La propuesta del expresidente César Gaviria, como fue entendida por el ministro Yesid Reyes en respuestas a Cecilia Orozco, parece quedar al aire, tan extensa como inexplicada.
El exmandatario, sin ser abogado, fue quien impulsó la Constitución del 91, y es quien ahora ofrece amnistías, puntos finales e indultos, todo a un mismo tiempo y que no se llame impunidad. Es, ni más ni menos, la justicia transicional, de la cual se venía hablando mucho antes de Gaviria, cualquier cosa que ella quiera significar.
Se infiere que tal justicia, necesaria para fines del proceso de paz de Santos (por aquello de que nadie firma un pacto de cese el fuego para irse a la cárcel), será concretada por el propio presidente, quien tampoco es abogado. Así lo ha dado a entender su ministro de la Justicia y el Derecho, el doctor Yesid Reyes, éste sí eminente jurista, quien, sin embargo, patinó en las respuestas más puntuales de la periodista, que lo cercó de interrogantes.
Es grave atribuir al presidente las decisiones finales de tan abultado indulto y su concreción, lo que lo convierte en señor de vidas y haciendas, muy al estilo de sus vecinos.
Reyes interpreta algo así como que habría dos justicias, una aplicada a particulares, la que permanecería inalterada, y otra colectiva, referida a innumerables hechos y personas que han delinquido en contra del Estado y que, por el bien supremo de la paz, serían llamadas al perdón y olvido. Distinción difícil de establecer y que vendría a ser descifrada por el ciudadano presidente, a quien ya debemos empezar a llamar así, a la manera venezolana.
Pregunto, como lo haría un estudiante de derecho, no para obstaculizar el llamado proceso, y pregunto a abogados, pues los presidentes no lo son, cuándo comenzaría a operar de nuevo la legislación habitual; cuándo un crimen volvería a ser un crimen o un secuestro de un día o de largos años volvería a tener penas privativas de libertad casi perpetuas, como el legislador, en su afán punitivo, llegó a establecer.
O si en los nuevos códigos quedaría un enunciado parecido a éste: “El que prive de la vida a una persona, la viole, plagie o someta a vejaciones, en indefensión, incurrirá en delito de lesa humanidad, salvo si el hecho está referido a otros actos revolucionarios para reformar el Estado o les sea conexo”.
Lo más desconcertante será que, una vez amnistiados y hechas las obligadas promesas de no volver a delinquir, los nuevos legisladores, antiguos combatientes, querrán afectar con normas nuevas o con las habituales del Código Penal a los, a su vez, nuevos delincuentes; hasta que estos también se rebelen y decidan que es más rentable asociarse y pecar en grupo contra el Estado, para luego negociar las penas.
La propuesta del expresidente César Gaviria, como fue entendida por el ministro Yesid Reyes en respuestas a Cecilia Orozco, parece quedar al aire, tan extensa como inexplicada.
El exmandatario, sin ser abogado, fue quien impulsó la Constitución del 91, y es quien ahora ofrece amnistías, puntos finales e indultos, todo a un mismo tiempo y que no se llame impunidad. Es, ni más ni menos, la justicia transicional, de la cual se venía hablando mucho antes de Gaviria, cualquier cosa que ella quiera significar.
Se infiere que tal justicia, necesaria para fines del proceso de paz de Santos (por aquello de que nadie firma un pacto de cese el fuego para irse a la cárcel), será concretada por el propio presidente, quien tampoco es abogado. Así lo ha dado a entender su ministro de la Justicia y el Derecho, el doctor Yesid Reyes, éste sí eminente jurista, quien, sin embargo, patinó en las respuestas más puntuales de la periodista, que lo cercó de interrogantes.
Es grave atribuir al presidente las decisiones finales de tan abultado indulto y su concreción, lo que lo convierte en señor de vidas y haciendas, muy al estilo de sus vecinos.
Reyes interpreta algo así como que habría dos justicias, una aplicada a particulares, la que permanecería inalterada, y otra colectiva, referida a innumerables hechos y personas que han delinquido en contra del Estado y que, por el bien supremo de la paz, serían llamadas al perdón y olvido. Distinción difícil de establecer y que vendría a ser descifrada por el ciudadano presidente, a quien ya debemos empezar a llamar así, a la manera venezolana.
Pregunto, como lo haría un estudiante de derecho, no para obstaculizar el llamado proceso, y pregunto a abogados, pues los presidentes no lo son, cuándo comenzaría a operar de nuevo la legislación habitual; cuándo un crimen volvería a ser un crimen o un secuestro de un día o de largos años volvería a tener penas privativas de libertad casi perpetuas, como el legislador, en su afán punitivo, llegó a establecer.
O si en los nuevos códigos quedaría un enunciado parecido a éste: “El que prive de la vida a una persona, la viole, plagie o someta a vejaciones, en indefensión, incurrirá en delito de lesa humanidad, salvo si el hecho está referido a otros actos revolucionarios para reformar el Estado o les sea conexo”.
Lo más desconcertante será que, una vez amnistiados y hechas las obligadas promesas de no volver a delinquir, los nuevos legisladores, antiguos combatientes, querrán afectar con normas nuevas o con las habituales del Código Penal a los, a su vez, nuevos delincuentes; hasta que estos también se rebelen y decidan que es más rentable asociarse y pecar en grupo contra el Estado, para luego negociar las penas.