El fin de la ley de financiamiento no es el fin del mundo
Se dice —es un reflejo de nuestra democracia que información del mayor interés público se sepa con semanas de anticipación por chismes que divulgan los privilegiados, no en pronunciamientos oficiales del Estado— que lo más posible es que la Corte Constitucional tumbe la ley de financiamiento que el Ministerio de Hacienda promovió el año pasado como solución a un “hueco fiscal” cuyo origen nunca fue claro, y cuyo principal componente era un recorte permanente de alrededor de $10 billones de impuestos a las empresas, incluyendo algunos —como los beneficios a las “megainversiones”— que iban con nombre y apellido.
Es natural preocuparse por las consecuencias de esta decisión, pero no es necesario sobredimensionarlas. En primer lugar, el impacto neto de la ley sobre el recaudo tributario del 2020 en adelante es reducirlo en alrededor de $1 billón, según las proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda durante el debate de la ley. Es decir, tumbar la ley de financiamiento no empeoraría la situación fiscal del país, sino que aumentaría los ingresos del Gobierno. Los efectos sobre el crecimiento económico —especialmente los de largo plazo— son debatibles e inciertos, como suelen serlo las proyecciones macroeconómicas.
Y si bien es cierto que tumbar la ley genera inestabilidad para los inversionistas, hay que poner las cosas en perspectiva: en Colombia hacemos reforma tributaria más o menos cada dos años, así que la caída de la ley es, tristemente, más de lo mismo. Lo que tenemos que pensar es qué hacemos de aquí en adelante para crear un ambiente de estabilidad tributaria, y la caída de la ley de financiamiento es un mensaje importante a los hacedores de política pública: pasar reformas tributarias con aplanadora por el Congreso, en contra de la opinión pública y de las recomendaciones de la academia, no es una buena idea.
Se dice —es un reflejo de nuestra democracia que información del mayor interés público se sepa con semanas de anticipación por chismes que divulgan los privilegiados, no en pronunciamientos oficiales del Estado— que lo más posible es que la Corte Constitucional tumbe la ley de financiamiento que el Ministerio de Hacienda promovió el año pasado como solución a un “hueco fiscal” cuyo origen nunca fue claro, y cuyo principal componente era un recorte permanente de alrededor de $10 billones de impuestos a las empresas, incluyendo algunos —como los beneficios a las “megainversiones”— que iban con nombre y apellido.
Es natural preocuparse por las consecuencias de esta decisión, pero no es necesario sobredimensionarlas. En primer lugar, el impacto neto de la ley sobre el recaudo tributario del 2020 en adelante es reducirlo en alrededor de $1 billón, según las proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda durante el debate de la ley. Es decir, tumbar la ley de financiamiento no empeoraría la situación fiscal del país, sino que aumentaría los ingresos del Gobierno. Los efectos sobre el crecimiento económico —especialmente los de largo plazo— son debatibles e inciertos, como suelen serlo las proyecciones macroeconómicas.
Y si bien es cierto que tumbar la ley genera inestabilidad para los inversionistas, hay que poner las cosas en perspectiva: en Colombia hacemos reforma tributaria más o menos cada dos años, así que la caída de la ley es, tristemente, más de lo mismo. Lo que tenemos que pensar es qué hacemos de aquí en adelante para crear un ambiente de estabilidad tributaria, y la caída de la ley de financiamiento es un mensaje importante a los hacedores de política pública: pasar reformas tributarias con aplanadora por el Congreso, en contra de la opinión pública y de las recomendaciones de la academia, no es una buena idea.