Un ciudadano desprevenido quizá piense que los candidatos presidenciales tienen una idea clara de lo que quieren que haga su gobierno con el presupuesto general de la nación o que, por lo menos, lo entienden a grandes rasgos. Sin embargo, un análisis de los programas presidenciales de los cuatro candidatos que lideran las encuestas, el cual llevamos a cabo en el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, muestra que si los candidatos saben a qué buscarán destinar los recursos de todos, este es un conocimiento que se tienen bien guardado.
Prácticamente ninguna de las propuestas que hacen —sea de educación, salud, seguridad pública o de otros rubros— viene acompañada de una estimación de su costo. No hay tampoco proyecciones, así sean gruesas, de lo que costará el conjunto de sus políticas. La realidad es que cuando los comentaristas hablan de que tal o cual aumentaría o reduciría el tamaño del Estado, lo hacen sin cifras en mente. ¿La austeridad es reducir el gasto público en 1 %, 10 % o 20 %? ¿Cumplir las promesas del Estado social de derecho requiere un gasto 30 % o 50 % mayor? Ninguno lo especifica.
Y antes de culpar a los juiciosos miembros de los equipos técnicos de los candidatos —muchos de los cuales trabajan con convicción y sin remuneración—, es importante recordar que no son solo los candidatos, sino el Congreso y hasta el Ministerio de Hacienda los que no tienen las cuentas claras. Al Estado colombiano le entran y le salen cientos de billones de pesos cada año, sin que absolutamente nadie dé cuenta, programa por programa y peso por peso, de en qué se utilizan y qué tan efectivos terminan siendo.
Nadie va a dar cuenta del uso de los recursos públicos si la ciudadanía no la exige a través de sus representantes electos. Esperemos que, sea quien sea el ganador de las elecciones, llegue a pedir y a rendir cuentas claras.