No sé si el acceso a la educación universitaria gratuita debe ser un derecho. Quizá. Pero dado que se ha vuelto común exigir esta reivindicación por parte de quienes quieren una sociedad más igualitaria, un fin que comparto, me permito hacer de abogado del diablo.
Es muy distinto defender el preescolar, la primaria y el bachillerato de buena calidad y gratuitos que defender la universidad gratis. En el caso de los primeros, no hay duda en cuanto a que el estado deba proveerlos. Sin ellos, se empieza la vida en desigualdad de condiciones, y se perpetúan las desigualdades de la sociedad. Nadie elige en qué familia nacer, y negarle oportunidades futuras a un niño porque sus padres no tienen recursos es injusto: nadie diseñaría una sociedad así a menos que supiera que va a ser parte de la élite.
Pero en el caso de la educación universitaria, un adulto – a los 18 años joven pero adulto – puede entender los costos y los beneficios de entrar a la universidad. Un egresado universitario gana mucho más que un bachiller, y los costos de la matrícula se recuperan. Gracias al Icetex, cada vez más de quienes no cuentan estos recursos pueden obtener préstamos que les permiten educarse primero y pagar después.
¿Por qué asumir que el Estado –es decir, todos nosotros– tenemos que subsidiarle a alguien el 100% de un negocio redondo para el que no le falta financiación? Por otro lado, también hay programas universitarios que son entretenidos pero que no aumentan los ingresos de los egresados lo suficiente como para justificar el costo de la matrícula. Si alguien los quiere pagar de su bolsillo, fantástico; ¿pero por qué asumir sin cuestionarlo que tienen derecho a que los demás se los subsidiemos?
Una respuesta posible es que es una manera más de redistribuir riqueza en una sociedad como la nuestra, que se cuenta entre las más desiguales del mundo. Pero como política redistributiva, la universidad gratuita para todos es bastante mediocre. Resulta que quienes son capaces de obtener los puntajes necesarios para una universidad de calidad, como por ejemplo la Nacional, no son los menos privilegiados ni los más pobres. Esta política consistiría a la larga en hacer enormes transferencias desde los estratos 1-6 para favorecer al estrato 3.
Un buen argumento para subsidiar las universidades públicas y una parte del acceso a la educación terciaria es que hay externalidades positivas al hacerlo. Es decir, no se beneficia con el título sólo el estudiante y su empleador, sino todo el país. Por ejemplo, si una empresa en cierta industria contrata a un ingeniero, y con sus conocimientos el ingeniero crea prácticas que mejoran la eficiencia de esa empresa, no se benefician sólo el ingeniero con su salario sino toda la industria adoptando esa práctica.
¿Pero cómo se pasa de la idea de que la educación universitaria tiene beneficios sociales a que es deber del Estado otorgársela gratis a todo el mundo? Los costos son sustanciales, y muchas personas decidirán tomarse la universidad como un paseo subsidiado por Papá Estado, como ya ocurre en Dinamarca y otros países que garantizan el acceso universal a la universidad.
Un buen sistema tiene que garantizar que cualquier individuo calificado académicamente tenga acceso a la educación universitaria a costos y tasas de interés razonables. Pero regalar plata tiene costos que son altos: por ejemplo, ese dinero se podría usar para no estarle haciendo conejo a los maestros de preescolar, primaria y bachillerato, y para ofrecerles condiciones aún más atractivas que generen competencia y que atraigan a estas plazas egresados universitarios brillantes.
* Ph.D., profesor del Departamento de Economía, Universidad Javeriana.
Twitter: @luiscrh
No sé si el acceso a la educación universitaria gratuita debe ser un derecho. Quizá. Pero dado que se ha vuelto común exigir esta reivindicación por parte de quienes quieren una sociedad más igualitaria, un fin que comparto, me permito hacer de abogado del diablo.
Es muy distinto defender el preescolar, la primaria y el bachillerato de buena calidad y gratuitos que defender la universidad gratis. En el caso de los primeros, no hay duda en cuanto a que el estado deba proveerlos. Sin ellos, se empieza la vida en desigualdad de condiciones, y se perpetúan las desigualdades de la sociedad. Nadie elige en qué familia nacer, y negarle oportunidades futuras a un niño porque sus padres no tienen recursos es injusto: nadie diseñaría una sociedad así a menos que supiera que va a ser parte de la élite.
Pero en el caso de la educación universitaria, un adulto – a los 18 años joven pero adulto – puede entender los costos y los beneficios de entrar a la universidad. Un egresado universitario gana mucho más que un bachiller, y los costos de la matrícula se recuperan. Gracias al Icetex, cada vez más de quienes no cuentan estos recursos pueden obtener préstamos que les permiten educarse primero y pagar después.
¿Por qué asumir que el Estado –es decir, todos nosotros– tenemos que subsidiarle a alguien el 100% de un negocio redondo para el que no le falta financiación? Por otro lado, también hay programas universitarios que son entretenidos pero que no aumentan los ingresos de los egresados lo suficiente como para justificar el costo de la matrícula. Si alguien los quiere pagar de su bolsillo, fantástico; ¿pero por qué asumir sin cuestionarlo que tienen derecho a que los demás se los subsidiemos?
Una respuesta posible es que es una manera más de redistribuir riqueza en una sociedad como la nuestra, que se cuenta entre las más desiguales del mundo. Pero como política redistributiva, la universidad gratuita para todos es bastante mediocre. Resulta que quienes son capaces de obtener los puntajes necesarios para una universidad de calidad, como por ejemplo la Nacional, no son los menos privilegiados ni los más pobres. Esta política consistiría a la larga en hacer enormes transferencias desde los estratos 1-6 para favorecer al estrato 3.
Un buen argumento para subsidiar las universidades públicas y una parte del acceso a la educación terciaria es que hay externalidades positivas al hacerlo. Es decir, no se beneficia con el título sólo el estudiante y su empleador, sino todo el país. Por ejemplo, si una empresa en cierta industria contrata a un ingeniero, y con sus conocimientos el ingeniero crea prácticas que mejoran la eficiencia de esa empresa, no se benefician sólo el ingeniero con su salario sino toda la industria adoptando esa práctica.
¿Pero cómo se pasa de la idea de que la educación universitaria tiene beneficios sociales a que es deber del Estado otorgársela gratis a todo el mundo? Los costos son sustanciales, y muchas personas decidirán tomarse la universidad como un paseo subsidiado por Papá Estado, como ya ocurre en Dinamarca y otros países que garantizan el acceso universal a la universidad.
Un buen sistema tiene que garantizar que cualquier individuo calificado académicamente tenga acceso a la educación universitaria a costos y tasas de interés razonables. Pero regalar plata tiene costos que son altos: por ejemplo, ese dinero se podría usar para no estarle haciendo conejo a los maestros de preescolar, primaria y bachillerato, y para ofrecerles condiciones aún más atractivas que generen competencia y que atraigan a estas plazas egresados universitarios brillantes.
* Ph.D., profesor del Departamento de Economía, Universidad Javeriana.
Twitter: @luiscrh