Defensa ambiental del Gran Caribe

Como suele ocurrir con las decisiones judiciales de mayor calado en el ámbito internacional, América Latina y el mundo empiezan a asimilar con años de retraso la opinión consultiva que emitió en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la defensa del medio ambiente y su conexión con la protección de los derechos humanos.

Como toda opinión consultiva, se trata de un dictamen que interpreta varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, uno de los instrumentos más importantes del sistema jurídico continental. Fue emitida en respuesta a una solicitud de Colombia, que se ha destacado en los últimos años como uno de los principales defensores del medio ambiente, cuya protección está ligada estrechamente a los derechos humanos a la vida, la salud y la integridad individual.

La interpretación de la Corte, de la cual se desprende la obligación de los Estados de la región referida a tomar las medidas necesarias para defender el medio ambiente y de este modo proteger a los seres humanos, es una excelente noticia para los habitantes de los países firmantes del Pacto de San José y, en particular, para los de los Estados pertenecientes al Gran Caribe.

La solicitud de Colombia fue motivada por la preocupación que generó en esa región el anuncio y la iniciación de grandes obras de infraestructura que representan una amenaza para el medio ambiente marino y, en consecuencia, para el hábitat de los pobladores de las costas e islas que se pueden ver afectadas por dichas obras.

La solicitud colombiana advirtió que la región del Gran Caribe está expuesta a una considerable degradación de su entorno marino y humano como consecuencia de las acciones y omisiones de los Estados ribereños en el desarrollo de las grandes obras de infraestructura proyectadas. La solicitud enfatizó que el tema es de particular interés para Colombia debido a que una parte de su población habita el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y depende del entorno marino para su subsistencia y desarrollo.

Al expresar en su opinión consultiva que los Estados parte del Pacto de San José están obligados a respetar el derecho ambiental y, en consecuencia, tomar medidas para evitar daños al medio ambiente o mitigar los que éste sufra, la Corte dio un triunfo a Colombia y refrendó el derecho que tienen los habitantes de San Andrés y Providencia a disfrutar de un medio ambiente sano en el cual puedan desarrollar las actividades de las cuales dependen para su subsistencia, como la pesca. Pero la respuesta de la Corte a la solicitud colombiana fue más allá, al dictaminar que la protección del medio ambiente es una obligación de los Estados que está ligada al deber que tienen de proteger los derechos humanos. Este dictamen, que enriquece la jurisprudencia en materia de derechos, entraña la necesidad de que los Estados que firmaron la Convención Americana procedan en consecuencia.

Como resultado del dictamen de la Corte Interamericana, entre los Estados ribereños del mar Caribe, incluyendo a Colombia, se está generando una verdadera revolución normativa en materia ambiental.

La opinión de la Corte Interamericana representa un gran avance en la lucha por la defensa del medio ambiente y en los empeños por enfrentar los desafíos del cambio climático, dos frentes en los cuales Colombia está desempeñando un papel de primer orden. Esta es una noticia positiva que contrasta con los persistentes mensajes negativos que pululan en las redes sociales y los medios de comunicación y que debería ser destacada por los mismos medios con el énfasis que merece. Ya es hora de que en el país se difundan ampliamente noticias como esta en lugar de los pesimistas vaticinios de los eternos agoreros de desastres.