Los líderes sociales no son escudos humanos para hacer política. Debería darles vergüenza a quienes los usan como imán para atraer votos o generar empatía a punta de sangre ajena. La llamada nueva oposición se equivoca al sugerir que los asesinados en las últimas semanas han sido eliminados por estar vinculados a ellos. Oportunistas.
La Fundación Paz y Reconciliación identifica tres factores comunes en los asesinatos de líderes sociales. Según Ariel Ávila, el 70 % de los muertos tienen por lo menos una de tres características: estaban involucrados en algún tipo de disputa de tierras, habían manifestado tener intención política o se oponían a algún tipo de economía ilegal. De ninguna manera tenían como objetivo defender los ideales de un grupo político en específico, y por lo tanto no los mataron por vestir la camiseta de una ideología.
A estas personas las mató y está matando la ausencia del Estado. El vacío que provocó la retirada de las Farc de algunas zonas del país producto del proceso de paz ha generado una sangrienta disputa entre grupos ilegales que se quieren hacer al negocio del narcotráfico, sus derivaciones y otras economías ilegales.
Los muertos han emergido de zonas donde hay apogeo del negocio de las drogas y donde antes estaban las Farc. Según un estudio del Centro Nacional de Consultoría, 311 líderes han sido asesinados desde enero del 2016 a julio del 2018. El 70 % de los homicidios tuvieron lugar en Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó y Putumayo.
Estas muertes son otro lunar de la implementación del proceso. No hubo estrategia clara y efectiva para la llegada del Estado a zonas donde antes imperaba la ley establecida por la guerrilla. Los fusiles y el terrorismo no fueron reemplazados por carreteras, salud y educación. Por el contrario, llegaron armas relucientes financiadas desde México. Esas regiones quedaron al garete.
El cuadro se complica cuando se entiende que el negocio del narcotráfico está en pleno apogeo. Las cifras entregadas por EE. UU. dejan claro que Colombia es más traqueta que nunca. Así nos duela decirlo. Por lo tanto, este horrible episodio no es comparable con el exterminio de los miembros de la UP. Esa es una afirmación equivocada, mal intencionada y que además no permite enfocarnos en donde debemos. Tampoco lo es sembrar dudas sobre las relaciones o intenciones de los muertos. Sugerir, sin pruebas, que Ana María Cortés tenía vínculos con el Clan del Golfo es también irresponsable.
Este será otro reto del gobierno Duque: hacer presencia del Estado en regiones que han derramado demasiada sangre. Aprovechar la oportunidad invaluable que generó el proceso de paz de llegar a zonas que antes eran de las Farc será primordial. Darles la espalda a estas comunidades y no entender esto como una nueva derivación del narcotráfico será un enorme error. No tiene nada de humano usar los muertos para ganar votos y generar indignación. Respeten.
