Hace una semana el Congreso aprobó por fin el Presupuesto General de la Nación para el 2019. Se han dado discusiones interesantes sobre lo que implica la ley aprobada: el servicio de la deuda es el principal gasto, que se come 51 de los 258,9 billones que gastará el Estado; el segundo más alto es la educación, que con 41 billones recibe bastante más que los 33,5 billones otorgados al sector defensa. Y pese a esto nos quedamos cortos en unos 80 billones si queremos llegar al nivel educativo de la OCDE; etc.
Pero estas cifras agregadas son de utilidad limitada. Un billón de pesos más en educación puede transformar muchas vidas o favorecer los intereses especiales de los amigos del gobierno de turno, teniendo así poco o ningún impacto. Todo depende de los proyectos específicos a los que se destine el dinero, más allá del monto. Por lo tanto, sorprende que estos datos no sean públicos al momento de la aprobación del presupuesto, y que no se debatan abiertamente en el Congreso sino en reuniones a puerta cerrada entre los ponentes coordinadores y el ministro de Hacienda.
La falta de transparencia del gasto público en Colombia no la creó el gobierno actual: es un problema institucional de vieja data. Por décadas, el ministro de Hacienda —que cuenta con el apoyo técnico de un equipo de doctores en economía y todo tipo de personal altamente capacitado— ha propuesto un proyecto de presupuesto a las comisiones económicas del Congreso, que no cuentan con una oficina de análisis técnico para evaluar de manera autónoma el proyecto de ley. A esto le siguen unos debates abiertos al público, que sirven para poco más que sentar posiciones políticas. A la hora de la verdad, las modificaciones importantes al presupuesto se hacen en reuniones a puerta cerrada, a las que sólo entran los líderes de las bancadas, quienes no pueden invitar ni siquiera a sus asesores económicos. Como comentó recientemente un senador, en estas reuniones los congresistas parecen más empleados del ministro de Hacienda que los representantes elegidos por el pueblo colombiano.
En estas reuniones se reparte la mermelada, el peaje que tiene que pagar el Ejecutivo para que el Congreso le apruebe el presupuesto que ya tenía definido. Los congresistas que quieren desviar recursos cobran allí su cuota, mientras que quienes buscan una participación real, activa y responsable en el uso de los recursos de la nación no tienen el tiempo, ni la información, ni el apoyo técnico para hacerlo.
Por eso, año a año nos encontramos con lo mismo: un decreto de presupuesto en el que no se especifica en qué se va a gastar la plata excepto a grandes (e inútiles) rasgos. Es imposible para el público —e incluso para el Congreso— entender si el presupuesto se va a usar adecuadamente o se va a perder en proyectos inútiles o en corrupción. Cuando la información se hace pública el presupuesto ya se ha aprobado, y es demasiado tarde para hacer cambios.
En principio, un buen ministro de Hacienda tiene la sartén por el mango para usar los recursos públicos del país de manera responsable. Pero esa responsabilidad no le corresponde a un único funcionario que no fue elegido por voto popular; así no es como funcionan las democracias ni la división de poderes. Por el contrario, se necesita veeduría por parte del Congreso y de la ciudadanía, y esta no se logra sin transparencia presupuestal, sin un Presupuesto General de la Nación desglosado proyecto por proyecto, rubro por rubro, y debatido en público por el Congreso y no en secreto en el Ministerio de Hacienda.
El sistema no se lo inventó este Gobierno, ni el anterior. Pero lo cierto es que es inadecuado, y la responsabilidad de transformarlo le corresponde al Gobierno actual.
* Ph.D., profesor del Departamento de Economía y director del Observatorio Fiscal, Universidad Javeriana.
Twitter: @luiscrh
Hace una semana el Congreso aprobó por fin el Presupuesto General de la Nación para el 2019. Se han dado discusiones interesantes sobre lo que implica la ley aprobada: el servicio de la deuda es el principal gasto, que se come 51 de los 258,9 billones que gastará el Estado; el segundo más alto es la educación, que con 41 billones recibe bastante más que los 33,5 billones otorgados al sector defensa. Y pese a esto nos quedamos cortos en unos 80 billones si queremos llegar al nivel educativo de la OCDE; etc.
Pero estas cifras agregadas son de utilidad limitada. Un billón de pesos más en educación puede transformar muchas vidas o favorecer los intereses especiales de los amigos del gobierno de turno, teniendo así poco o ningún impacto. Todo depende de los proyectos específicos a los que se destine el dinero, más allá del monto. Por lo tanto, sorprende que estos datos no sean públicos al momento de la aprobación del presupuesto, y que no se debatan abiertamente en el Congreso sino en reuniones a puerta cerrada entre los ponentes coordinadores y el ministro de Hacienda.
La falta de transparencia del gasto público en Colombia no la creó el gobierno actual: es un problema institucional de vieja data. Por décadas, el ministro de Hacienda —que cuenta con el apoyo técnico de un equipo de doctores en economía y todo tipo de personal altamente capacitado— ha propuesto un proyecto de presupuesto a las comisiones económicas del Congreso, que no cuentan con una oficina de análisis técnico para evaluar de manera autónoma el proyecto de ley. A esto le siguen unos debates abiertos al público, que sirven para poco más que sentar posiciones políticas. A la hora de la verdad, las modificaciones importantes al presupuesto se hacen en reuniones a puerta cerrada, a las que sólo entran los líderes de las bancadas, quienes no pueden invitar ni siquiera a sus asesores económicos. Como comentó recientemente un senador, en estas reuniones los congresistas parecen más empleados del ministro de Hacienda que los representantes elegidos por el pueblo colombiano.
En estas reuniones se reparte la mermelada, el peaje que tiene que pagar el Ejecutivo para que el Congreso le apruebe el presupuesto que ya tenía definido. Los congresistas que quieren desviar recursos cobran allí su cuota, mientras que quienes buscan una participación real, activa y responsable en el uso de los recursos de la nación no tienen el tiempo, ni la información, ni el apoyo técnico para hacerlo.
Por eso, año a año nos encontramos con lo mismo: un decreto de presupuesto en el que no se especifica en qué se va a gastar la plata excepto a grandes (e inútiles) rasgos. Es imposible para el público —e incluso para el Congreso— entender si el presupuesto se va a usar adecuadamente o se va a perder en proyectos inútiles o en corrupción. Cuando la información se hace pública el presupuesto ya se ha aprobado, y es demasiado tarde para hacer cambios.
En principio, un buen ministro de Hacienda tiene la sartén por el mango para usar los recursos públicos del país de manera responsable. Pero esa responsabilidad no le corresponde a un único funcionario que no fue elegido por voto popular; así no es como funcionan las democracias ni la división de poderes. Por el contrario, se necesita veeduría por parte del Congreso y de la ciudadanía, y esta no se logra sin transparencia presupuestal, sin un Presupuesto General de la Nación desglosado proyecto por proyecto, rubro por rubro, y debatido en público por el Congreso y no en secreto en el Ministerio de Hacienda.
El sistema no se lo inventó este Gobierno, ni el anterior. Pero lo cierto es que es inadecuado, y la responsabilidad de transformarlo le corresponde al Gobierno actual.
* Ph.D., profesor del Departamento de Economía y director del Observatorio Fiscal, Universidad Javeriana.
Twitter: @luiscrh