El mal estado de la ciudad no ha cambiado mucho, o sus habitantes no lo perciben así, luego de dos administraciones que, en teoría y en la mente de los ciudadanos, representaban dos visiones encontradas. Vamos confirmando que se requieren modificaciones más profundas que diferencias programáticas o ideológicas de campaña. Lo de Bogotá, con nueve millones de habitantes y un tamaño de población superior a más de 160 países, es un asunto de gestión que hace indispensable actualizar sus formas de organización institucional. La ciudad no funciona.
El alcalde Petro accedió a la Alcaldía con un discurso anticorrupción de “izquierdas” después del escándalo del carrusel. Luego de las administraciones de Garzón, Moreno-López y la suya, llegó el alcalde Peñalosa precedido de su experiencia y con una aureola de cambio, según la percepción de una mayoría de votantes (en realidad una minoría del 33 %) que en una única vuelta definió el rumbo de la ciudad. Ahora, 16 meses después de su posesión, luego de caer hasta un 22 % en su aprobación, el alcalde busca cambiar los responsables de las Alcaldías Locales como una manera de sortear su difícil momento. ¿Lo conseguirá?
Puede ser una manera de recomenzar, pero las dificultades del alcalde no son propiamente políticas pues la coalición mayoritaria, a diferencia de la opinión, le sigue acompañando en un Concejo que le ha aprobado una y otra vez sus iniciativas, como en el caso de la venta de la ETB. Dada su experticia, como gran promotor de Transmilenio, la gente esperaba un principio de solución al problema del transporte masivo y ello no ha sido así, aunque se debe reconocer que el mismo sistema de transporte ha sido, constantemente, objeto de vándalos organizados. Pero ¿cuál alcalde no ha enfrentado problemas similares?
Peñalosa ha requerido recursos para cumplir sus ofrecimientos y la verdad es que, a pesar del juicioso pago de impuestos por parte de los bogotanos y al creciente monto de estos, la ciudad necesita grandes inversiones. Los aportes de la nación no son “dádivas” sino el reconocimiento al esfuerzo de la ciudad para acoger, en los últimos años, cientos de miles de nuevos habitantes. Así que vendiendo activos, como la ETB, consiguiendo prestado (a la ciudad, dada su buena salud financiera, le hacen cola para prestarle), etc., puede conseguir los recursos que necesite.
Pero el problema no está tampoco allí. Resulta difícil creer que los problemas de contratación, ejecución y la misma corrupción han sido superados con el encarcelamiento de los Nule. Bogotá, por otra parte, se ha convertido en un enorme paquidermo que no pudo desarrollar el sueño de su descentralización como ocurrió en todas las entidades territoriales a las que el exalcalde Jaime Castro, quien recuperó las finanzas de la ciudad y realizó la última actualización de su ordenamiento hace casi 25 años, ha calificado, con razón, como “feudos podridos”. Aunque parezca extraño, en Bogotá está el feudo más grande.
Sin que la ciudad hubiese sido víctima de una violencia que dejó, en las regiones, a las autoridades como emparedados entre las fuerzas en conflicto, los niveles de corrupción, y eso se ha comprobado también a los más altos niveles, no han sido “menores”. Como en otras partes, la participación ciudadana, y no solo la electoral, ha sido prácticamente nula. Y esa participación era el fundamento no solo del desarrollo constitucional sino del esquema con el que se establecieron las Alcaldías Locales y las Juntas Administradoras Locales. Las características de su funcionamiento, ante la ausencia de la ciudadanía, han sido baja y poco concertada ejecución, escaso crecimiento de lo local y altísimos niveles de corrupción, lamentablemente.
El Estatuto Orgánico de Bogotá, la norma que en su momento permitió la transformación de la ciudad, luego de 25 años acusa obsolescencia, sin que se observen grandes modificaciones que se correspondan con el crecimiento de la ciudad y sus actuales realidades. Por ahora solo se habla, en la nueva reforma política, de una muy necesaria segunda vuelta para elegir alcalde. ¿Y lo demás? Bogotá se ha convertido en una urbe ingobernable. Necesita un nuevo marco que permita y promueva su adecuado funcionamiento y desarrollo.
El mal estado de la ciudad no ha cambiado mucho, o sus habitantes no lo perciben así, luego de dos administraciones que, en teoría y en la mente de los ciudadanos, representaban dos visiones encontradas. Vamos confirmando que se requieren modificaciones más profundas que diferencias programáticas o ideológicas de campaña. Lo de Bogotá, con nueve millones de habitantes y un tamaño de población superior a más de 160 países, es un asunto de gestión que hace indispensable actualizar sus formas de organización institucional. La ciudad no funciona.
El alcalde Petro accedió a la Alcaldía con un discurso anticorrupción de “izquierdas” después del escándalo del carrusel. Luego de las administraciones de Garzón, Moreno-López y la suya, llegó el alcalde Peñalosa precedido de su experiencia y con una aureola de cambio, según la percepción de una mayoría de votantes (en realidad una minoría del 33 %) que en una única vuelta definió el rumbo de la ciudad. Ahora, 16 meses después de su posesión, luego de caer hasta un 22 % en su aprobación, el alcalde busca cambiar los responsables de las Alcaldías Locales como una manera de sortear su difícil momento. ¿Lo conseguirá?
Puede ser una manera de recomenzar, pero las dificultades del alcalde no son propiamente políticas pues la coalición mayoritaria, a diferencia de la opinión, le sigue acompañando en un Concejo que le ha aprobado una y otra vez sus iniciativas, como en el caso de la venta de la ETB. Dada su experticia, como gran promotor de Transmilenio, la gente esperaba un principio de solución al problema del transporte masivo y ello no ha sido así, aunque se debe reconocer que el mismo sistema de transporte ha sido, constantemente, objeto de vándalos organizados. Pero ¿cuál alcalde no ha enfrentado problemas similares?
Peñalosa ha requerido recursos para cumplir sus ofrecimientos y la verdad es que, a pesar del juicioso pago de impuestos por parte de los bogotanos y al creciente monto de estos, la ciudad necesita grandes inversiones. Los aportes de la nación no son “dádivas” sino el reconocimiento al esfuerzo de la ciudad para acoger, en los últimos años, cientos de miles de nuevos habitantes. Así que vendiendo activos, como la ETB, consiguiendo prestado (a la ciudad, dada su buena salud financiera, le hacen cola para prestarle), etc., puede conseguir los recursos que necesite.
Pero el problema no está tampoco allí. Resulta difícil creer que los problemas de contratación, ejecución y la misma corrupción han sido superados con el encarcelamiento de los Nule. Bogotá, por otra parte, se ha convertido en un enorme paquidermo que no pudo desarrollar el sueño de su descentralización como ocurrió en todas las entidades territoriales a las que el exalcalde Jaime Castro, quien recuperó las finanzas de la ciudad y realizó la última actualización de su ordenamiento hace casi 25 años, ha calificado, con razón, como “feudos podridos”. Aunque parezca extraño, en Bogotá está el feudo más grande.
Sin que la ciudad hubiese sido víctima de una violencia que dejó, en las regiones, a las autoridades como emparedados entre las fuerzas en conflicto, los niveles de corrupción, y eso se ha comprobado también a los más altos niveles, no han sido “menores”. Como en otras partes, la participación ciudadana, y no solo la electoral, ha sido prácticamente nula. Y esa participación era el fundamento no solo del desarrollo constitucional sino del esquema con el que se establecieron las Alcaldías Locales y las Juntas Administradoras Locales. Las características de su funcionamiento, ante la ausencia de la ciudadanía, han sido baja y poco concertada ejecución, escaso crecimiento de lo local y altísimos niveles de corrupción, lamentablemente.
El Estatuto Orgánico de Bogotá, la norma que en su momento permitió la transformación de la ciudad, luego de 25 años acusa obsolescencia, sin que se observen grandes modificaciones que se correspondan con el crecimiento de la ciudad y sus actuales realidades. Por ahora solo se habla, en la nueva reforma política, de una muy necesaria segunda vuelta para elegir alcalde. ¿Y lo demás? Bogotá se ha convertido en una urbe ingobernable. Necesita un nuevo marco que permita y promueva su adecuado funcionamiento y desarrollo.