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Se dice que una buena crisis no se puede desperdiciar, y esa es la filosofía económica adoptada por el Gobierno frente al COVID-19. Su estrategia de comunicaciones ha inflado de manera deliberada la percepción del gasto gubernamental generado por la crisis y ha logrado crear un ambiente de opinión propicio para ponerles IVA a los productos de la canasta familiar que se quedaron sin gravar en la reforma pasada.
La verdad es que, desde antes del COVID-19, el Gobierno abrió un hueco fiscal con la Ley de Financiamiento de 2018 y desde antes de la pandemia está buscando cómo llenarlo. La solución es fácil: el hueco se abrió recortándoles alrededor de $9 billones en impuestos a las empresas y se puede tapar eliminando esos recortes, sin aumentos importantes al IVA. Si la urgencia de aumentar el recaudo fuera como la pintan, estaríamos hablando tanto de subir el IVA como de cancelar los recortes de impuestos a las empresas. Pero no es así, y el Gobierno le ha apostado a que el público olvide el regalo hecho a las empresas y crea que para pagar las cuentas no hay solución distinta a ponerles IVA a más productos de la canasta familiar.
¿Por qué este empecinamiento? La filosofía del Gobierno, basada en postulados económicos tan convenientes como desactualizados, es que la mejor manera de fomentar el crecimiento económico es recortarle impuestos al capital –bien sea a las utilidades de las empresas o a los dividendos que reciben sus accionistas– y recaudar todo lo posible de los ingresos de los trabajadores y consumidores (trabajadores la mayoría de estos últimos).
Colombia, pese a los golpes de pecho de las élites, recauda un porcentaje menor del PIB en impuestos al capital que el país promedio de la OCDE. Sacrificar el bienestar de los trabajadores por recortar impuestos al capital es un sinsentido y las razones del Gobierno para empeñarse en ello no son claras.
