QUE NO EXISTE TRADICIÓN JURÍdica en Colombia —menos mal— para imponer la pena capital ni la prisión perpetua. Esto dice el presidente Uribe, apelando cuando quiere al rigor legal. No le importa mucho, eso sí, que su propia permanencia en el poder, mediante procedimientos que ha condenado la más alta corte en lo penal, tampoco tenga antecedentes.
Perdido el respeto por la justicia, arrinconada por el propio gobernante, desacreditada por él o ternada por él, para sus fines, no es raro que el grueso público quiera tomar la justicia por propia mano. Se diría que hay cierta tradición antijurídica a este respecto. Asesinado Gaitán, alguien señaló al asesino, el cual, desarmado tal vez por un policía, (porque el arma, tipo pistola, puede verse ahora en el Museo) quiso refugiarse en la droguería Granada, de donde la multitud lo sacó, frenética, y lo volvió un guiñapo humano. (¿Qué fue del policía?) Como “el cadáver de las dos corbatas” fue conocido, porque a la que portaba le anudaron alguna más, para el arrastre. Como a un toro en sangrienta plaza de lidias.
El caso aberrante del niño asfixiado por su progenitor provocó tremendo rechazo ciudadano, no se diga en la propia población de Chía, donde ocurrieron los hechos. Lo que no se sabe es por qué se allegaron a un tumulto parecido a un linchamiento, oportunistas políticos de Bogotá, entre éstos una concejala que gritaba y quería quitarles la máscara de vergüenza a los sindicados.
Por fortuna, un buen consejo le dieron al presidente Uribe, que hace unos años no se perdía un robo de joyería en Zipaquirá, como fue el de no asistir ruidosamente a solidarizarse con la madre del pequeño. Lo hizo, valga la verdad, discretamente.
Cadena perpetua, donde las cárceles están a medio hacer, donde hay cambiazos, corrupción y delincuencia interna, aparte de hacinamiento. Más bien habría que poner orden en la penalización, demoler sitios improvisados o vetustos de reclusión, mejorar la oportunidad de rehabilitarse que tengan los internos por medio de una ocupación productiva, no solamente recluir, como quien tira animales a una pocilga. Por lo demás, penalizar en el papel no ha sido nunca disuasivo del crimen.
La pena de muerte, por fortuna, no la considera viable la mayoría de la población, porque no se entiende al Estado como un dueño de vidas, aunque sí de haciendas, posiblemente. Y aun así, las constituciones liberales han descartado siempre la expropiación sin compensatorios y la confiscación de bienes.
Al calor de un hecho espeluznante, como éste de las laderas de Tíquiza, no se va a legislar con torpeza. Estoy seguro de que no.
