Según la Policía, el costo de un CAI como los que han sido destruidos en Bogotá puede ser de hasta $430 millones. Es decir, reconstruir los 45 CAI destruidos podría costar unos $19.000 millones.
El mal uso de los bienes públicos —incluyendo su destrucción— nos afecta a todos y es una afrenta a la convivencia. Pero cuando el Estado y los bienes públicos no están al servicio de la ciudadanía, ese sentido de pertenencia que nos hace cuidar lo público se desvanece. Cuando la policía asesina a ciudadanos como Javier Ordóñez, o tortura a habitantes de calle y a trabajadoras sexuales, el Estado pierde legitimidad y lo público deja de percibirse como algo que es de todos y para todos.
Por eso deberíamos preocuparnos por el uso correcto y transparente de recursos que valen mucho más que un CAI. El préstamo a Avianca que el Ministerio de Hacienda insiste en hacer —sin mostrar las actas del comité que tomó la decisión, ni los análisis técnicos que la sustentan— tiene un valor de $1,38 billones, equivalente a más de 3.200 CAI. El Ministerio también debería explicar, peso por peso, por qué en medio de la pandemia propone aumentar su propio presupuesto del año entrante en $4 billones —lo equivalente a unos 9.000 CAI—. Y sería ideal saber por qué planea contar en 2021 con recursos del balance (es decir, plata que pese a estar presupuestada para el 2020 ha decidido ahorrar en plena emergencia) de $12 billones —o unos 28.000 CAI—.
Pese a repetidas preguntas de ciudadanos y congresistas, el Ministerio de Hacienda responde con evasivas y tecnicismos huecos, o, en el mejor de los casos, nos manda a hundirnos en una montaña de papeles para tratar de descifrar sus decisiones. Parecen no darse cuenta de que al hacerlo contribuyen a la misma pérdida de confianza en el Estado y en lo público cuyas consecuencias hoy estamos lamentando.
Según la Policía, el costo de un CAI como los que han sido destruidos en Bogotá puede ser de hasta $430 millones. Es decir, reconstruir los 45 CAI destruidos podría costar unos $19.000 millones.
El mal uso de los bienes públicos —incluyendo su destrucción— nos afecta a todos y es una afrenta a la convivencia. Pero cuando el Estado y los bienes públicos no están al servicio de la ciudadanía, ese sentido de pertenencia que nos hace cuidar lo público se desvanece. Cuando la policía asesina a ciudadanos como Javier Ordóñez, o tortura a habitantes de calle y a trabajadoras sexuales, el Estado pierde legitimidad y lo público deja de percibirse como algo que es de todos y para todos.
Por eso deberíamos preocuparnos por el uso correcto y transparente de recursos que valen mucho más que un CAI. El préstamo a Avianca que el Ministerio de Hacienda insiste en hacer —sin mostrar las actas del comité que tomó la decisión, ni los análisis técnicos que la sustentan— tiene un valor de $1,38 billones, equivalente a más de 3.200 CAI. El Ministerio también debería explicar, peso por peso, por qué en medio de la pandemia propone aumentar su propio presupuesto del año entrante en $4 billones —lo equivalente a unos 9.000 CAI—. Y sería ideal saber por qué planea contar en 2021 con recursos del balance (es decir, plata que pese a estar presupuestada para el 2020 ha decidido ahorrar en plena emergencia) de $12 billones —o unos 28.000 CAI—.
Pese a repetidas preguntas de ciudadanos y congresistas, el Ministerio de Hacienda responde con evasivas y tecnicismos huecos, o, en el mejor de los casos, nos manda a hundirnos en una montaña de papeles para tratar de descifrar sus decisiones. Parecen no darse cuenta de que al hacerlo contribuyen a la misma pérdida de confianza en el Estado y en lo público cuyas consecuencias hoy estamos lamentando.