Acuerdo, pero democrático


La aprobación de reformas como la tributaria, la de pensiones, la jurisdicción agraria y la ampliación del cupo de endeudamiento –el mayo aprobado a cualquier gobierno en cualquier época–, sin mayorías en el Congreso, parece un acto de magia que habla del poder de persuasión de la mermelada y desmiente las narrativas de un supuesto bloqueo. El gobierno propuso en su posesión un acuerdo, pero ahora reniega del que realizó con sectores de centro. Luego de dos años de polarizar y buscar pleitos, pocos creemos en su interés genuino de buscar un acuerdo nacional como el que, a su modo de ver, resulta de su lectura de los acuerdos con las FARC. Tendría que negociar con sectores que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo y, mucho menos, con su gobierno, pero la estrategia gubernamental está centrada en las elecciones de 2026. Solo le sirven acuerdos que avalen su continuidad o sirvan como pretexto para conseguirla.

Si alguien pretende convocar a un acuerdo nacional, el menos indicado para hacerlo es un gobierno que ha destacado por maltratar a quienes piensan diferente –al punto de expulsar a los ministros que se atrevieron a hacerlo– y polarizar para mantener su capital político.

“Cuando el río suena, piedras lleva” dice un viejo refrán. En las circunstancias de Colombia puede decirse que, si suena tanto y con tan poca claridad, debe ser porque con las piedras están pavimentando un camino que muy pocos –comenzando por nuestros constitucionalistas– conocen, aunque tanto conocimiento no nos sirva de nada debido a que el proceso constituyente planteado se basa en reglas diferentes a la propia Constitución. Se trata de juntar y amalgamar grupos de interés o minorías para, haciendo mucho ruido, desvirtuar la voluntad de la mayoría, una tarea que se facilita desde el gobierno.

Basados en un párrafo del acuerdo firmado entre el gobierno Santos y las FARC, se ha interpretado que hace falta un acuerdo nacional que equivaldría a una constituyente. Como el acuerdo se estaría incumpliendo, un grupo de iluminados, sobrepasando la Constitución, convocaría al elector primario para que se cumpla. El texto dice que “con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional una vez realizado el procedimiento de refrendación convocarán a todos los partidos movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir la reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”.

Siguiendo la lógica de quienes realizan la propuesta, debemos reconocer, en gracia de discusión, que sí es necesario convocar una constituyente, con muchas más razones el acuerdo y el párrafo debieron servir de marco para el desarrollo de lo que se ha llamado la “Paz Total”. Incluiría a organizaciones como el ELN, pero también a la mayoría que ganó con el “No” el plebiscito convocado por el expresidente Santos. No deja de llamar la atención que la “Paz Total” no tome en cuenta a esa mayoría que se sigue expresando en las elecciones regionales y en movilizaciones como la del 21 de abril. ¿Se puede hablar de un acuerdo nacional sin considerarlas o descalificándolas con improperios?

El asunto es importante porque un sindicato de minorías –o multitud, según Negri– por más activistas o violentos que resulten, no pueden imponer sus reglas y condiciones a las mayorías. A quienes pretendan hacerlo, evidentemente, no les sirven las reglas de la democracia, basadas en la soberanía popular. La reivindicación del elector primario es una forma de hacerlo, sin decir que se trata de grupos organizados que utilizando la violencia –o la amenaza de su utilización– quieren imponer la voluntad de grupúsculos, arrollando instituciones y mayorías.

No conozco a nadie que en Colombia se rehúse a un Acuerdo Nacional para que el país prospere y sus gentes puedan vivir en paz, pero dentro de las reglas de la democracia; respetando nuestra constitución, sin atentar contra las instituciones ni alterar el cronograma o las normas electorales. Sería un acuerdo para establecer una dictadura, como sigue ocurriendo en Venezuela o Nicaragua, y a eso nadie le jala.

@herejesyluis