Bogotá: una reforma obsoleta

En la era de las ciudades y gobiernos inteligentes, el proyecto de ley a punto de aprobarse en el Congreso para “actualizar” su estatuto orgánico es insuficiente para reconocer los cambios que la ciudad y el mundo han observado en 28 años. Es también inconveniente e ineficiente al considerar que, aumentando el número de localidades y la burocracia, mediante la creación de gabinetes locales, se solucionarán sus problemas.

Desde la creación del Estatuto Orgánico la ciudad vio crecer su población en un 45%. Su presupuesto para 2021, 23.8 billones de pesos equivale, en precios corrientes, al doble del presupuesto de la nación para el año de su expedición. En el periodo 1993-2021 la participación de Bogotá en el PIB de la nación se ha mantenido en un 26% y la ciudad ha crecido, sus problemas han cambiado y, en ocasiones, multiplicado.

Un correcto manejo, en general, de las finanzas públicas, habla bien de fundamentos diseñados en 1993, como el auto avalúo y el establecimiento de una cultura de pago de impuestos que, a pesar de conocidos hechos de corrupción, se ha mantenido. Bogotá, a pesar de los naturales cambios políticos en sus diferentes administraciones, ha sostenido su prestigio y salud fiscal que, como se observa fácilmente en las áreas de movilidad y seguridad, tiene tareas pendientes en los servicios prestados por la administración. Los ciudadanos pagan sus impuestos y esperan servicios suficientes y de calidad.

Aumentar el número de localidades y crear equipos de gobierno en cada una de ellas, como propone el proyecto de reforma, puede ser una expresión de antiguas formas de ejercer la política y sus apetitos burocráticos, pero no responde a las actuales necesidades ciudadanas. Una actualización del Estatuto supondría, por ejemplo, adecuar los servicios prestados a las posibilidades tecnológicas ahora disponibles. ¿Necesitamos más burocracia y oficinas ahora que el 75% de hogares en Bogotá y el 94% de los jóvenes cuentan con acceso a internet? ¿No será más conveniente acercar ciudadanos e instituciones del Estado a través de aplicaciones que simplifican las tareas disminuyendo la burocracia y sus costos?

El proyecto de reforma no toma en cuenta que en estos 28 años en Colombia y el mundo las Ciencias de la administración han diseñado y puesto en marcha millones de iniciativas de Gobiernos Electrónicos y más recientemente, de Gobiernos Abiertos que facilitan, haciendo más productiva, en términos de creación de valor público, la relación entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Bogotá hace uso de muchas de estas herramientas, pero el proyecto no se refiere a ellas ni trata de integrarlas en una propuesta armónica.

¿Aumentar el número de localidades? En consecuencia, con probados principios de administración podría convenir lo contrario. Las ventajas de concentrar, en cuatro o cinco grandes distritos, algunos de los servicios administrativos pueden hacer más expedita, eficiente y sencilla la administración de una gran ciudad, lo que nos conduce a una pregunta elemental: ¿Han participado las Universidades; los gremios; las asociaciones de padres y organizaciones ciudadanas; las Juntas De acción Comunal y las mismas administraciones, nacionales y locales, ¿en el diseño del proyecto? No parece.

El Estatuto Orgánico de Bogotá, pensado en su momento para, en armonía con la Constitución de 1991, mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía y fortalecer sus posibilidades de desarrollo territorial, consideró a las Juntas Administradoras Locales y a los Fondos de Desarrollo Local como embriones de una nueva relación entre las instituciones y la gente. Se trataba de acercar el Estado haciéndolo más participativo y solidario, pero también eficiente.28 años después las JAL, una expresión de la base ciudadana, han perdido, en la asignación de competencias y recursos, el pulso con otras instancias, sin avanzar en su función de tramitar los problemas, necesidades y las mismas expresiones culturales de comunidades y barrios. No es de esperar que pasar del 10 al 12%, de aumento en el tamaño de sus recursos, haga una diferencia significativa en el rol secundario que ahora cumplen. La descentralización de la ciudad, pensada en la Constitución y el Estatuto, seguirá sin alas para despegar.

El proyecto desconoce la importancia de las TIC en la administración de la ciudad, pero tampoco hace referencia al principio de inclusión, excluyendo la importancia que hoy tienen nuevos sectores ciudadanos. En resumidas cuentas, se trata de una propuesta para aumentar la burocracia, pero no de la actualización de su Estatuto Orgánico, una tarea indispensable que seguirá pendiente en la agenda de nuestra capital.

@herejesyluis