Historia de dos mandatos
Leopoldo Villar Borda
Como si se hubieran sincronizado, Colombia y Chile están recorriendo un camino electoral muy parecido. El 11 de marzo Gabriel Boric asumirá la Presidencia de Chile, mientras los colombianos nos preparamos para elegir al próximo presidente.
El elegido aquí tendrá por delante el 7 de agosto, como Boric en Chile, el compromiso de solucionar tantos problemas que le costará trabajo escoger el primero. Ambos enfrentarán una crisis social agravada por la pandemia que demanda acciones inmediatas. Además, deberán cumplir un largo catálogo de promesas entre las cuales se destacan las de poner fin a la corrupción, cerrar la brecha de la desigualdad e impulsar la lucha contra el cambio climático. Para esto tendrán que transformar la economía, que en Chile ha dependido de la minería por más de un siglo y en Colombia se apoya peligrosamente en el carbón y el petróleo. Deberán conducir sus sociedades hacia un modelo de producción verde.
Los dos países requieren grandes reformas, como la adopción de un estatuto tributario que aumente los impuestos a los ricos, un nuevo sistema de pensiones que elimine los privilegios y un modelo diferente de salud. Para hacer realidad estos cambios, Boric tendrá que negociar con un Congreso en el que no tiene mayorías. El nuevo presidente colombiano estará a merced de un órgano legislativo que será una colcha de retazos, a juzgar por el desorden de nuestra política. Los dos deberán avanzar a la manera de un equilibrista caminando en una cuerda floja.
Entre las principales decisiones que deberán tomar los mandatarios de los dos países está la de regular la minería y el petróleo. En Chile, después de la nacionalización durante el gobierno de Salvador Allende y la “desnacionalización” decretada por la dictadura de Pinochet, habrá que restablecer un régimen que beneficie al país más que a las grandes corporaciones extranjeras. En Colombia será necesario disminuir gradualmente la dependencia de los hidrocarburos, cada día más indeseable. Lo que cada gobierno haga en estas materias involucrará cuestiones sociales tan importantes como los derechos de las minorías, comenzando por los pueblos indígenas, afectados en ambos países por los abusos de las explotaciones mineras.
El presidente chileno tendrá un aliado fundamental en la Convención Constitucional que va a escribir la nueva Carta Magna del país, pues ambos coinciden en el propósito de definir un nuevo rumbo político, económico y social para Chile. Con el impulso del fuerte movimiento social que explotó en las calles hace dos años y que condujo, entre otras cosas, a su elección, buscará reducir los altos costos ambientales de la minería y ampliar sus beneficios para todos.
Será un cambio muy grande respecto a la Constitución de Pinochet, que abrió incondicionalmente el país a las compañías extranjeras. Está contemplado que la nueva Constitución quede redactada en julio para ser ratificada después en un plebiscito. Si el proceso culmina como lo reclaman las mayorías, Chile no solamente será más igualitario y democrático sino también más ecológico.
En Colombia no será necesario construir un nuevo marco institucional porque ese trabajo lo realizó la Asamblea Constituyente de 1991. Lo que hará falta es que el nuevo gobierno ponga en práctica la Constitución en su integridad, pues muchas de sus normas no han sido desarrolladas o se han convertido en letra muerta, como ha pasado también con gran parte del Acuerdo de Paz con las Farc. Aunque la lista definitiva de candidatos a la Presidencia solo se conocerá el 13 de marzo, entre los que ya parecen seguros no es difícil identificar al más apto para cumplir ese mandato, reclamado en forma multitudinaria en las calles de Colombia, a semejanza de lo ocurrido en Chile.
Como si se hubieran sincronizado, Colombia y Chile están recorriendo un camino electoral muy parecido. El 11 de marzo Gabriel Boric asumirá la Presidencia de Chile, mientras los colombianos nos preparamos para elegir al próximo presidente.
El elegido aquí tendrá por delante el 7 de agosto, como Boric en Chile, el compromiso de solucionar tantos problemas que le costará trabajo escoger el primero. Ambos enfrentarán una crisis social agravada por la pandemia que demanda acciones inmediatas. Además, deberán cumplir un largo catálogo de promesas entre las cuales se destacan las de poner fin a la corrupción, cerrar la brecha de la desigualdad e impulsar la lucha contra el cambio climático. Para esto tendrán que transformar la economía, que en Chile ha dependido de la minería por más de un siglo y en Colombia se apoya peligrosamente en el carbón y el petróleo. Deberán conducir sus sociedades hacia un modelo de producción verde.
Los dos países requieren grandes reformas, como la adopción de un estatuto tributario que aumente los impuestos a los ricos, un nuevo sistema de pensiones que elimine los privilegios y un modelo diferente de salud. Para hacer realidad estos cambios, Boric tendrá que negociar con un Congreso en el que no tiene mayorías. El nuevo presidente colombiano estará a merced de un órgano legislativo que será una colcha de retazos, a juzgar por el desorden de nuestra política. Los dos deberán avanzar a la manera de un equilibrista caminando en una cuerda floja.
Entre las principales decisiones que deberán tomar los mandatarios de los dos países está la de regular la minería y el petróleo. En Chile, después de la nacionalización durante el gobierno de Salvador Allende y la “desnacionalización” decretada por la dictadura de Pinochet, habrá que restablecer un régimen que beneficie al país más que a las grandes corporaciones extranjeras. En Colombia será necesario disminuir gradualmente la dependencia de los hidrocarburos, cada día más indeseable. Lo que cada gobierno haga en estas materias involucrará cuestiones sociales tan importantes como los derechos de las minorías, comenzando por los pueblos indígenas, afectados en ambos países por los abusos de las explotaciones mineras.
El presidente chileno tendrá un aliado fundamental en la Convención Constitucional que va a escribir la nueva Carta Magna del país, pues ambos coinciden en el propósito de definir un nuevo rumbo político, económico y social para Chile. Con el impulso del fuerte movimiento social que explotó en las calles hace dos años y que condujo, entre otras cosas, a su elección, buscará reducir los altos costos ambientales de la minería y ampliar sus beneficios para todos.
Será un cambio muy grande respecto a la Constitución de Pinochet, que abrió incondicionalmente el país a las compañías extranjeras. Está contemplado que la nueva Constitución quede redactada en julio para ser ratificada después en un plebiscito. Si el proceso culmina como lo reclaman las mayorías, Chile no solamente será más igualitario y democrático sino también más ecológico.
En Colombia no será necesario construir un nuevo marco institucional porque ese trabajo lo realizó la Asamblea Constituyente de 1991. Lo que hará falta es que el nuevo gobierno ponga en práctica la Constitución en su integridad, pues muchas de sus normas no han sido desarrolladas o se han convertido en letra muerta, como ha pasado también con gran parte del Acuerdo de Paz con las Farc. Aunque la lista definitiva de candidatos a la Presidencia solo se conocerá el 13 de marzo, entre los que ya parecen seguros no es difícil identificar al más apto para cumplir ese mandato, reclamado en forma multitudinaria en las calles de Colombia, a semejanza de lo ocurrido en Chile.