Nunca supe que, pasado un tiempo, una ley se pudiera adaptar para casos diferentes, modificándola a gusto del ejecutivo.
No hablo de interpretaciones analógicas, que bien podrían darse si caben, sino de aplicaciones extensivas, reformatorias de la disposición, para que una ley como la de Justicia y Paz, por ejemplo, se aplique con algunos retoques a los guerrilleros y a sus dirigentes.
De este modo, según el proponente (el representante Hernán Penagos, de la Comisión de Paz de la Cámara), no sería necesaria ni una Constituyente ni refrendación popular de los acuerdos ni Séptima Papeleta, no vinculante, como la que engendró de forma irregular la Constitución del 91, finalmente producto de ingenieros y economistas en el poder, con asesoría de jóvenes recién egresados de la facultad de derecho.
En realidad se trata de dos leyes —la de Justicia y Paz y la 1424 del 10— las que darían hospedaje a situaciones nuevas, que no encuentran otra forma de legalizarse de un modo efectivo y rápido. Economía legal, podría llamarse el engendro. Se habría dado así con normas nuevas o renovadas que no tendrían que pasar por el Congreso, pues ya pasaron, ni mucho menos por la Corte Constitucional.
Como en Colombia estamos y del santanderismo no salimos, hay afán por brindarles alero legal a las negociaciones de La Habana, donde, dicho sea de paso, podrían estar descontando cárcel los dirigentes guerrilleros. Y esto como derivación de las nuevas aplicaciones sobre justicia transicional.
Parece hallarse en estudio que el tiempo de permanencia de los negociadores en la tierra de Fidel, entre mañanas de sol en catamarán, tardes de aventón en Harley-Davidson y noches de frescura en el bar Gato Tuerto (más un recorrido de madrugada en Oldsmobile descapotado, como su nombre lo indica, viejo coche habanero), la ley extendida se lo abonaría como parte de pago y descuento carcelario. Buena esa, pues los cautiverios humanos, que son las cárceles, no deberían existir. Pero, así mismo, cómo es de cierto, en este particular caso, que las leyes, solo las leyes, como bien lo dijo Santander, nos darán libertad.
***
Nunca habrá acuerdo si unos piensan que se trata de un armisticio entre partes iguales, en que cada cual negocia y reclama conquistas y nadie, por supuesto, queda prisionero del otro. Mientras otros creen —el país nacional— que se ha llegado a una mesa para obtener la paz mediante concesiones, pero con acatamiento a normas inalterables que los rebeldes precisamente no respetan. Todo va direccionándose hacia una asamblea constituyente de borrón y cuenta nueva o de refundación del país. Grave, pero no sería raro ver al presidente Santos reacomodándose a ello.
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Nunca supe que, pasado un tiempo, una ley se pudiera adaptar para casos diferentes, modificándola a gusto del ejecutivo.
No hablo de interpretaciones analógicas, que bien podrían darse si caben, sino de aplicaciones extensivas, reformatorias de la disposición, para que una ley como la de Justicia y Paz, por ejemplo, se aplique con algunos retoques a los guerrilleros y a sus dirigentes.
De este modo, según el proponente (el representante Hernán Penagos, de la Comisión de Paz de la Cámara), no sería necesaria ni una Constituyente ni refrendación popular de los acuerdos ni Séptima Papeleta, no vinculante, como la que engendró de forma irregular la Constitución del 91, finalmente producto de ingenieros y economistas en el poder, con asesoría de jóvenes recién egresados de la facultad de derecho.
En realidad se trata de dos leyes —la de Justicia y Paz y la 1424 del 10— las que darían hospedaje a situaciones nuevas, que no encuentran otra forma de legalizarse de un modo efectivo y rápido. Economía legal, podría llamarse el engendro. Se habría dado así con normas nuevas o renovadas que no tendrían que pasar por el Congreso, pues ya pasaron, ni mucho menos por la Corte Constitucional.
Como en Colombia estamos y del santanderismo no salimos, hay afán por brindarles alero legal a las negociaciones de La Habana, donde, dicho sea de paso, podrían estar descontando cárcel los dirigentes guerrilleros. Y esto como derivación de las nuevas aplicaciones sobre justicia transicional.
Parece hallarse en estudio que el tiempo de permanencia de los negociadores en la tierra de Fidel, entre mañanas de sol en catamarán, tardes de aventón en Harley-Davidson y noches de frescura en el bar Gato Tuerto (más un recorrido de madrugada en Oldsmobile descapotado, como su nombre lo indica, viejo coche habanero), la ley extendida se lo abonaría como parte de pago y descuento carcelario. Buena esa, pues los cautiverios humanos, que son las cárceles, no deberían existir. Pero, así mismo, cómo es de cierto, en este particular caso, que las leyes, solo las leyes, como bien lo dijo Santander, nos darán libertad.
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Nunca habrá acuerdo si unos piensan que se trata de un armisticio entre partes iguales, en que cada cual negocia y reclama conquistas y nadie, por supuesto, queda prisionero del otro. Mientras otros creen —el país nacional— que se ha llegado a una mesa para obtener la paz mediante concesiones, pero con acatamiento a normas inalterables que los rebeldes precisamente no respetan. Todo va direccionándose hacia una asamblea constituyente de borrón y cuenta nueva o de refundación del país. Grave, pero no sería raro ver al presidente Santos reacomodándose a ello.
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