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En el contexto electoral y de finalización de periodo de gobierno en que nos encontramos, la reforma laboral y la suspensión de la regla fiscal plantean serias dudas sobre su efectividad. Sin una planificación basada en datos robustos y metodologías probadas, estas decisiones corren el riesgo de deteriorar la competitividad y desestabilizar el mercado laboral, aumentando una cada vez más costosa incertidumbre.
A diferencia de las puras opiniones políticas —fundadas en intereses—, a muchos nos siguen interesando las pruebas basadas en comprobaciones empíricas y datos. Es insuficiente desear y discursear. En el caso de las políticas públicas —lo que los gobiernos hacen—, está en la cartilla prever y medir sus resultados. Desafortunadamente, es una constante en los actos del Gobierno fundamentar sus acciones solamente en “buenas ideas”, que necesitarían —lo que siempre puede hacerse— suficiente rigor y anticipación metodológica y empírica para reducir la incertidumbre.
En el caso de los ajustes a la legislación laboral, está movida por la idea según la cual mejora la vida de los trabajadores; sin embargo, en ausencia de libre movilidad internacional del trabajo, tenemos principios que deben reconocer las realidades del mercado laboral en cada país. Mejores condiciones para una minoría que disfruta de un trabajo formal no significa mayor estabilidad laboral; mucho menos beneficios para quienes no tienen acceso al mercado del trabajo formal y ahora tendrán menores posibilidades de tenerlo por su encarecimiento. Si para un empresario es más rentable realizar inversiones en tecnología que contratar personas, inevitablemente eso hará. Un ejemplo sencillo son las máquinas con que pagamos ahora en los parqueaderos o las conserjerías digitales en la propiedad horizontal.
Una visión irreal o para incautos sigue considerando a conveniencia que las economías pueden funcionar en autarquía, haciendo abstracción de lo que ocurre en el mundo exterior. Ello permite magnificar las decisiones de gobiernos autoritarios en la mente de sus seguidores, lo que puede observarse desde Hitler hasta Maduro. Sin embargo, experiencia y pruebas señalan de manera inequívoca que la competitividad de cada país —la mejor combinación de recursos y factores económicos, sociales e institucionales— es determinante en sus niveles de bienestar y empleo. ¿Tendremos más empleos como consecuencia de la reforma laboral? Veremos.
Por su parte, la suspensión de la regla es una decisión legal pero facilista e inconveniente. Facilista, porque no intenta mejorar los ingresos del Estado y sus capacidades, para lo que necesitaría un mejor desempeño de la economía que diera lugar a mayores ingresos o reducir sus gastos. Siendo un esguince legal; sin una situación excepcional que la justifique, tendrá vigencia hasta que la justicia lo determine. Es inconveniente por cuanto —basados otra vez en la evidencia— no es complejo anticipar algunos de sus efectos, como el aumento desenfrenado del gasto público en un año electoral, encarecimiento del servicio de la deuda y mayor déficit fiscal. Devaluación desbordada, ruina del fisco y de la economía, como ocurrió en Argentina populista y en Venezuela. El aumento en la incertidumbre que provocan medidas caprichosas supone mayores primas por la deuda y menos inversión pública.
La ausencia de un enfoque empírico y metodológico, una constante en las decisiones del actual Gobierno, prioriza la ideología y la retórica sobre el análisis técnico y la planificación estratégica. El uso de herramientas como la econometría, la teoría de escenarios y modelos matemáticos no es un mero capricho académico, sino una necesidad para transformar aspiraciones e ideas en políticas públicas responsables.
