Me llamó la atención que en un reciente comunicado por X (ya estoy en estas, ¿cómo les parece?) el señor presidente de la República se refiriera al secretario general de la Cancillería con el inusual giro de haberlo traicionado.
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Habla de traición cuando ha debido mencionar alguna actuación ilegal, si fuera el caso, o una extralimitación de funciones, esto es, usando vocablos propios de un estado de derecho. Traición suena a asociación delictiva, donde se da una ligazón por complicidad más que una obligación administrativa y, en todo caso, jurídica.
Viéndolo bien, no es de sorprenderse que llegado al poder un hombre formado en la clandestinidad, precisamente en contra de todo lo legal, ocurra que se le resbalen términos afines a una solidaridad clandestina. Uno piensa que el señor secretario en cuestión le faltó al presidente por un compromiso de palabra, no necesariamente ilegal, pero en que la lealtad del funcionario debía primar por encima del rol público en que se encontraban. Es un indicio de haber llegado a los puestos oficiales como si fuera un abordaje y no con la seriedad y aplomo con que se toma posesión de un nuevo gobierno, todo lo distinto que se quiera, pero responsable y atenido a leyes.
Es cierto que la revolución es un rompimiento del contrato social, por sí misma, es de su esencia, pero cuando se juega, como en este caso, a la democracia (adoptando distintos métodos de lucha, como se dice) ha de soñarse con las metas más o menos heroicas que traían, pero ajustándolas a los procedimientos legales, lentos y engorrosos, propios del sistema.
El batiburrillo que se ha armado dentro de la Cancillería, con el más alto funcionario corrido por la Procuraduría General y los subalternos midiendo fechas y horarios en que produjeron sus actuaciones, el canciller reemplazante fuera del país y el presidente incumpliendo citas, es toda una prueba a la que se somete el derecho administrativo y confirma el dicho pluralista, según el cual para un abogado hay otro abogado.
Todo el tinglado se ha montado por unos papeles de cierto rigor, pero de factura no imposible en talleres oficiales, los pasaportes, y se han convertido en un fabuloso contrato apetecido por grandes capitales. Es de ver cómo se vuelcan aquellas metas idealistas de los insurrectos en un botín de abordaje al galeón del poder. Se concluye, pues, que ideologías gobernando, de izquierda o de derecha, repiten por igual la corrupción oficial. Qué bárbaros.
Estos son episodios menores, muy a pesar de las cifras billonarias, de los monopolios asentados y, lo que es peor, de contratos que se licitan para períodos interminables.
Ahí estamos con un gobierno igual a otros, con rabia para defenderse y con amenazas de confrontación en las calles y, según dijo Iván Name en Cartagena, bajo el riesgo de una guerra civil.
