Casi como cantando el himno nacional, en Colombia crecimos repitiendo que somos un país de instituciones. Sin embargo, a la luz de los hechos de los últimos días, parecería que nos estamos quedando sin los fundamentos que nos hacen nación. Me explico.
La Corte Suprema está frente a una grave violación de la Constitución. El artículo 29 de nuestra carta magna establece sobre los errores judiciales que: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Y darle validez a una prueba obtenida por un error reconocido es lo que está a punto de hacer la Corte en uno de los casos más sonados de los últimos años: el caso del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.
La historia es así. El viernes por la tarde, cuando el ciclo noticioso había muerto por la llegada del fin de semana, se conoció que la Corte Suprema aceptó que interceptó por error las comunicaciones del ahora senador. Según lo informado por medio de un oficio, el teléfono de Uribe fue intervenido de manera accidental en el marco de otra investigación en curso. Se trata del proceso que se adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba, involucrado en el escándalo del cartel de la toga. Sin embargo, tal y como lo expresa el mismo escrito, la evidencia fue trasladada a otro proceso en contra del exmandatario, algo que viola claramente la Constitución.
El otro caso, que demostraría que nuestras instituciones, no solamente las tradicionales, sino también las recientes, están pasando por una gran crisis de credibilidad, lo protagoniza la JEP. La semana pasada también, la Fiscalía anunció que investigará a funcionarios de ese establecimiento por presuntamente encubrir a las Farc. Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, varios funcionarios estarían realizando acciones indebidas con la intención de que el tribunal no cumpla con su función. Muy grave. El gato cuidando el queso.
Es el más reciente episodio que erosiona el poco fundamento de credibilidad del que goza la JEP. Primero fueron los cuestionamientos sobre el manejo de sus dineros, luego la novelesca puja de poder interna y ahora una investigación por estar ayudando a quienes debería estar enfocada en juzgar. Mejor dicho, parecería que sus miembros estuvieran haciendo todo lo posible para validar el remoquete con el que nació su entidad: JEF, Justicia Especial para las Farc. Mal.
Una aclaración. Identificar que la Corte está actuando por encima de la Constitución no es defender a Álvaro Uribe, como tampoco cuestionar a una olla, con todas las señales de estar podrida como la JEP, es estar en contra del proceso de paz. En Colombia nos está matando la aproximación política y casi energúmena de barras bravas para enfrentar esta clase de fenómenos. Exigir que se actúe como lo establece la ley es estar de lado del beneficio de todos y personifica lo que nos debería unir, pero eso tampoco es estar del lado de los autodenominados salvadores de centro, donde hay tanto lobo vestido de oveja.
Es labor de todos recuperar las instituciones. Una semana de terror como la pasada no se debería repetir.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com
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Casi como cantando el himno nacional, en Colombia crecimos repitiendo que somos un país de instituciones. Sin embargo, a la luz de los hechos de los últimos días, parecería que nos estamos quedando sin los fundamentos que nos hacen nación. Me explico.
La Corte Suprema está frente a una grave violación de la Constitución. El artículo 29 de nuestra carta magna establece sobre los errores judiciales que: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Y darle validez a una prueba obtenida por un error reconocido es lo que está a punto de hacer la Corte en uno de los casos más sonados de los últimos años: el caso del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.
La historia es así. El viernes por la tarde, cuando el ciclo noticioso había muerto por la llegada del fin de semana, se conoció que la Corte Suprema aceptó que interceptó por error las comunicaciones del ahora senador. Según lo informado por medio de un oficio, el teléfono de Uribe fue intervenido de manera accidental en el marco de otra investigación en curso. Se trata del proceso que se adelanta contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba, involucrado en el escándalo del cartel de la toga. Sin embargo, tal y como lo expresa el mismo escrito, la evidencia fue trasladada a otro proceso en contra del exmandatario, algo que viola claramente la Constitución.
El otro caso, que demostraría que nuestras instituciones, no solamente las tradicionales, sino también las recientes, están pasando por una gran crisis de credibilidad, lo protagoniza la JEP. La semana pasada también, la Fiscalía anunció que investigará a funcionarios de ese establecimiento por presuntamente encubrir a las Farc. Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, varios funcionarios estarían realizando acciones indebidas con la intención de que el tribunal no cumpla con su función. Muy grave. El gato cuidando el queso.
Es el más reciente episodio que erosiona el poco fundamento de credibilidad del que goza la JEP. Primero fueron los cuestionamientos sobre el manejo de sus dineros, luego la novelesca puja de poder interna y ahora una investigación por estar ayudando a quienes debería estar enfocada en juzgar. Mejor dicho, parecería que sus miembros estuvieran haciendo todo lo posible para validar el remoquete con el que nació su entidad: JEF, Justicia Especial para las Farc. Mal.
Una aclaración. Identificar que la Corte está actuando por encima de la Constitución no es defender a Álvaro Uribe, como tampoco cuestionar a una olla, con todas las señales de estar podrida como la JEP, es estar en contra del proceso de paz. En Colombia nos está matando la aproximación política y casi energúmena de barras bravas para enfrentar esta clase de fenómenos. Exigir que se actúe como lo establece la ley es estar de lado del beneficio de todos y personifica lo que nos debería unir, pero eso tampoco es estar del lado de los autodenominados salvadores de centro, donde hay tanto lobo vestido de oveja.
Es labor de todos recuperar las instituciones. Una semana de terror como la pasada no se debería repetir.
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