Mucha agua ha corrido condenando las mentiras que se inventó el “No” para emberracar a la gente y lograr la victoria en el plebiscito, pero muy poco se ha dicho sobre las verdades a medias que usó el Sí, y que esta semana quedaron en evidencia. Durante la campaña del plebiscito fueron múltiples las voces que negaron la posibilidad de que miembros de las Farc, culpables de delitos de lesa humanidad, pudieran participar en política. Siempre se dijo que, para que pudieran saltar a la lucha democrática, tendrían que someterse a la JEP, cumplir con las obligaciones de verdad, reparación y no repetición, y luego, ahí sí, cumplir con su objetivo de buscar ser elegidos en las urnas.
Algunos consideraron que se trataba de una concesión gigantesca del grupo negociador del Gobierno permitirles ingresar a la política si resultaran culpables de delitos atroces, pero desde los que abogaban por el Sí, se argumentó la necesidad de establecer penas alternativas porque “nadie negociaba para ir a la cárcel”. Algo tan racional como entendible. Pero lo que nunca se dijo es que los líderes de las Farc iban a poder participar en política saltándose la JEP.
Algunos, como la senadora Angélica Lozano, en su momento defensora de los acuerdos, afirmaban hace poco más de un año: “Es falso que los máximos defensores y dirigentes de las Farc salten del monte directo al Congreso. No, primero tienen que pagar su pena alternativa”. También, el año pasado, el líder negociador Humberto de la Calle afirmó, al ser preguntado sobre si Timochenko podría ser presidente, que eso podría pasar, pero que dependería de la JEP. Sin embargo, nada de esto resultó siendo cierto. Me explico.
Esta semana el Congreso aprobó un artículo de la ley estatutaria que permite sin condiciones, ni comparecencia al tribunal del paz, que los responsables de delitos de lesa humanidad puedan hacer política. Fue tal mi sorpresa sobre lo aprobado, que se lo pregunté directamente al propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien reiteró que esa “ley es el desarrollo de la reforma constitucional que se aprobó en el primer semestre de este año, donde se establece que el régimen sancionatorio del régimen especial para la paz no podrá limitar derechos políticos”.
La noche del 9 de octubre la senadora Claudia López intentó detener la aprobación de esta ley, pero fue rápidamente derrotada por la bancada del Gobierno. Rivera explicó el rechazo afirmando que “si bien las sanciones emanadas de la JEP no podrán afectar el derecho político a ser elegido, lo que sí podría ocurrir es que quienes comparezcan y no ofrezcan verdad ni reparación corran el riesgo de ser sancionados bajo la modalidad de las sanciones ordinarias”, algo que significaría ir en contra de lo pactado en La Habana.
Sobre lo ocurrido y aprobado, algunas preguntas: ¿se les está permitiendo a las Farc saltarse la JEP para hacer política para evitar que vayan a la cárcel, o incluso paguen las llamadas penas alternativas?, ¿qué pasará en caso de que salgan culpables en la JEP, no cuenten la verdad y no reparen, y ya estén haciendo política? ¿se abre la puerta para que haciendo política, los miembros de las Farc se blinden de todo tipo de castigo, diciendo que se les busca castigar porque son perseguidos políticos?
Está claro que las Farc están haciendo todo lo posible para participar en las presidenciales. Sin responderlo directamente, su asesor jurídico, Enrique Santiago, me contestó sobre el tema: “Lo normal sería que una vez quede inscrito el partido, conforme a los procesos de ley, en los próximos procesos electorales, las Farc puedan concurrir”.
Así las cosas, ¿recuerdan ustedes aquella valla publicitaria en Santa Marta que hicieron quitar en pleno plebiscito porque decía: “¿Quieres ver a Timochenko presidente?, vota Sí al plebiscito”?, pues aunque nunca lo logrará, evidentemente sí lo van a intentar sin pagar ni una pena alternativa a sus actos, y eso lo advirtió con indignación la campaña del No y les dijeron mentirosos. Las cosas como son.
Mucha agua ha corrido condenando las mentiras que se inventó el “No” para emberracar a la gente y lograr la victoria en el plebiscito, pero muy poco se ha dicho sobre las verdades a medias que usó el Sí, y que esta semana quedaron en evidencia. Durante la campaña del plebiscito fueron múltiples las voces que negaron la posibilidad de que miembros de las Farc, culpables de delitos de lesa humanidad, pudieran participar en política. Siempre se dijo que, para que pudieran saltar a la lucha democrática, tendrían que someterse a la JEP, cumplir con las obligaciones de verdad, reparación y no repetición, y luego, ahí sí, cumplir con su objetivo de buscar ser elegidos en las urnas.
Algunos consideraron que se trataba de una concesión gigantesca del grupo negociador del Gobierno permitirles ingresar a la política si resultaran culpables de delitos atroces, pero desde los que abogaban por el Sí, se argumentó la necesidad de establecer penas alternativas porque “nadie negociaba para ir a la cárcel”. Algo tan racional como entendible. Pero lo que nunca se dijo es que los líderes de las Farc iban a poder participar en política saltándose la JEP.
Algunos, como la senadora Angélica Lozano, en su momento defensora de los acuerdos, afirmaban hace poco más de un año: “Es falso que los máximos defensores y dirigentes de las Farc salten del monte directo al Congreso. No, primero tienen que pagar su pena alternativa”. También, el año pasado, el líder negociador Humberto de la Calle afirmó, al ser preguntado sobre si Timochenko podría ser presidente, que eso podría pasar, pero que dependería de la JEP. Sin embargo, nada de esto resultó siendo cierto. Me explico.
Esta semana el Congreso aprobó un artículo de la ley estatutaria que permite sin condiciones, ni comparecencia al tribunal del paz, que los responsables de delitos de lesa humanidad puedan hacer política. Fue tal mi sorpresa sobre lo aprobado, que se lo pregunté directamente al propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien reiteró que esa “ley es el desarrollo de la reforma constitucional que se aprobó en el primer semestre de este año, donde se establece que el régimen sancionatorio del régimen especial para la paz no podrá limitar derechos políticos”.
La noche del 9 de octubre la senadora Claudia López intentó detener la aprobación de esta ley, pero fue rápidamente derrotada por la bancada del Gobierno. Rivera explicó el rechazo afirmando que “si bien las sanciones emanadas de la JEP no podrán afectar el derecho político a ser elegido, lo que sí podría ocurrir es que quienes comparezcan y no ofrezcan verdad ni reparación corran el riesgo de ser sancionados bajo la modalidad de las sanciones ordinarias”, algo que significaría ir en contra de lo pactado en La Habana.
Sobre lo ocurrido y aprobado, algunas preguntas: ¿se les está permitiendo a las Farc saltarse la JEP para hacer política para evitar que vayan a la cárcel, o incluso paguen las llamadas penas alternativas?, ¿qué pasará en caso de que salgan culpables en la JEP, no cuenten la verdad y no reparen, y ya estén haciendo política? ¿se abre la puerta para que haciendo política, los miembros de las Farc se blinden de todo tipo de castigo, diciendo que se les busca castigar porque son perseguidos políticos?
Está claro que las Farc están haciendo todo lo posible para participar en las presidenciales. Sin responderlo directamente, su asesor jurídico, Enrique Santiago, me contestó sobre el tema: “Lo normal sería que una vez quede inscrito el partido, conforme a los procesos de ley, en los próximos procesos electorales, las Farc puedan concurrir”.
Así las cosas, ¿recuerdan ustedes aquella valla publicitaria en Santa Marta que hicieron quitar en pleno plebiscito porque decía: “¿Quieres ver a Timochenko presidente?, vota Sí al plebiscito”?, pues aunque nunca lo logrará, evidentemente sí lo van a intentar sin pagar ni una pena alternativa a sus actos, y eso lo advirtió con indignación la campaña del No y les dijeron mentirosos. Las cosas como son.