Concertar mejora la salud

En el sector salud, como en otras áreas, existe gran incertidumbre por el impacto que tendrán las políticas del gobierno entrante. La expectativa creada de “cambiar” un sistema de salud que, con problemas, funciona y ha alcanzado metas importantes, hace necesarias mínimas certezas. Responsabilidad, solidez y fundamentación de las eventuales reformas. Previamente es indispensable una amplia conversación y concertación pública que involucre a gobierno, usuarios y prestadores de servicios. Se debe tomar en cuenta, de manera preeminente, la opinión ciudadana.

Una de las tareas más significativas del gobierno entrante, o de cualquiera, se refiere a la formulación y ejecución de políticas, acompañadas de la respectiva asignación de presupuestos adecuadamente orientados. Otra, no menos importante, a mantener la confianza de la sociedad en las instituciones y las reglas de juego. En el momento actual las perspectivas no son claras y el gobierno entrante tiene la necesidad, responsabilidad y conveniencia de hacerlas expeditas y transparentes. No hacerlo pronto es alimentar la especulación y una creciente incertidumbre que juega en contra de todos y del mismo gobierno.

Los problemas del sistema de salud se encuentran inventariados existiendo múltiples estudios entre los que destaca el plan decenal recientemente expedido y el juicioso seguimiento realizado por organismos internacionales como la OCDE y entidades como el DANE y Fedesarrollo. Sabemos que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de similar o incluso superior nivel de ingresos, el mandato de universalización es un logro inocultable que le ha costado mucho a los colombianos y debe ser preservado y protegido. Lamentablemente también sabemos que cobertura no es lo mismo que oportunidad en el acceso a la prestación de los servicios. La demora exagerada en las citas para atención de especialistas y procedimientos, por ejemplo, es un desafío básico de un sistema que, debe reconocerse, requiere, para comenzar, una mejor articulación entre los prestadores y las entidades de gobierno.

Pero la participación del sector privado no puede satanizarse ni su veto convertirse en principio de política pública. No podemos olvidar que su participación, en su momento, obedeció al fracaso, corrupción, ineficacia y escasa cobertura del modelo anterior. Para quienes lo recordamos, lo más parecido al caos o la ley de la selva. Quien no contaba con recursos suficientes no podía ser atendido. Como modelo de administración, la entonces llamada Nueva Gestión Pública, promovida desde la Cepal y desde todos los formuladores de políticas, ha buscado que esa participación del sector privado logre metas de eficiencia y calidad en que el sector público había, históricamente, fracasado.

Considerando los antecedentes, retos y experiencias internacionales un balance del sector de salud en Colombia hoy muestra resultados más positivos que negativos. No podemos hacer abstracción de la situación a nivel mundial para compararla con nuestras realidades y espejismos. Tecnología y virtualidad han significado una verdadera revolución haciendo obsoletos supuestos y modelos inmodificables hace pocos años. Discursos y programas sobre salud pública ―supuestas verdades― no pueden permanecer “estáticos”.

La pandemia puso a prueba a todo el sector y, sin que podamos afirmar que ha terminado, estudios recientes, como el de Bloomberg, que analiza múltiples variables (ver aquí) dejan al país bien evaluado: el segundo de América y el 12 entre todos los países analizados. En Colombia el gasto público en salud se calcula en un 75% del total y representa casi un 8% del PIB. El análisis comparativo per cápita es de gran utilidad: Colombia gasta 1/10 de lo que gasta Estados Unidos; 1/5 de lo que gasta Francia; una cuarta parte de lo que gastan todos los países de la OCDE y 1/3 de lo que gasta España. Con recursos bastante inferiores hemos logrado iguales o, en algunos casos, mejores resultados.

Concertar es siempre mejor que imponer. Por supuesto la mejor forma de afrontar problemas como la tutelitis o disminuir el número de muertes que se pueden evitar consiste en optimizar la prestación del servicio haciéndolo más eficiente. Ante puntos de vista encontrados, la opinión de la gente mediante una consulta ciudadana ―una tarea económica y sencilla― daría al gobierno entrante mejores pistas que cualquier supuesto o dogma, sobre la satisfacción o insatisfacción con el servicio y los ajustes que necesitamos.

@herejesyluis