Autoritarismo

Lo que estamos observando en el Congreso y en diferentes escenarios excede el curso democrático de los procesos y debates de reformas. Donde se mire se encuentran señales de deterioro de nuestras incipientes instituciones. El gobierno debe entender que su victoria en las presidenciales no significa licencia para desconocer los contrapesos del sistema político. Tampoco derechos como la participación ciudadana en los cambios al sistema de salud o, simplemente, el disfrute de un partido de futbol.

Cada vez es más frecuente escuchar al presidente afirmar que sus proyectos deben ser aprobados, en lo fundamental, tal cual los presenta porque ganó las elecciones. Su triunfo le concede prerrogativas, pero también obligaciones, como la de promover la convivencia y la paz en los discursos, pero también en su actuar, un precepto que reta, constantemente, al amenazar con usar su influencia promoviendo “la calle”, que ocasionó tanta violencia, destrucción y daños, también en la economía, recientemente. Proviniendo de quien ostenta poder, autoridad y la más alta dignidad es, por lo menos, una clara expresión de autoritarismo.

Luego de tantos años en política muchos aún se encuentran descifrando a Petro. Algunos guardan la esperanza -o pretenden guardarla mientras se benefician de ello- de que sobre sus perogrulladas como candidato se impongan sus responsabilidades como presidente. Su incipiente oposición e incluso sus socios en la coalición hasta ahora parecen comprender que posturas como la del decrecimiento -una improvisada negación de nuestra más importante fuente real de ingresos- o el sofisma según el cual lo público debe excluir y satanizar la participación del sector privado como principio, no se trata de las ministras de Salud o de Minas sino del mismo Petro, como quedó confirmado la semana pasada. Más se demoró el expresidente Gaviria en cuestionar las habilidades políticas de la ministra Corcho que Petro en responder que si la salud no es exclusivamente pública el proyecto no le sirve. Toca, porque ganó las elecciones, como él disponga ¿No es, acaso, el Congreso un lugar para escuchar a otros y encontrar consensos, sin considerar la evidente desigualdad entre quienes opinan diferente y el poder; los puestos y los presupuestos del gobierno exhibidos en el menudeo?

El deterioro institucional no se reduce a lo que ocurre en el Congreso. En el gobierno de la paz total, de acuerdo con cifras del mismo comisionado, la violencia armada y los grupos que la ejercen se han multiplicado. El objetivo de algunos ministros pareciera ser la participación privada o los pecados de quienes “pretenden conseguir utilidades”, pero no los violentos. Grupos como las Agc pasaron de 2.500 a 9.000 hombres armados y el Eln ha pasado de 3.000 a más de 6.000 mientras las autoridades se encuentran inmovilizadas esperando la llegada de la paz total.

El espíritu de revancha promovido por el mismo presidente ha llegado hasta escenarios impensados como el futbol. Lo ocurrido con las llamadas barras bravas del Atlético Nacional, un capítulo más del veto al esfuerzo privado, ha encontrado justificación en expresiones del hoy presidente, en su trance de candidato, citadas públicamente como soporte por el alcalde(e) de Medellín quien, en la práctica, se solidarizó y justificó el accionar de los violentos. Se trata del mismo revanchismo que vestido de “primeras líneas” atentó contra empresas nacionales, creadoras de ingresos y empleos, y destruyó los bienes públicos. Según sus detractores “se la pasan pensando no en prestar servicios sino en obtener utilidades”, como si fueran objetivos excluyentes o delitos.

Si todo esto ocurre ahora, a ocho meses de iniciado el gobierno, no es difícil prever lo que ocurrirá, si ese talante de revancha se mantiene, en lo que falta. Si aplican la misma fórmula utilizada para aclimatar las reformas en la elección y selección de fiscal, procurador, junta del Banco de la República, contralor general y altas cortes.

Posdata: El Congreso y el país deben revisar con lupa las alteraciones al actual régimen de contratación incluidas en el Plan de Desarrollo. El presupuesto no puede convertirse en una decisión discrecional de ningún sector político. Para ejemplos, la cifra que acaba de publicar Transparencia Internacional sobre corrupción en Venezuela: solamente en los años recientes robaron 70.000 millones de dólares, producto de un gobierno devenido en dictadura que en su momento vendió -como lo hace Petro- el espejismo del monopolio de lo público y el veto a la participación privada, la misma que, después de dos décadas de desastres, ahora implora. Muchos colombianos seguimos prefiriendo -puede decirse que una mayoría- la intermediación del sector privado, un logro histórico de la administración y Gestión Pública, a cambio, como es natural, de unas utilidades razonables, que dejar en manos de políticos, como principio y de manera exclusiva, la ejecución de los presupuestos públicos.

@herejesyluis