¿Quién quiere silenciar al abogado Miguel Ángel del Río, representante de las víctimas en dos de los casos criminales más sonados en Colombia durante los últimos tiempos? La gravedad de las amenazas que lo obligaron a salir del país y la notoriedad de los casos en los que está actuando ante los tribunales obligan a formular la pregunta. Uno es el que se adelanta contra Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal y el otro es el de las misteriosas muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro hace cinco años. En el primero, Del Río representa a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Uribe. En el segundo representa a la familia Pizano, que ha roto su silencio y encargado a Del Río la tarea de exigir que se destape el misterio que rodea a aquellas muertes.
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El proceso contra Uribe volvió a ser noticia en estos días a causa de las amenazas denunciadas por Del Río. El caso de los Pizano reapareció en primer plano debido a las revelaciones hechas por el mismo abogado a la revista Cambio sobre los hallazgos que lo llevan a afirmar que los Pizano fueron asesinados. Si fue así, ¿a quién convenía silenciar al controlador del proyecto Ruta del Sol, en el que participaron la empresa brasileña Odebrecht y varias del Grupo Aval? Y si Pizano fue asesinado, ¿su hijo Alejandro también lo fue? ¿Por qué la Fiscalía cerró con tanta prontitud la investigación de estos hechos? El caso sobrepasa en oscuridad y suspenso a muchos de los que imaginaron mentes tan fértiles para el misterio como las de Agatha Christie y sir Arthur Conan Doyle.
Ha sido abundante la información publicada sobre los sobornos que entregó Odebrecht para obtener la concesión, sus relaciones con el Grupo Aval y la poca diligencia de la Fiscalía General de la Nación, dirigida entonces por Néstor Humberto Martínez Neira, para investigar las dos muertes, que parecían destinadas a permanecer en el misterio. Si esto no ocurre, ello se deberá en gran parte a la constancia de periodistas tan consagradas a su deber como Cecilia Orozco Tascón y María Jimena Duzán, a cuyos esfuerzos se suma ahora el de la familia Pizano, por destapar el secreto. Lo que nos revela el abogado de la familia alienta la esperanza de que este caso no se sume a tantos otros enigmas que la justicia colombiana no ha resuelto. Sus declaraciones a Cambio dejan muy en claro que la Fiscalía violó normas elementales en la diligencia de allanamiento a la residencia de los Pizano en Subachoque, donde ocurrieron las dos muertes, al retirar de allí elementos que podían tener carácter probatorio sin que hasta ahora se sepa qué se hizo con ellos. También señalan que testimonios claves, como el de una empleada de la familia sobre la aparición de la botella con cianuro de la cual bebió Alejandro Pizano, fueron ignorados por los funcionarios que trabajaban a órdenes de Martínez Neira. Pero, sobre todo, abundan en argumentos para descalificar el rápido cierre de la investigación, paradójico en un país donde las pesquisas judiciales se caracterizan por ser muy lentas y engorrosas.
Si no se realiza una investigación que merezca su nombre y la justicia no se pronuncie es imposible establecer más allá de toda duda si estamos frente a dos homicidios, como afirma el abogado Del Río, o si fueron otras las causas de las dos muertes, como sostiene el exfiscal Martínez Neira. Si fueron homicidios, tampoco tenemos elementos suficientes para señalar a sus posibles autores.
Sherlock Holmes, el héroe de Conan Doyle, y Hércules Poirot, el ingenioso detective creado por Agatha Christie, siempre comenzaban por formularse una pregunta como la del comienzo de esta nota. Las acciones de la familia Pizano y de su abogado obligan a formular no solo esa sino muchas otras preguntas y, por supuesto, a encontrar las respuestas.
Por Leopoldo Villar Borda
