Cazador cazado

No hay triunfadores ni perdedores eternos. Nadie escapa a la cambiante y caprichosa fortuna. La historia de Proteo, el cazador cazado, que narra Eurípides en Las bacantes, se repite continuamente. Hoy tenemos un ejemplo muy diciente en Colombia.

Por tres largos años, entre 2016 y 2019, un personaje que atravesó varias veces la puerta giratoria de la política colombiana durante dos décadas antes de llegar al cargo de fiscal general de la Nación confirmó el vergonzoso patrón de nuestra justicia por el cual las investigaciones de los peores casos de corrupción no producen mayores consecuencias.

Escándalos que tuvieron un amplio despliegue mediático y conmocionaron a la opinión pública en su momento, como el de Odebrecht, no generaron aquí ni una mínima parte de los efectos políticos y penales que tuvieron en otros países del continente donde tumbaron presidentes, llevaron a algunos de ellos tras las rejas y estremecieron a los gobiernos hasta sus cimientos.

En ese mismo lapso ocurrieron episodios aún más graves que los de la corrupción, como el de las misteriosas muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, en cuya investigación fue notoria la falta de diligencia de la justicia y, en particular, del poderoso organismo fiscalizador que dirigía el aludido personaje.

Pero lo que no pudieron conseguir las víctimas de esos escándalos ni los periodistas que indagaron sobre ellos, denunciaron las irregularidades y exigieron a los responsables de investigarlos acciones eficaces y resultados concretos se podría obtener ahora gracias a un evento inesperado. Cuando ya muchos de esos reclamos parecían haber pasado al olvido, donde menos se esperaba saltó la liebre.

La petición del canciller Álvaro Leyva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reunido en pleno para que el máximo organismo internacional nombre una comisión de alto nivel que examine la actuación de la Fiscalía cuando estaba bajo el mando del ahora exfiscal abre una enorme puerta para que los colombianos conozcamos lo que aquel nunca quiso aclarar.

En la historia colombiana no hay precedentes de una acción de tanto calado como la solicitud del canciller a la ONU, pero sí los hay en otros países. El que está más fresco es el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala nombrada por las Naciones Unidas que trabajó allí entre 2006 y 2019, desde 2013 bajo la dirección de Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia. El trabajo de la Comisión facilitó numerosas detenciones y condenas de altos funcionarios, comenzando por el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, así como altos oficiales de las Fuerzas Militares, políticos y empresarios. El éxito de la Comisión provocó su expulsión por parte del presidente Jimmy Morales cuando algunas de sus investigaciones lo salpicaron. Morales terminó su mandato en 2020.

La petición del Gobierno colombiano a la ONU tiene sustento en la denuncia de obstrucción a la justicia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formuló contra los funcionarios de la Fiscalía que participaron en el entrampamiento del guerrillero Jesús Santrich, con las consecuencias negativas que este dudoso procedimiento tuvo para el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc.

Aunque la diplomacia también es lenta, no lo es tanto como la justicia colombiana. Por esto es posible vislumbrar que la comisión solicitada a la ONU desentrañará las razones de las ineficientes investigaciones de la Fiscalía cuando las examine. No sabemos cuánto tardará en cumplir su tarea de investigar al investigador, pero cuando sea conformada y empiece a trabajar se abrirá una posibilidad cierta de que aquí también haya un cazador cazado.