Amenazados

Y no se trata solamente del narcotráfico y los grupos armados ahora multiplicados. Tampoco de la fragmentación de Colombia al calor de la ley de competencias o de la desaparición de los partidos y de la democracia por los efectos de la ley de transfuguismo. La carta de Leyva describe a un presidente en manos de una pandilla que se aprovecha de sus debilidades convirtiéndole en títere. En un país en manos de ese presidente y por tanto de esa camarilla, como deduce en sus párrafos de cierre.

Confirmar las distancias entre lo que sus seguidores -cuyos sentimientos, expectativas y emociones son manipulados por asesores de talla mundial y un ejército de bodegas- piensan del presidente y su gobierno, con la realidad que vivieron en primera persona los excluidos miembros del gabinete y ahora Leyva, puede ser uno de los principales “logros” de esa carta. El presidente que ven sus seguidores no es el mismo que observan quienes han trabajado con él, ni los problemas del presidente y su ministro del Interior son necesariamente los mismos de Colombia. En plenas crisis de salud, de su proceso de paz, etc., el presidente dedica el recurso más valioso y escaso de un gobernante, el tiempo, a su estética. El problema de Petro es el poder y su centro es él mismo con sus ambiciones y ego. Los de los colombianos son diferentes.

Más grave que el fracaso de la paz total y la sindicación de drogadictos al presidente y al ministro del Interior por parte del excanciller, son las perspectivas en el final de su calculada carta, en las que llama a evitar la inminencia de un incendio social, un recurso que ya llevó al gobierno a Petro en 2022 y con el que frecuentemente intimida y amenaza.

El recurso de la amenaza no es novedoso ni espontáneo. Se ha convertido en una constante. Imposible olvidar que el competidor de Petro, el desaparecido ingeniero Rodolfo Hernández, prácticamente renunció a ganar las elecciones en una actitud entonces incomprensible, al exiliarse temporalmente en Estados Unidos por intimidaciones recibidas en los días claves de la campaña. Antes, el uso de la violencia en el llamado estallido social; el bloqueo de ciudades enteras; la invasión a residencias de ciudadanos -como en el Valle del Cauca- crearon un clima de zozobra al que se refiere Leyva con el “incendio social”.

En la campaña hacia 2026 los improperios del presidente y su ministro de Salud anticipan un escenario similar con el que una minoría pretenderá someter a una mayoría de ciudadanos inermes, ahora con unas instituciones más debilitadas. Desde el inicio de su gobierno el presidente ha satanizado y descalificado, a conveniencia, a instituciones que por su naturaleza funcionan como contrapesos de un ejecutivo todopoderoso. Las cortes y la organización electoral han sido habitualmente víctimas de sus dardos. En el proceso hemos observado la influencia del ejecutivo en los nombramientos de procurador, contralor y magistrados.

Y ahora en la misma corte. La reciente postura de la Corte Constitucional -que debe garantizar los derechos de todos-, al suspender el proceso del presidente Petro en el CNE para “evitar una crisis institucional”, podría estar creando otra más profunda y extensa, pero confirma esa influencia y la capacidad de persuasión de las amenazas, aunque sea para evitar la crisis institucional a que se refiere la Corte o el incendio social del que habla Leyva.

¿Amenazas? Lo que ocurre en Colombia hoy hace recordar sentencias de El Padrino: ofertas que no se pueden rechazar o “la política y el crimen son lo mismo”

@herejesyluis