La sistematicidad en la muerte de líderes y lideresas sociales no es atribuible a la existencia de un comité nacional, como en los tiempos en que Carlos Castaño se reunía en una terraza en Medellín (para que no los grabaran) con nueve ilustres patriarcas paisas que le ordenaban al capo sicarial a quién debería hacer asesinar esa semana: o a Bernardo Jaramillo, o a Carlos Pizarro, o a Héctor Abad Gómez, etc. Era muy VIP el club de las víctimas potenciales. Había ya un reguero de muertos regionales anónimos cuando se pusieron en modo magnicidio. Pero eso ahora —y hasta el momento— es muy distinto y menos exclusivo: como han nacido nuevos derechos en comparación con los existentes por entonces, y en todas partes hay quienes los reclaman con un lenguaje inédito: que no al fracking, que sí a los LGBTI, que no a la gran minería, que tampoco al glifosato, que cuidado con afectar el páramo, que vamos por las 16 circunscripciones, y así sucesivamente, incluyendo el más clásico de los derechos, que es el de la tierra —que el Estado debe resolver mínimo y por el momento con la adjudicación de tres millones de hectáreas—, ahí no cabe un comité nacional para matar. No se daría abasto. Entonces, los villanos le han dado autonomía a esa estructura homicida creando una nueva generación de víctimas. Y, por supuesto, promoviendo una nueva generación de asesinos. Solo que éstos operan con esquemas organizativos viejos: que “las Águilas Negras”, que las “Autodefensas Gaitanistas”, para darse una reputación digamos que “nacional”, cuando son apenas lugareños. Puede que el método empleado contra Dimar Torres (ex-Farc) en el Catatumbo sea el mismo que operó contra Ánderson Pérez (ex-Farc) en el Cauca y el bebé Samuel David González Puschaina en La Guajira, hijo de excombatientes wayuus. En estos tres casos, más los otros 133 crímenes de que han sido víctimas los excombatientes por toda la geografía colombiana, es obvio un tinglado de exterminio de una facción, bastante numerosa, del ejército que odia el Acuerdo de Paz.
En cambio, una muerte como la de María del Pilar Hurtado involucra a una familia local a la que pertenece el alcalde de Tierralta, pues la víctima esta vez reclamaba, junto a cinco personas más, un pedazo de tierra de propiedad del papá del alcalde. Tres de esos reclamantes, incluida María del Pilar, estaban en la lista negra de las “Autodefensas Gaitanistas”, solo que a ella en el panfleto se referían de manera procaz sin dar su nombre. Así actúan los “poderes locales”, que funcionan por todas partes en donde hay liderazgos que pelean el derecho al medio ambiente, a la igualdad de género, a la adopción entre parejas del mismo sexo, a la erradicación manual, al porte de la dosis mínima, a la venta ambulante de empanadas y frutas, a la reconstrucción de la memoria audiovisual de víctimas antiguas (UP) y, según se vio el viernes, a festejar el Día Mundial de la Patineta.
¿Hay acaso un manifiesto teórico que convoque, subliminalmente, a la eliminación física de quienes defienden tantos derechos? Claro que sí: son los discursos descompuestos y embusteros del CD, del jefe para abajo, en el Congreso, por televisión y por las emisoras. Cualquier proyecto para disminuir la matanza en las comarcas de este reino tiene que comenzar por apagar el fuego que esa arma de destrucción masiva atiza desde el Capitolio.
La sistematicidad en la muerte de líderes y lideresas sociales no es atribuible a la existencia de un comité nacional, como en los tiempos en que Carlos Castaño se reunía en una terraza en Medellín (para que no los grabaran) con nueve ilustres patriarcas paisas que le ordenaban al capo sicarial a quién debería hacer asesinar esa semana: o a Bernardo Jaramillo, o a Carlos Pizarro, o a Héctor Abad Gómez, etc. Era muy VIP el club de las víctimas potenciales. Había ya un reguero de muertos regionales anónimos cuando se pusieron en modo magnicidio. Pero eso ahora —y hasta el momento— es muy distinto y menos exclusivo: como han nacido nuevos derechos en comparación con los existentes por entonces, y en todas partes hay quienes los reclaman con un lenguaje inédito: que no al fracking, que sí a los LGBTI, que no a la gran minería, que tampoco al glifosato, que cuidado con afectar el páramo, que vamos por las 16 circunscripciones, y así sucesivamente, incluyendo el más clásico de los derechos, que es el de la tierra —que el Estado debe resolver mínimo y por el momento con la adjudicación de tres millones de hectáreas—, ahí no cabe un comité nacional para matar. No se daría abasto. Entonces, los villanos le han dado autonomía a esa estructura homicida creando una nueva generación de víctimas. Y, por supuesto, promoviendo una nueva generación de asesinos. Solo que éstos operan con esquemas organizativos viejos: que “las Águilas Negras”, que las “Autodefensas Gaitanistas”, para darse una reputación digamos que “nacional”, cuando son apenas lugareños. Puede que el método empleado contra Dimar Torres (ex-Farc) en el Catatumbo sea el mismo que operó contra Ánderson Pérez (ex-Farc) en el Cauca y el bebé Samuel David González Puschaina en La Guajira, hijo de excombatientes wayuus. En estos tres casos, más los otros 133 crímenes de que han sido víctimas los excombatientes por toda la geografía colombiana, es obvio un tinglado de exterminio de una facción, bastante numerosa, del ejército que odia el Acuerdo de Paz.
En cambio, una muerte como la de María del Pilar Hurtado involucra a una familia local a la que pertenece el alcalde de Tierralta, pues la víctima esta vez reclamaba, junto a cinco personas más, un pedazo de tierra de propiedad del papá del alcalde. Tres de esos reclamantes, incluida María del Pilar, estaban en la lista negra de las “Autodefensas Gaitanistas”, solo que a ella en el panfleto se referían de manera procaz sin dar su nombre. Así actúan los “poderes locales”, que funcionan por todas partes en donde hay liderazgos que pelean el derecho al medio ambiente, a la igualdad de género, a la adopción entre parejas del mismo sexo, a la erradicación manual, al porte de la dosis mínima, a la venta ambulante de empanadas y frutas, a la reconstrucción de la memoria audiovisual de víctimas antiguas (UP) y, según se vio el viernes, a festejar el Día Mundial de la Patineta.
¿Hay acaso un manifiesto teórico que convoque, subliminalmente, a la eliminación física de quienes defienden tantos derechos? Claro que sí: son los discursos descompuestos y embusteros del CD, del jefe para abajo, en el Congreso, por televisión y por las emisoras. Cualquier proyecto para disminuir la matanza en las comarcas de este reino tiene que comenzar por apagar el fuego que esa arma de destrucción masiva atiza desde el Capitolio.