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La presentación de un presupuesto desfinanciado para “justificar” una reforma tributaria impracticable no busca recaudar impuestos sino continuar dividiendo a los colombianos. El Gobierno sabe de antemano que no serán aprobados por el Congreso, pero los utiliza haciendo politiquería en un periodo electoral. Al final, de manera unilateral expedirá lo que pueda por decreto sabiendo que las cortes se demoran en estudiar su legalidad.
La situación fiscal es complicada en exceso. Se necesitaría un recorte de gasto cercano a 50 billones y no solo los 26,3 que pretende conseguir la reforma propuesta. Mientras los gastos crecen, los recaudos han sido reiteradamente sobreestimados.
Las causas del déficit son precisas: 1) los efectos de la pandemia, 2) el freno aplicado por el gobierno al sector minero y de energía, 3) el aumento del gasto de funcionamiento, el cual crece par y paso con las garantías constitucionales mientras los ingresos no lo hacen, y 4) la deliberada distorsión en el gasto de funcionamiento decidida e implementada por el actual gobierno que ha llevado a su ex ministro Ocampo a proponer no estudiar la reforma en el Congreso hasta que el gobierno no presente una propuesta de recorte de gastos.
A diferencia del irresponsable discurso populista para incautos o personas con escaso conocimiento del tema, unas finanzas públicas saludables son fundamentales para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. La administración eficiente de los recursos públicos hace posibles inversiones en salud, educación, infraestructura y programas sociales. La estabilidad fiscal reduce el riesgo de inflación y endeudamiento descontrolado, fenómenos que afectan mucho más a los más pobres.
La reforma aumentaría la pobreza e impactaría muy duro a la clase media. Es recesiva. El incremento en las tarifas de renta a personas naturales golpearía a miles de profesionales independientes y de clase media que hoy sostienen -con sus niveles de consumo- la economía y el empleo. El endurecimiento de la retención y los gravámenes al entretenimiento parecen una revancha contra los “ricos”, pero nos afectará a todos.
Un efecto similar tendría el incremento de la gasolina en un sector ya saturado con el “saneamiento” parcial del fondo de los combustibles, una medida conveniente que no tocó a los transportadores ni a las 4x4 que, en su mayoría, usan diésel. El incremento en los costos de transporte y en los productos básicos afectaría más duramente a los sectores de menores ingresos –aunque exóticamente no usen gasolina- que a los demás, por su impacto en los costos como proporción del ingreso.
La reforma es perversa. ¿Para qué quiere más recursos con tan baja capacidad de ejecución? Necesita la caja llena para el año de elecciones, pero si no consigue su aprobación acusará a los demás -como es su costumbre- por no dejarle ayudar a los más pobres. Es tan inútil como “inocente” someter la propuesta a un debate técnico o sensato. No lo resiste. Se trata de construir una narrativa para embolatar incautos que imaginan confrontar a una supuesta contraparte “solamente” en su mente. Así, termina el gobierno convertido en “víctima” de una oligarquía obstruccionista y “fascista” que le practica un bloqueo institucional.
Por demás, se necesita mucho descaro para solicitar más impuestos luego de “invertirlos” en la UNGRD con los resultados conocidos o gastando millones de dólares en estudiar el impacto reputacional del presidente de Ecopetrol, una empresa patrimonio de los colombianos cada vez más desvalorizada.
