Si hay algo que es previsible del escándalo que involucra al expresidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema es que esto le significará al exmandatario un salto de popularidad. El país no entenderá cómo los cabecillas de las Farc disfrutan de su libertad en el Congreso, mientras que el presidente que más los combatió esté tras las rejas. No estoy diciendo que una cosa sea la correcta y la otra la incorrecta. Lo que estoy afirmando es que esa combinación de sucesos es un contrasentido que la nación no tolerará.
El sábado por la tarde, en varias ciudades del país se registraron marchas en apoyo de Uribe. Los vi con carteles que decían: “Lo que es con Uribe es conmigo” y desfilando con banderas de Colombia. Estaban indignados, molestos y preocupados. Es una trampa, gritaban. Y eso que el expresidente está en libertad.
La experiencia Petro es una prueba de que no hay muchas más cosas que promuevan tanto la imagen de un político en nuestro país que convertirlo en víctima, y a hoy el proceder de la Corte está generando indignación nacional.
La Corte va a tener que tener muy bien montada la argumentación y las pruebas contra el expresidente, de lo contrario inevitablemente recibirá ante la opinión pública un golpe de desprestigio mucho más duro que el del cartel de la toga. El haber participado, permitido o tolerado la filtración periodística de grabaciones ha sido interpretado como un deseo de manipular a la opinión pública, algo que en un país que ya conoce cómo funcionan los procesos de micrófono genera un mal sabor. Uno tan agrio como el que dejan las dudas sobre el procedimiento que supuestamente utilizó para involucrar a las autoridades británicas. De ser esto último cierto, tendrá que dejar muy claro bajo qué acuerdo y qué autorizaciones se permitió que el MI6 grabara a un expresidente de la República. Si esto no lo maneja de manera quirúrgica, a la Corte le puede salir el tiro por la culata.
Ante la complejidad de lo que ocurre, ¿será este el camino para llevar a Uribe a la JEP? Si esto es así, ¿tendría este tribunal la misma generosidad con el exmandatario que ha demostrado hasta ahora con los miembros de las Farc? Paradójicamente, ¿habrá el presidente Santos creado el mecanismo por el cual se acabarán los procesos contra su archienemigo Uribe?
Estamos ante uno de los episodios más duros en la historia política y legal del nuestro país. Es una mezcla de las dos que, así se quiera, no se puede separar.
Algunos dicen que los grandes problemas se resuelven respondiendo las preguntas básicas y claramente tenemos la respuesta a una de ellas: ¿será el país capaz de entender que los líderes de las Farc queden libres y hagan parte del Congreso, mientras que el exmandatario que más las combatió esté en la cárcel? La respuesta rotunda es no. Mientras que en Colombia no haya una verdadera reconciliación, las partes se seguirán radicalizando y el país que ha sido víctima de las Farc arropará al exmandatario, por muchas pruebas o grabaciones que existan. Las cosas como son.
También le puede interesar: ¿Y por qué hay exguerrilleros en el Congreso de Colombia?
Si hay algo que es previsible del escándalo que involucra al expresidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema es que esto le significará al exmandatario un salto de popularidad. El país no entenderá cómo los cabecillas de las Farc disfrutan de su libertad en el Congreso, mientras que el presidente que más los combatió esté tras las rejas. No estoy diciendo que una cosa sea la correcta y la otra la incorrecta. Lo que estoy afirmando es que esa combinación de sucesos es un contrasentido que la nación no tolerará.
El sábado por la tarde, en varias ciudades del país se registraron marchas en apoyo de Uribe. Los vi con carteles que decían: “Lo que es con Uribe es conmigo” y desfilando con banderas de Colombia. Estaban indignados, molestos y preocupados. Es una trampa, gritaban. Y eso que el expresidente está en libertad.
La experiencia Petro es una prueba de que no hay muchas más cosas que promuevan tanto la imagen de un político en nuestro país que convertirlo en víctima, y a hoy el proceder de la Corte está generando indignación nacional.
La Corte va a tener que tener muy bien montada la argumentación y las pruebas contra el expresidente, de lo contrario inevitablemente recibirá ante la opinión pública un golpe de desprestigio mucho más duro que el del cartel de la toga. El haber participado, permitido o tolerado la filtración periodística de grabaciones ha sido interpretado como un deseo de manipular a la opinión pública, algo que en un país que ya conoce cómo funcionan los procesos de micrófono genera un mal sabor. Uno tan agrio como el que dejan las dudas sobre el procedimiento que supuestamente utilizó para involucrar a las autoridades británicas. De ser esto último cierto, tendrá que dejar muy claro bajo qué acuerdo y qué autorizaciones se permitió que el MI6 grabara a un expresidente de la República. Si esto no lo maneja de manera quirúrgica, a la Corte le puede salir el tiro por la culata.
Ante la complejidad de lo que ocurre, ¿será este el camino para llevar a Uribe a la JEP? Si esto es así, ¿tendría este tribunal la misma generosidad con el exmandatario que ha demostrado hasta ahora con los miembros de las Farc? Paradójicamente, ¿habrá el presidente Santos creado el mecanismo por el cual se acabarán los procesos contra su archienemigo Uribe?
Estamos ante uno de los episodios más duros en la historia política y legal del nuestro país. Es una mezcla de las dos que, así se quiera, no se puede separar.
Algunos dicen que los grandes problemas se resuelven respondiendo las preguntas básicas y claramente tenemos la respuesta a una de ellas: ¿será el país capaz de entender que los líderes de las Farc queden libres y hagan parte del Congreso, mientras que el exmandatario que más las combatió esté en la cárcel? La respuesta rotunda es no. Mientras que en Colombia no haya una verdadera reconciliación, las partes se seguirán radicalizando y el país que ha sido víctima de las Farc arropará al exmandatario, por muchas pruebas o grabaciones que existan. Las cosas como son.
También le puede interesar: ¿Y por qué hay exguerrilleros en el Congreso de Colombia?