La mata no mata

La polémica desatada por la decisión del presidente Gustavo Petro de reemplazar la erradicación forzosa del cultivo de coca con su sustitución gradual ha puesto en evidencia la desinformación que existe en Colombia sobre un tema que debería ser bien conocido en el país porque se ventila desde hace más de 50 años.

Cuando el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en 1971, todo el mundo (incluyendo a los países a los que se atribuyó desde el principio la principal responsabilidad en el narcotráfico) tragó entero el raciocinio oficial estadounidense según el cual la juventud de la Unión Americana estaba siendo envenenada por los cultivadores de marihuana y coca, a quienes se estigmatizó desde entonces como criminales. Con ese raciocinio se emprendió la ofensiva armada con la que se pretendió arrasar con los cultivos y, de paso, llevarse por delante a las poblaciones campesinas dedicadas a ellos. En esa ofensiva participaron varios gobiernos colombianos, persuadidos de que se trataba de una cruzada benéfica para la humanidad. Medio siglo después, tras sufrir pérdidas incalculables en términos de vidas humanas, recursos naturales, bienes materiales y dinero nacional y extranjero, se ha llegado a la conclusión indiscutible de que la guerra se perdió.

La certidumbre de que se había tomado un camino equivocado llevó en las últimas décadas a algunos dirigentes, inclusive de Estados Unidos, a plantear formas distintas de enfrentar el problema de las drogas, entre ellas la de cobijarlas bajo alguna forma de legalización. Sin embargo, ningún gobierno o líder político antes de Petro dio un paso tan audaz como el del mandatario colombiano en el Encuentro de Cocaleros del Catatumbo realizado a instancias suyas en El Tarra el 16 de diciembre pasado.

Además de ofrecer una solución práctica y realizable, la idea de la sustitución gradual responde a un enfoque correcto del problema del narcotráfico y de la situación que viven miles de campesinos cuya única alternativa para subsistir es la de cultivar la coca. Con ella se abre una puerta para superar el fracaso de la guerra que tantos daños ha causado y resolver el problema que atormenta desde hace tanto tiempo a gobiernos y sociedades por igual. Como lo manifestó el mandatario al proponerla, no se trata de facilitar los cultivos ilícitos o acomodarse al narcotráfico sino de reconocer la realidad.

A estas alturas cualquier colombiano medianamente informado debería conocer esa realidad. Pero son muy pocos, incluyendo a políticos y economistas, los que están familiarizados con ella. Uno de ellos es el economista caleño Felipe Tascón, a quien Petro nombró como director del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y le asignó la misión de reorientar ese programa con el fin de buscar los resultados que los gobiernos anteriores no pudieron obtener. Tascón está ampliamente capacitado para realizar la tarea por su larga experiencia en los temas relacionados con las drogas ilícitas, la economía campesina y la participación comunitaria.

El norte de esa reorientación será el desarrollo de agroindustrias apoyadas por el Estado para proporcionar a los campesinos medios alternativos de subsistencia en reemplazo del cultivo exclusivo de la coca. Entre ellos cabe incluir las múltiples posibilidades benéficas y legales de industrialización de la misma hoja de coca, entre las cuales ya existen en el mercado bebidas, mermeladas, galletas, infusiones y complementos nutricionales fabricados por empresas como Coca Nasa, nacida hace más de 20 años en la comunidad del mismo nombre para reivindicar las bondades de la planta, que siempre tuvo un carácter sagrado para las comunidades indígenas americanas pero fue injustamente satanizada por el uso perverso que le dio el narcotráfico. Porque la mata no es la que mata.