Al igual que ocurre con la salud y las vías la participación privada en los asuntos públicos, un componente básico del modelo de gobierno abierto ha dejado ganancias a los empresarios, pero también a la ciudadanía; a las sociedades en general y a los colombianos en particular. No es razonable proscribirla basándose en prejuicios ideológicos o políticos no probados. En todas partes del mundo el Estado todopoderoso ha fracasado suficientemente como para pensar en repetir convirtiendo los fracasos en modelo.
Las matemáticas no son amigas de los vendedores de especies o mentiras. Las pociones mágicas no cuentan con las fórmulas de su elaboración ni con estadísticas y estudios que las garanticen. Para venderlas recurren a la manipulación de emociones, sentimientos, creencias y una buena dosis de la fe propia de los incautos. Como en la reforma a la salud, de la que no conocimos su factibilidad, beneficios y costos ni conocimos un análisis completo del Ministerio de Hacienda, el Senado ha aprobado una reforma pensional sin suficientes estudios sobre su pertinencia.
Los recursos del ahorro pensional en los fondos privados han sido productivos calculándose que mientras en Colpensiones se ajustan solo con la inflación, en los fondos han generado 7 puntos adicionales. Se utilizan en inversiones que han hecho posibles proyectos de largo plazo. Han beneficiado a los ahorradores y producido dividendos. ¿Los invertirá, con la misma eficiencia, el Estado? ¿Dónde están los estudios que lo demuestren?
Se ha calculado, como base, en 37 billones el monto en que mejorará el flujo de caja del gobierno y la posición fiscal. Ello beneficia a quienes hoy se encuentran afiliados al oxigenarse el sistema, pero no se conocen estudios ni cuentas claras sobre si terminará, o no, convertido en pirámide cuya responsabilidad quedará a cargo del Estado -que siempre debe responder- y a cargo de quienes apenas llegan al sistema. No es suficiente garantía el anuncio de la ministra, quien por cierto con tacto y diplomacia le ha dado ejemplo a la confrontadora exministra Corcho, según el cual en 15 años se deberá realizar otra reforma. Tampoco que sea el Banco de la República, en su función de agente fiscal, su destinatario.
El sentido social y la responsabilidad del Estado nunca ha estado en discusión. El auxilio para adultos mayores, una de las justificaciones de la reforma, ha funcionado desde hace muchos años, en programas como Colombia mayor, con escasos recursos, pero sin necesidad de pasar por encima de los intereses de una mayoría de ciudadanos. Así lo ha ratificado un reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría -una prestigiosa firma que también presta sus servicios al gobierno- según el cual para el 87 % de colombianos es importante la libertad de decidir el lugar donde realizara sus aportes mientras el 83 % prefiere que se acumulen en una cuenta de ahorro individual, incluyendo periódicas y constatables ganancias. Nos dirigimos hacia una expropiación.
Los problemas del proyecto hoy no se reducen al incumplimiento por parte del gobierno a los senadores liberales que lo aprobaron. No se trata solamente de si el umbral de cotización es hasta 2,3 o hasta 4 salarios mínimos. Aunque tenga el gobierno mayorías en la Cámara el proceso no ha terminado y debe llegar a un momento de concertación, como es deseable.
No es acertado reducir lo ocurrido en el Senado a una patraña o “conejo” del gobierno a los senadores liberales, como se ha afirmado. Esa afirmación es en realidad un distractor a la opinión. Ellos al igual que el presidente tienen suficiente experiencia en el Congreso como para conocer de reglamentos y tiempos. De continuar las cosas como van lo más probable es que finalmente, una comisión de conciliación, casi privadamente, defina los términos de la reforma. Esto es lo que debemos evitar. El Congreso debe justificar y explicar sus decisiones proporcionando información suficiente y oportuna para que no se convierta en un atropello hábilmente oculto a la vista de todos.
