Ni el Colpensiones actual ni los fondos privados de pensiones
Ya que la política es dinámica, no se sabe si la reforma pensional será este año o el próximo. Pero va a llegar y, si el debate continúa como va, será entre un sistema público que ofrece excelentes beneficios y un sistema de fondos privados de pensiones cuyos beneficios no se le comparan.
Visto así, sería natural pensar que lo ideal es un regreso masivo al sistema público. Pero, como es claro para quienes han analizado el sistema, el problema del sistema público es que los aportes de los contribuyentes no alcanzan para pensiones tan generosas. El problema va más allá de si se debe o no subir un par de años la edad de jubilación: independientemente de lo que se haga, para pagar las pensiones que promete Colpensiones es necesario recurrir a los recursos que recauda el Gobierno a través de impuestos como el IVA. Es decir: para proteger los “derechos pensionales adquiridos” de un alto ejecutivo que cotiza al sistema público, no alcanza con los rendimientos de los aportes hechos por el ejecutivo, sino que hay que sacar plata del IVA que pagan los trabajadores informales y la clase media del país. La existencia de “derechos” de este tipo es más propia de un feudo medieval que de un Estado social de derecho, y para que una reforma al sistema pensional merezca el nombre, debe solucionar este problema.
Los fondos privados de pensiones entienden esta realidad, por lo cual llevan un buen tiempo vendiéndose como la única alternativa sensata a un sistema público inequitativo e insostenible. Y, en principio, es cierto que el esquema de cuentas de ahorro individual evita que los impuestos de los pobres terminen subsidiando las pensiones de los ricos, ya que el pensionado sólo tiene derecho a una pensión directamente proporcional a los rendimientos financieros de los aportes realizados a lo largo de su carrera.
Pero lo que no publicitan los fondos es que, a causa de sus altos costos administrativos y de una reglamentación que obliga a los contribuyentes a invertir sus aportes en acciones de unas pocas empresas de bajos retornos (cuyos dueños son los mismos dueños de los fondos privados de pensiones), sus rendimientos son bastante inferiores a los que da el mercado internacional.
Por ejemplo, imaginemos a un profesional colombiano que empieza a aportar a los 22 años con un salario de $2 millones, que en el transcurso de su carrera crece en un 6% anual en términos reales, por lo cual se retira a los 62 años ganando $20 millones. Su mesada pensional sería de unos $7,4 millones en el fondo de pensiones colombiano promedio. Pero si esos mismos aportes se hubieran hecho a un fondo de pensiones internacional típico de riesgo moderado (para quien esté interesado en replicar los cálculos, me refiero a poner el 60% del capital en el S&P500, 40% en bonos del tesoro de EE. UU. y cuotas de manejo del 0,16% sobre el capital acumulado), el pensionado podría cobrar una mesada de unos $13,4 millones —$6 millones más al mes que con los fondos colombianos—. De esos $6 millones que desaparecen, $1,2 millones se deben a las altas cuotas de manejo de los fondos de pensiones, y $4,8 millones, al tipo de portafolio que eligen los fondos con base en una normatividad que los “obliga” a invertir en el limitado mercado bursátil colombiano, “obligación” de la cual se benefician las empresas de los mismos grupos industriales a los que pertenecen los fondos.
Los fondos privados de pensiones les están causando pérdidas enormes a los cotizantes, y los beneficios que actualmente promete Colpensiones no se pueden sostener sin impuestos que les peguen duro a los más necesitados del país. Vale la pena pensar en la creación de una tercera alternativa: una alternativa pública a los fondos privados de pensiones que, manejada por el Estado, se base en cuentas individuales e invierta de manera transparente en índices internacionales de bolsa altamente diversificados, como la teoría moderna del portafolio sugiere que se debe hacer.
El sector privado colombiano no está ofreciendo retornos de mercado a quienes aportan a los fondos de pensiones, no es competitivo y extrae rentas a la ciudadanía a causa de una regulación que parece hecha a la medida de los grupos empresariales nacionales. Sin embargo, es perfectamente posible disciplinar a los fondos de pensiones con una alternativa que les haga competencia, y el sector público está en capacidad de dársela.
* Ph. D., profesor del Departamento de Economía y director del Observatorio Fiscal, Universidad Javeriana.
Twitter: @luiscrh
Ya que la política es dinámica, no se sabe si la reforma pensional será este año o el próximo. Pero va a llegar y, si el debate continúa como va, será entre un sistema público que ofrece excelentes beneficios y un sistema de fondos privados de pensiones cuyos beneficios no se le comparan.
Visto así, sería natural pensar que lo ideal es un regreso masivo al sistema público. Pero, como es claro para quienes han analizado el sistema, el problema del sistema público es que los aportes de los contribuyentes no alcanzan para pensiones tan generosas. El problema va más allá de si se debe o no subir un par de años la edad de jubilación: independientemente de lo que se haga, para pagar las pensiones que promete Colpensiones es necesario recurrir a los recursos que recauda el Gobierno a través de impuestos como el IVA. Es decir: para proteger los “derechos pensionales adquiridos” de un alto ejecutivo que cotiza al sistema público, no alcanza con los rendimientos de los aportes hechos por el ejecutivo, sino que hay que sacar plata del IVA que pagan los trabajadores informales y la clase media del país. La existencia de “derechos” de este tipo es más propia de un feudo medieval que de un Estado social de derecho, y para que una reforma al sistema pensional merezca el nombre, debe solucionar este problema.
Los fondos privados de pensiones entienden esta realidad, por lo cual llevan un buen tiempo vendiéndose como la única alternativa sensata a un sistema público inequitativo e insostenible. Y, en principio, es cierto que el esquema de cuentas de ahorro individual evita que los impuestos de los pobres terminen subsidiando las pensiones de los ricos, ya que el pensionado sólo tiene derecho a una pensión directamente proporcional a los rendimientos financieros de los aportes realizados a lo largo de su carrera.
Pero lo que no publicitan los fondos es que, a causa de sus altos costos administrativos y de una reglamentación que obliga a los contribuyentes a invertir sus aportes en acciones de unas pocas empresas de bajos retornos (cuyos dueños son los mismos dueños de los fondos privados de pensiones), sus rendimientos son bastante inferiores a los que da el mercado internacional.
Por ejemplo, imaginemos a un profesional colombiano que empieza a aportar a los 22 años con un salario de $2 millones, que en el transcurso de su carrera crece en un 6% anual en términos reales, por lo cual se retira a los 62 años ganando $20 millones. Su mesada pensional sería de unos $7,4 millones en el fondo de pensiones colombiano promedio. Pero si esos mismos aportes se hubieran hecho a un fondo de pensiones internacional típico de riesgo moderado (para quien esté interesado en replicar los cálculos, me refiero a poner el 60% del capital en el S&P500, 40% en bonos del tesoro de EE. UU. y cuotas de manejo del 0,16% sobre el capital acumulado), el pensionado podría cobrar una mesada de unos $13,4 millones —$6 millones más al mes que con los fondos colombianos—. De esos $6 millones que desaparecen, $1,2 millones se deben a las altas cuotas de manejo de los fondos de pensiones, y $4,8 millones, al tipo de portafolio que eligen los fondos con base en una normatividad que los “obliga” a invertir en el limitado mercado bursátil colombiano, “obligación” de la cual se benefician las empresas de los mismos grupos industriales a los que pertenecen los fondos.
Los fondos privados de pensiones les están causando pérdidas enormes a los cotizantes, y los beneficios que actualmente promete Colpensiones no se pueden sostener sin impuestos que les peguen duro a los más necesitados del país. Vale la pena pensar en la creación de una tercera alternativa: una alternativa pública a los fondos privados de pensiones que, manejada por el Estado, se base en cuentas individuales e invierta de manera transparente en índices internacionales de bolsa altamente diversificados, como la teoría moderna del portafolio sugiere que se debe hacer.
El sector privado colombiano no está ofreciendo retornos de mercado a quienes aportan a los fondos de pensiones, no es competitivo y extrae rentas a la ciudadanía a causa de una regulación que parece hecha a la medida de los grupos empresariales nacionales. Sin embargo, es perfectamente posible disciplinar a los fondos de pensiones con una alternativa que les haga competencia, y el sector público está en capacidad de dársela.
* Ph. D., profesor del Departamento de Economía y director del Observatorio Fiscal, Universidad Javeriana.
Twitter: @luiscrh