Saltando la barda

TODO EL QUE PUDO SE BURLÓ DEL derecho de Asilo, con ocasión del caso del ex senador Mario Uribe, quien buscó acogerse a ese amparo.

Este es un país que a fuer de maleado por toda clase de crímenes y actos de corrupción, se volvió justiciero, en el peor sentido del término. Justiciero, que no quiere decir justo, sino castigador sin medida.

Hemos oído de gente de salón frases como “hay que darles bala” y hablan de la guerrilla, pero, claro, que jóvenes soldados sean los que den esa bala y la reciban. Se oyen otras como “cerrar el Congreso”, “que se pudran en la cárcel”, o “pena de muerte”, para referirse a abusadores infantiles. Ahmadinejad piensa lo mismo.

El asilo no es un juego de escondidas, no es sólo saltar la barda de una embajada, es un derecho consagrado por normas internacionales y baluarte jurídico de Colombia (la de antes). Tanto el refugio como el asilo son aleros benévolos que guarecen a las personas sin patria (para la legislación española, estos son los verdaderos ‘apátridas’ ), los perdidos, los desterrados, los perseguidos.

En el caso del ex senador Uribe parecía contradictorio que se sintiera perseguido por el gobierno de su primo y cercano amigo. Pero también ocurre que una persona puede imaginarse perseguida por la Justicia, en cuanto órgano aparte del Ejecutivo y sobre el cual —tanto se dice—  éste no tiene injerencia.

El delito en cuestión vendría a ser un presunto delito político. De constreñimiento electoral o, acaso, uno gravísimo, como fuera el de ayudar a conformar grupos armados ilegales (“escuadrones de la muerte”, dicen en el exterior). Ha sido ésta una guerra atroz, por donde se la mire, incubada en odios políticos, revestida luego de reclamos sociales y finalmente respondida con perfidia extrema por autodefensas. Para los involucrados en ella resulta demasiado simple el tipo penal de la asociación para delinquir, que más vale para delitos comunes.

No se discute aquí la medida judicial de aseguramiento, sino que el ex senador bien pudo pensar que escapaba a una Justicia viciada. Al asilo se le ha interpuesto siempre el argumento impertinente del delito común, por el cual no cabe otorgarlo. Pasó con Haya de la Torre, a quien acusaron de delitos comunes para disfrazar la persecución de Odría. Y ha sido igual en casi todos los casos.

Costa Rica negó el amparo, como país en trance de ser asilante, al cual corresponde, y sólo a él, calificar el motivo y rango de la solicitud. Pero lo hizo, a mi juicio, por no acusar tácitamente al gobierno de Uribe (*) y por presiones  de Colombia, organizadas con afán por los defensores —¡oh paradoja!— de los derechos humanos. El presidente Óscar Arias, Nobel de Paz, se quedaría vacilante, meciéndose entre tirios y troyanos.

La asonada frente a la Embajada recordó a los marines norteamericanos que encendieron con música estridente la Nunciatura en Panamá, hasta que el señor Laboa, enloquecido, tuvo que entregar a su asilado.                                            

(*)  El columnista aclara que ni conoce ni es fan de los señores Uribe.