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Se empieza a escuchar un estribillo entre la tecnocracia económica colombiana: lo que le hizo falta a la reforma tributaria de Carrasquilla fue “una buena campaña de comunicaciones”. Desde recintos ajenos a lo que pasa en el resto del país, les sigue resultando inconcebible que hubiera fallas de fondo en la propuesta de reforma tributaria que detonó protestas sin precedentes, no solo en las principales ciudades de Colombia sino en todo el país. Las advertencias de que pronto habrá que terminar lo que Carrasquilla comenzó ya resuenan a manera de pronunciamientos oficiales, editoriales ponderosos y regaños en redes.
El punto ciego de los tecnócratas les impide ver que la legitimidad del manejo económico del país ha sufrido con cuatro años de campañas de comunicación que tratan de venderles a los colombianos como ciertas cosas que no lo son. No, el gobierno de Iván Duque no recibió un “hueco fiscal” de $14 billones de la administración pasada. No, no se necesitaba recortar $9 billones en impuestos a las empresas —lógica peregrina— para tapar el hueco fiscal inventado. No, Colombia no “invirtió” $117 billones en la respuesta a la pandemia. Y no, por más piezas de lindo diseño gráfico que acompañaran la campaña “Soy solidario”, la fallida reforma tributaria de Carrasquilla les pedía más a los trabajadores y a los consumidores que a los dueños del capital.
Los colombianos sí están dispuestos a pagar más impuestos —basta recordar los impuestos voluntarios recaudados en Bogotá durante la alcaldía de Antanas Mockus—, pero no a un Estado ni a una tecnocracia que no se sientan obligados a rendir cuentas del gasto público peso por peso. Para gobernar con técnica se necesita la legitimidad del Estado, y la legitimidad no se obtiene con trucos contables, con hashtags, ni con un presidente comunicador, sino con honestidad y transparencia que hay que demostrar antes de subir impuestos.
