Acabar con las causas del conflicto es algo que debería unir a casi todos los que votamos por el Sí y por el No. Pero a esto se oponen los poderosos dueños de las tierras mal habidas y quienes los representan.
A muchos de quienes votaron No les parece inaceptable que las FARC paguen condenas leves. ¿Qué se le puede decir a eso? Exigir justicia es bueno. Que la exijan con más fervor quienes no sufrieron en carne propia que las víctimas que ya perdonaron a sus enemigos es raro. Pero está bien. La democracia no se trata de que el otro no nos parezca raro, sino de que podamos llegar a acuerdos. Y si podemos tener paz y mayores penas para las FARC, me le apunto a eso.
Ahora, con seguridad nuestra preocupación nacional por que haya justicia para las víctimas incluye no sólo que las FARC paguen penas proporcionales a sus crímenes, sino que a los campesinos se les restituyan las tierras que perdieron en el conflicto. Que tengan títulos claros y bien documentados en el catastro rural, y que haya una repartición equitativa de tierras que remedie las injusticias que venimos arrastrando desde la colonia y que generaron el conflicto armado. El consenso nacional al respecto es tal que el primer punto del acuerdo, el de la reforma rural integral, fue el único que no se debatió con acrimonia en las semanas que precedieron al voto.
Lo mismo puede decirse de la necesidad de devolver las tierras robadas a los campesinos. Dejar intactos estos aspectos del acuerdo debería ser una decisión obvia y no controversial.
No esperen los del No que los apoyen en esto los terratenientes y sus representantes. Con su propuesta de que el acuerdo de paz renegociado no afecte a los propietarios “honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa”, lo que buscan es que si alguien dice que compró tierras robadas sin saber de dónde venían, el estado tenga la obligación de creerle. Buscan que los derechos de propiedad de los latifundistas sean sagrados, pero que los derechos de propiedad de los campesinos se puedan abrogar con base en la palabra de los terratenientes. Quieren que nos olvidemos de que los desplazados perdieron más de 7 millones de hectáreas en el conflicto, muchas de las cuales ahora son de los terratenientes. Buscan incluso acabar con la modesta reforma rural del primer punto del acuerdo. Quieren lograr que fracase como ya fracasó un siglo de reformas agrarias en Colombia.
La semana pasada dejó en claro que a esos terratenientes y a sus representantes no les importa demasiado cuántos años de cárcel paguen los guerrilleros, ni si participan en política. Como lo hicieron en la campaña del plebiscito, seguirán tratando de centrar la conversación sobre la paz alrededor de temas de importancia secundaria, que no resuelven el problema que nos llevó a la guerra. Van a dejar que otros se desgasten decidiendo cuántas rejas les ponen a las celdas de los guerrilleros y qué tantas horas de sol les va a tocar al día. Mientras tanto, sus negociadores se van a dedicar a acabar con lo único imperdonable de lo negociado en La Habana: la reforma rural y la restitución de tierras robadas.
Luis Carlos Reyes, Ph.D., Profesor Asistente, Departamento de Economía, Universidad Javeriana
Twitter: @luiscrh
