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Hace ya varias semanas que se discute en Colombia sobre el próximo reto que enfrentará el presidente Gustavo Petro al comenzar el nuevo año: el de decidir si asistirá o no a la nueva juramentación presidencial de Nicolás Maduro el 10 de enero.
La incógnita ya fue prácticamente resuelta, a juzgar por lo que ha dicho el canciller Luis Gilberto Murillo: lo más probable es que no asistirá. En su más reciente pronunciamiento, el canciller declaró el 21 de diciembre en entrevista con El Espectador: “Lo que hemos dicho claramente es que no hubo actas, no hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento, pues obviamente no hay asistencia”.
Los enemigos de Petro ya convirtieron el tema en un motivo de escándalo y aprovecharán la oportunidad para acusarlo de cobardía y duplicidad. Saborearán como un triunfo la posibilidad de que la decisión presidencial dañe las relaciones con Venezuela. Sin embargo, la diplomacia ofrece un camino expedito para que el actual Gobierno colombiano mantenga la posición que ha asumido frente a la crisis desatada en el país vecino a raíz de la reciente elección presidencial sin que esto afecte la relación bilateral.
Ese camino se llama la doctrina Estrada. México comenzó a aplicarla en 1930 y desde entonces varios países la han incorporado a su política exterior. Se le debe a Genaro Estrada, quien la promulgó como canciller de Pascual Ortiz Rubio, uno de los primeros presidentes elegidos por el PRI, el partido de la Revolución Mexicana.
La declaración del canciller Estrada fue publicada el 27 de septiembre de 1930 como un documento oficial, fue adoptada desde entonces como parte de la política exterior mexicana y en 1988 elevada a rango constitucional. Ella sostiene el principio de que ningún Estado o gobierno requiere el reconocimiento de otros Estados o gobiernos para proclamar su soberanía. Al mismo tiempo, reafirma los derechos a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos, los cuales han sido defendidos tradicionalmente por México y los demás países latinoamericanos y están consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En virtud de esta doctrina, el gobierno de Venezuela no requiere el reconocimiento de otros gobiernos y no corresponde a los demás gobiernos (llámense Estados Unidos o Colombia) otorgarles el reconocimiento como una especie de bendición. Por lo tanto, el presidente Petro puede mantener su decisión de no pronunciarse sobre la elección de Maduro y abstenerse de asistir a su nueva juramentación sin que esto altere las relaciones que, por fortuna para ambos pueblos, fueron restablecidas durante la actual administración colombiana.
Todo parece indicar que esta será la decisión que adoptará el presidente Petro. Y lo deseable sería que, al hacerlo, manifieste el propósito de instaurar los principios de la doctrina Estrada en la política exterior colombiana. Esto representaría una afirmación de soberanía semejante a la que protagonizó en su momento el canciller Estrada frente a las presiones de los intereses extranjeros sobre el gobierno mexicano.
La doctrina Estrada rechaza uno de los medios predilectos de las grandes potencias y específicamente de Estados Unidos para presionar a los países latinoamericanos, que es el de otorgar o no otorgar su reconocimiento oficial a los gobiernos de la región según la forma en que puedan afectar o no los intereses estadounidenses. Su adopción fue una respuesta a las presiones que Estados Unidos ejercía en defensa de los intereses de empresas extranjeras que habían sido afectadas por la Revolución Mexicana. Aún no se había producido la nacionalización del petróleo que enfrentó más duramente a México con Estados Unidos, pero ya el país de Lázaro Cárdenas sentaba con firmeza su posición independiente en el hemisferio.

Por Leopoldo Villar Borda
