En un país en el cual las instituciones están pensadas para preservar los privilegios de unos pocos, una de las muchas cosas que tienen que cambiar es la política de manejo de datos de la administración tributaria, la DIAN.
Para analizar con rigor cuánto pagan en impuestos los contribuyentes de distintos niveles de ingresos, qué políticas contra la evasión son efectivas, a qué tipo de personas y empresas favorecen en la práctica los beneficios tributarios o cuánto se recaudaría con distintas propuestas de reforma tributaria, es indispensable contar con lo que se conoce como microdatos anonimizados: una muestra de los datos de las declaraciones de renta de un grupo representativo de contribuyentes, a la cual se le ha quitado la información que permita identificar específicamente a qué persona o empresa pertenecen. Este tipo de datos están a disposición de los investigadores académicos en países desarrollados, pero no en Colombia.
Durante los últimos tres años, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hemos ofrecido ayuda técnica a la DIAN para poner estos datos a disposición del público, pero distintos directores de la entidad nos los han negado. No han valido derechos de petición ni proyectos de ley, que la DIAN ha bloqueado en el Congreso. A lo sumo, la DIAN entrega estadísticas descriptivas, pero nada más. Más aún, múltiples funcionarios del Ministerio de Hacienda nos han dicho que incluso a ellos la DIAN les niega los datos que necesitan para su trabajo.
Sea que esta política de opacidad se trate de un esfuerzo de la DIAN para proteger los intereses económicos más poderosos del país, o que se deba a una cultura institucional en la cual responder a las preocupaciones de la ciudadanía es la menor de sus preocupaciones, las cosas tienen que cambiar. La información sobre cómo se financia el Estado colombiano es de interés para todos y debe estar al alcance de ciudadanos e investigadores.
En un país en el cual las instituciones están pensadas para preservar los privilegios de unos pocos, una de las muchas cosas que tienen que cambiar es la política de manejo de datos de la administración tributaria, la DIAN.
Para analizar con rigor cuánto pagan en impuestos los contribuyentes de distintos niveles de ingresos, qué políticas contra la evasión son efectivas, a qué tipo de personas y empresas favorecen en la práctica los beneficios tributarios o cuánto se recaudaría con distintas propuestas de reforma tributaria, es indispensable contar con lo que se conoce como microdatos anonimizados: una muestra de los datos de las declaraciones de renta de un grupo representativo de contribuyentes, a la cual se le ha quitado la información que permita identificar específicamente a qué persona o empresa pertenecen. Este tipo de datos están a disposición de los investigadores académicos en países desarrollados, pero no en Colombia.
Durante los últimos tres años, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hemos ofrecido ayuda técnica a la DIAN para poner estos datos a disposición del público, pero distintos directores de la entidad nos los han negado. No han valido derechos de petición ni proyectos de ley, que la DIAN ha bloqueado en el Congreso. A lo sumo, la DIAN entrega estadísticas descriptivas, pero nada más. Más aún, múltiples funcionarios del Ministerio de Hacienda nos han dicho que incluso a ellos la DIAN les niega los datos que necesitan para su trabajo.
Sea que esta política de opacidad se trate de un esfuerzo de la DIAN para proteger los intereses económicos más poderosos del país, o que se deba a una cultura institucional en la cual responder a las preocupaciones de la ciudadanía es la menor de sus preocupaciones, las cosas tienen que cambiar. La información sobre cómo se financia el Estado colombiano es de interés para todos y debe estar al alcance de ciudadanos e investigadores.