Las sanciones al Grupo Aval impuestas por la justicia estadounidense por los sobornos que Odebrecht pagó en Colombia para obtener contratos en sociedad con aquel grupo ponen en evidencia una verdad de a puño: es más fácil que la justicia para los colombianos venga de Estados Unidos que de nuestro propio territorio, como debería ser.
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La asimetría entre la superpotencia norteamericana y nuestro débil país funciona en todos los campos, pero se refleja con especial claridad en este caso. La reaparición del fantasma de Odebrecht en el horizonte colombiano en virtud de las decisiones judiciales estadounidense confirma el patrón que ha seguido este escándalo desde cuando el mismo Departamento de Justicia estadounidense lo publicó en 2016. Ese Departamento comprobó que, al menos desde 2001, se entregaron sobornos por US$788 millones a gobiernos, partidos políticos, presidentes y otros altos funcionarios de decenas de países, entre ellos 12 latinoamericanos, para obtener contratos de construcción de grandes proyectos de infraestructura como la Ruta del Sol en Colombia. Si no fuera por esas investigaciones y el destape correspondiente en Estados Unidos, seguramente ni aquí ni en los otros países involucrados en el escándalo nos habríamos enterado del entramado de corrupción cuyos tentáculos se extendieron a varios continentes y con el que la poderosa empresa brasileña batió todas las marcas en materia de trampas para ganar dinero.
Los sistemas de justicia de los países afectados y, en particular, el de Colombia han ido muy a la zaga del estadounidense en la investigación, persecución y castigo de los autores y cómplices de esas prácticas corruptas. Para comenzar, fue en Estados unidos donde Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa corruptora, fue arrestado y llevado ante los tribunales, en un hecho que abrió la caja de Pandora donde iban a aparecer las coimas millonarias con las que Odebrecht ganó los jugosos contratos que le facilitaron políticos y gobiernos a cambio de propinas también jugosas sin que los jueces de sus respectivos países los condenaran. A estas alturas y mientras la justicia estadounidense ha acopiado suficientes pruebas para que un conglomerado como el Grupo Aval no tenga otra opción que admitir su culpa y pagar por ella en dinero, aquí seguimos a oscuras sobre varios capítulos claves del escándalo, como el de las pruebas acumuladas por Jorge Enrique Pizano, que lo convirtieron en un testigo clave del escándalo, y el misterioso episodio de su muerte y la de su hijo Alejandro en 2018.
Según las investigaciones aludidas de la justicia estadounidense, los sobornos de Odebrecht salpicaron en Colombia a dos campañas presidenciales (las de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga), así como a once congresistas y otras 55 personas, entre particulares y funcionarios. Tres de los 68 implicados han sido condenados y en los casos de 38 hay procesos en curso.
Entre tanto, la corrupción sigue haciendo de las suyas en Colombia. Es imposible, por falta de espacio, hacer aquí una lista de los casos que han ocurrido en los años siguientes al destape del de Odebrecht. Todos los días recibimos noticias de un robo escandaloso como el que le hicieron a Ecopetrol, y como ha ocurrido durante tanto tiempo con los episodios de violencia, un escándalo tapa el anterior y cada día se hace más lejana la posibilidad de desentrañar tantos entuertos. Tal vez haya que esperar a que uno de esos estropicios afecte un interés estadounidense para que la justicia del norte tome otra vez la iniciativa de investigar lo que ocurre aquí y nos abra los ojos sobre lo que ninguno de los Sherlock Holmes criollos ha sido capaz de descubrir.
Por Leopoldo Villar Borda
