No son buenas las cárceles. El ser humano en cautiverio es inconcebible, aunque hay seres humanos incapaces de la vida en sociedad y algunos tan deshumanizados que Estados cavernarios resuelven, en consecuencia, quitarles la vida. Pero la vida es derecho anterior al Estado y, por supuesto, principal. Entonces, ¿qué hacer? No es el tema de esta columna.
Lo que quiero es asomarme al caso de los exministros del pasado régimen que terminaron privados de libertad en su propia casa —cruel suplicio— o con sus huesos en establecimiento carcelario. Sobreviene entonces, con la unívoca paz de Santos, una Justicia llamada transicional, creada por imposición de la izquierda en armas para intercambiar las sanciones penales, propias de sus hechos, por una relativa paz social.
Es como si dijeran: aquí están nuestros delitos, el Estado los absuelve o les impone penas cortas y nosotros le correspondemos con una paz que es medio combinado de lucha, mientras nos acabamos de tomar el poder. Hecho.
Pacto de paz que el pueblo no aprobó tal y como le fue presentado a plebiscito por el Gobierno, pero que éste negoció a sus espaldas transformando la Constitución Política con un toque de magia de nombre extranjero (“fast-track”). Ilegitimidad que muy pocos sabios del derecho se han atrevido a denunciar, hallándose el resto de ellos muy comprometido.
Algunos de los hombres del antiguo régimen, encausados por la Justicia Ordinaria del Estado, infestada de pasión política, se han sentido en el derecho de buscar refugio en el exterior y otros se han sometido, afectando al máximo un deber ciudadano y pagan cárcel.
La nueva Justicia, desorden institucional en funciones, ya no importa si ilegítima, ofrece entre tanto penas cortas y amnistías para favorecer a quienes entraron, repudiándolo, al Estado de derecho. No es raro que los demás quieran acogerse a parecidos beneficios y está bien que los tomen —es su vida— y que se rían en el fondo de tales gabelas sin que avalen necesariamente con su actitud lo que, se dice, será transitorio, mientras las aguas de la democracia, depuradas por la historia, se normalizan y aquietan.
***
No más oficiales condenados ni soldados que hayan delinquido por excepción, cuando prestaban servicio a la República (salvo sean responsables de crímenes espantosos en indefensión de las víctimas); no afronten una larga privación de la libertad, mientras revolucionarios que encadenaron gente y aplicaron largas y cobardes torturas, como método para ellos aceptable de lucha, se levantan del confesionario de la JEP aliviados de todo castigo social. Ya jugados todos en el campo de una Constitución alterada por una avalancha antijurídica, descansen los unos y los otros en la paz que se haya podido conseguir por este medio.
No son buenas las cárceles. El ser humano en cautiverio es inconcebible, aunque hay seres humanos incapaces de la vida en sociedad y algunos tan deshumanizados que Estados cavernarios resuelven, en consecuencia, quitarles la vida. Pero la vida es derecho anterior al Estado y, por supuesto, principal. Entonces, ¿qué hacer? No es el tema de esta columna.
Lo que quiero es asomarme al caso de los exministros del pasado régimen que terminaron privados de libertad en su propia casa —cruel suplicio— o con sus huesos en establecimiento carcelario. Sobreviene entonces, con la unívoca paz de Santos, una Justicia llamada transicional, creada por imposición de la izquierda en armas para intercambiar las sanciones penales, propias de sus hechos, por una relativa paz social.
Es como si dijeran: aquí están nuestros delitos, el Estado los absuelve o les impone penas cortas y nosotros le correspondemos con una paz que es medio combinado de lucha, mientras nos acabamos de tomar el poder. Hecho.
Pacto de paz que el pueblo no aprobó tal y como le fue presentado a plebiscito por el Gobierno, pero que éste negoció a sus espaldas transformando la Constitución Política con un toque de magia de nombre extranjero (“fast-track”). Ilegitimidad que muy pocos sabios del derecho se han atrevido a denunciar, hallándose el resto de ellos muy comprometido.
Algunos de los hombres del antiguo régimen, encausados por la Justicia Ordinaria del Estado, infestada de pasión política, se han sentido en el derecho de buscar refugio en el exterior y otros se han sometido, afectando al máximo un deber ciudadano y pagan cárcel.
La nueva Justicia, desorden institucional en funciones, ya no importa si ilegítima, ofrece entre tanto penas cortas y amnistías para favorecer a quienes entraron, repudiándolo, al Estado de derecho. No es raro que los demás quieran acogerse a parecidos beneficios y está bien que los tomen —es su vida— y que se rían en el fondo de tales gabelas sin que avalen necesariamente con su actitud lo que, se dice, será transitorio, mientras las aguas de la democracia, depuradas por la historia, se normalizan y aquietan.
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No más oficiales condenados ni soldados que hayan delinquido por excepción, cuando prestaban servicio a la República (salvo sean responsables de crímenes espantosos en indefensión de las víctimas); no afronten una larga privación de la libertad, mientras revolucionarios que encadenaron gente y aplicaron largas y cobardes torturas, como método para ellos aceptable de lucha, se levantan del confesionario de la JEP aliviados de todo castigo social. Ya jugados todos en el campo de una Constitución alterada por una avalancha antijurídica, descansen los unos y los otros en la paz que se haya podido conseguir por este medio.