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El gobierno de Donald Trump ha propuesto recortar en un 30% la ayuda que su país le otorga a Colombia. El ministro colombiano del Interior, Guillermo Rivera, ha dicho que le parece injusta la medida, ya que “Colombia ha sido un país muy serio en sus compromisos internacionales, ha sido un país que ha dado una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, un país que ha venido luchando por la paz”. Tiene razón el ministro en cuanto a la seriedad de los esfuerzos del país, pero deberíamos preguntarnos de qué nos han servido, seamos colombianos o estadounidenses.
De la “lucha sin cuartel” contra las drogas no nos quedan sino una economía ilegal enorme, muchos muertos, gastos cuantiosos y, para colmo, precios más bajos de la cocaína en Estados Unidos que los que hubo durante la época de Pablo Escobar. El costo humano y financiero de esta lucha no nos deja ningún beneficio a nosotros ni a los cocainómanos estadounidenses, por cuyo bienestar los gobiernos de ambos países llevan tanto tiempo echando plomo, encarcelando gente y fumigando selva.
Así que bienvenida la propuesta del presidente Trump. Lo único que tiene de malo es que el recorte a la asistencia antidrogas no sea del 100%. Entre más pronto nuestros gobiernos dejen de gastar dinero inútilmente, y entre más rápido descriminalicemos la producción y el consumo de estupefacientes, mejor. Ojalá Trump, en un arrebato de consistencia, decida poner el bienestar de su país por encima del apego a las políticas fallidas de las últimas décadas —America First, como dice él— y se decida a tratar la drogadicción como lo que es: un problema de salud y no uno de orden público. De paso, y sin gastar un centavo más, le haría un gran favor al resto del continente americano: en el momento en que se dejen de perseguir las drogas, estas se volverán mal negocio, dándole un golpe fatal a los grupos ilegales que se financian con ellas.
Es una lástima que este arrebato de consistencia no esté por darse. En efecto, los planes del gobierno de Trump incluyen el recrudecer la lucha criminal contra las drogas en suelo estadounidense, y desde hace meses el fiscal general, Jeff Sessions, viene buscando la manera de contrarrestar federalmente las medidas de legalización de la marihuana tomadas a nivel estatal.
Pero tampoco se puede descartar que algún día llegue un cambio drástico en la política antidrogas. Al fin y al cabo, hasta los multimillonarios hermanos Koch —con cuyo patrocinio el Congreso republicano se encuentra desmantelando el Estado de bienestar de los Estados Unidos— se oponen a la criminalización de los narcóticos. Coinciden en esto con muchos políticos de izquierda, y quizá algún día converjan los intereses de la izquierda con los de la derecha libertaria y se abandone esta estrategia fallida.
Mientras esto ocurre, Colombia no tiene por qué quedarse esperando a ver qué sucede. Tiene todo el sentido del mundo recortarle al gasto antidrogas cada dólar de ayuda que le quite el gobierno de Trump, y cruzar los dedos, esperando que ojalá vengan más recortes.
* Ph.D., profesor del Departamento de Economía, Universidad Javeriana.
Twitter: @luiscrh
