PDET y ZOMAC, así como reflexionar sobre las implicaciones que tiene para la Universidad que el nuevo SGP haya organizado a la ciudad de Tumaco como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, y a la ciudad de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El país tiene una oportunidad histórica para profundizar la descentralización con justicia social y autonomía política. La UNAL, desde su carácter público, nacional y autónomo, debe contribuir a garantizar el derecho a la educación superior, aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los departamentos y municipios, y defender el conocimiento como un bien común que pueda disfrutar la nación colombiana, en su heterogeneidad cultural y territorial.
*Rector.
