¿Es polémica, es debate, es confrontación? Qué esta sucediendo con el cumplimiento de la sentencia T-478 de 2015, que le ordena al Ministerio de Educación tomar las medidas necesarias para erradicar la discriminación en las aulas y demás espacios escolares.
La primera impresión que tenemos las ciudadanas y ciudadanos que observamos este vaivén de declaraciones es que no sabemos discutir, no sabemos discernir en el plano de las ideas y desde las posiciones y responsabilidades que se tienen en el contexto nacional. Lo que apreciamos es una confrontación que a todas luces impide que se cumpla una orden emanada de una tutela interpuesta por la violación de un derecho fundamental (los derechos sexuales y reproductivos). Por consiguiente, la orden es singular y perentoria. La Corte ordena que se revisen los manuales de convivencia de todos los colegios del país para que a través de ellos se abran las conciencias de todos los integrantes de las comunidades educativas a la comprensión de que existen opciones sexuales diversas.
Un joven se suicidó, se llamaba Sergio Urrego, porque en su colegio lo estigmatizaron en vez de brindarle la orientación para el manejo de su sexualidad que despertaba con inclinaciones diferentes a lo aceptado por la tradición familiar y social. Y seguiremos llorando a Sergio y vendrán otros casos si no se toman las medidas adecuadas.
¿Quiénes no hicieron lo correcto? Los maestros y maestras que no lo atendieron, no le brindaron la orientación adecuada y no trabajaron con la comunidad educativa el tema para que niños y niñas entendieran lo que es la diversidad sexual.
¿Quién tiene la responsabilidad de impedir que no haya un solo niño o niña sometido a malos tratos por su condición sexual? El Estado, es decir el presidente, a través de su ministra de Educación. Por eso la Corte emitió esa orden a esta entidad. Y el Ministerio tiene que cumplir la orden a pesar de lo que piensen las rectoras, los maestros, los padres y madres de familia y la sociedad en general. Y no es que olvide las disposiciones nacionales e internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho de los padres y madres a escoger y orientar la educación de sus hijos e hijas, es que el Estado está obligado a respetar, promover y proteger los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en todos los momentos de su desarrollo vital y en todos los escenarios de la vida, inclusive en el escenario familiar.
La tradición nos imponía que la familia era el espacio privado por excelencia a donde el Estado no podía entrar, y en ese escenario se producen, en aras del poder patriarcal, los abusos y violaciones más crueles y espantosas a las personas que integran la familia; de ello dan cuenta las experiencias personales, los estudios e investigaciones académicos, y los datos de Medicina Legal. Son los padres, padrastros, tíos, abuelos, hermanos, los violadores y maltratantes de las niñas, los niños y las mujeres, y aun así, las iglesias y algunas organizaciones sociales, rectores y rectoras de colegios, convocan a predicar el respeto a los valores tradicionales. No podemos seguir en la idea de que la familia tradicional es el mejor de los mundos y que su voluntad (la de los padres y madres) es intocable cuando se trata de la educación y orientación de sus hijas e hijos.
Si hay un escenario fundamental para asegurar la paz y la convivencia social y política, es la familia: tenemos que cambiar los valores patriarcales que aún subsisten en su interior. Esta confrontación les muestra al Estado y a la sociedad la importancia de erradicar las violencias que flagelan la titularidad de los derechos de las personas en dos escenarios tan importantes para el desarrollo integral de los niños y las niñas como son la familia y la escuela, y para ello hay que pasar de los valores autoritarios, excluyentes y discriminatorios, a valores que fomenten en la casa y en la escuela la igualdad entre los géneros y entre las opciones sexuales. Esta responsabilidad es ante todo del Estado, pero también de la familia y la escuela, en virtud de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y, para cumplirla, ante todo tenemos que recordar que somos un Estado laico, y que todos y todas, con sus opciones sexuales diferentes, somos iguales porque nacemos iguales en derechos y obligaciones. La democracia también vale para la familia y la escuela. Esto es lo que la ministra trata de cumplir y para ello se apoya en organizaciones tan serias y respetables como el Fondo de Población, la Unicef y Colombia Diversa.
¿Es polémica, es debate, es confrontación? Qué esta sucediendo con el cumplimiento de la sentencia T-478 de 2015, que le ordena al Ministerio de Educación tomar las medidas necesarias para erradicar la discriminación en las aulas y demás espacios escolares.
La primera impresión que tenemos las ciudadanas y ciudadanos que observamos este vaivén de declaraciones es que no sabemos discutir, no sabemos discernir en el plano de las ideas y desde las posiciones y responsabilidades que se tienen en el contexto nacional. Lo que apreciamos es una confrontación que a todas luces impide que se cumpla una orden emanada de una tutela interpuesta por la violación de un derecho fundamental (los derechos sexuales y reproductivos). Por consiguiente, la orden es singular y perentoria. La Corte ordena que se revisen los manuales de convivencia de todos los colegios del país para que a través de ellos se abran las conciencias de todos los integrantes de las comunidades educativas a la comprensión de que existen opciones sexuales diversas.
Un joven se suicidó, se llamaba Sergio Urrego, porque en su colegio lo estigmatizaron en vez de brindarle la orientación para el manejo de su sexualidad que despertaba con inclinaciones diferentes a lo aceptado por la tradición familiar y social. Y seguiremos llorando a Sergio y vendrán otros casos si no se toman las medidas adecuadas.
¿Quiénes no hicieron lo correcto? Los maestros y maestras que no lo atendieron, no le brindaron la orientación adecuada y no trabajaron con la comunidad educativa el tema para que niños y niñas entendieran lo que es la diversidad sexual.
¿Quién tiene la responsabilidad de impedir que no haya un solo niño o niña sometido a malos tratos por su condición sexual? El Estado, es decir el presidente, a través de su ministra de Educación. Por eso la Corte emitió esa orden a esta entidad. Y el Ministerio tiene que cumplir la orden a pesar de lo que piensen las rectoras, los maestros, los padres y madres de familia y la sociedad en general. Y no es que olvide las disposiciones nacionales e internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho de los padres y madres a escoger y orientar la educación de sus hijos e hijas, es que el Estado está obligado a respetar, promover y proteger los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en todos los momentos de su desarrollo vital y en todos los escenarios de la vida, inclusive en el escenario familiar.
La tradición nos imponía que la familia era el espacio privado por excelencia a donde el Estado no podía entrar, y en ese escenario se producen, en aras del poder patriarcal, los abusos y violaciones más crueles y espantosas a las personas que integran la familia; de ello dan cuenta las experiencias personales, los estudios e investigaciones académicos, y los datos de Medicina Legal. Son los padres, padrastros, tíos, abuelos, hermanos, los violadores y maltratantes de las niñas, los niños y las mujeres, y aun así, las iglesias y algunas organizaciones sociales, rectores y rectoras de colegios, convocan a predicar el respeto a los valores tradicionales. No podemos seguir en la idea de que la familia tradicional es el mejor de los mundos y que su voluntad (la de los padres y madres) es intocable cuando se trata de la educación y orientación de sus hijas e hijos.
Si hay un escenario fundamental para asegurar la paz y la convivencia social y política, es la familia: tenemos que cambiar los valores patriarcales que aún subsisten en su interior. Esta confrontación les muestra al Estado y a la sociedad la importancia de erradicar las violencias que flagelan la titularidad de los derechos de las personas en dos escenarios tan importantes para el desarrollo integral de los niños y las niñas como son la familia y la escuela, y para ello hay que pasar de los valores autoritarios, excluyentes y discriminatorios, a valores que fomenten en la casa y en la escuela la igualdad entre los géneros y entre las opciones sexuales. Esta responsabilidad es ante todo del Estado, pero también de la familia y la escuela, en virtud de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y, para cumplirla, ante todo tenemos que recordar que somos un Estado laico, y que todos y todas, con sus opciones sexuales diferentes, somos iguales porque nacemos iguales en derechos y obligaciones. La democracia también vale para la familia y la escuela. Esto es lo que la ministra trata de cumplir y para ello se apoya en organizaciones tan serias y respetables como el Fondo de Población, la Unicef y Colombia Diversa.