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Los resultados de la primera vuelta y la derrota electoral de un modelo político corroído por la corrupción son un mandato muy claro para quien resulte elegido presidente. ¿Están preparados los candidatos para semejante reto y la ciudadanía para reclamar su cumplimiento? ¿Tenemos garantías de que ocurrirá? Experiencias recientes en las propias campañas y lo ocurrido en gobiernos que llegaron al poder con la bandera anticorrupción, como México y Venezuela, no invitan al optimismo.
¿Será que el discurso anticorrupción ha sido, apenas, una bandera electoral para ganar? La manera deliberada como ha sido demolida la imagen de candidatos como el profesor Sergio Fajardo —y todo el que se atraviese—, sin considerar mínimos referentes éticos y morales, ha quedado desnudada al conocerse los videos publicados la semana anterior, utilizando emociones, sentimientos negativos y el poder de unas redes sin control ni autorregulación a las que ciudadanos ingenuos “obedecen” ciegamente. Han quedado en evidencia las maneras como esos sentimientos y emociones son manipulados y la buena fe de la opinión asaltada. Un ejemplo de que noticias falsas, populismo y posverdad son nuevas e indeseables “reglas”. La frase escuchada en los videos según la cual —al referirse a la extradición y a las conversaciones o negociaciones entre miembros de una campaña y extraditables presos— “hoy decimos que no y mañana que sí”, más que a tan grave asunto puntual, descalifica la forma de hacer política que los electores han rechazado al votar por el cambio.
Un segundo tema se refiere a los límites de denunciar la corrupción como única estrategia y al nivel de generalidad presentado por los candidatos para combatirla. Para corresponder a la expectativa ciudadana los candidatos deberían tener listos y publicados proyectos de decreto y/o leyes sobre temas como A) análisis de propiedades y cuentas de exfuncionarios , políticos y sus familiares— en Colombia, el exterior y en paraísos fiscales; B) la financiación de la política; C) las obligaciones de empresas y bancos en la lucha anticorrupción; D) la sencillez, estímulos y garantía de anonimato de las denuncias ciudadanas dentro de la estrategia de Gobiernos Abiertos: y, E) un inventario a profundidad de los bienes incautados al narcotráfico y los activos reclamados por la DIAN. La relación de estos con políticos, exfuncionarios y sus familiares. Aterrizando el discurso, tendríamos más razones para creer en el cambio.
Se ha dicho repetidamente que lidiamos contra un monstruo de mil cabezas y el enorme esfuerzo de entidades como Transparencia Internacional se ve menguado por unos resultados contradictorios que no siempre muestran avances. Su análisis para el año 2021 deja ver un retroceso notable en algunos países, relacionado, básicamente, con medidas para atender la pandemia. Colombia ocupa el puesto 87 entre 180 países escrutados. Como “consuelo” podemos constatar que nuestro desempeño ha mejorado, pasando del 96 en 2017, 99 en 2018, 96 en 2019, y 92 en 2020. En este resultado seguramente influyen las buenas prácticas sugeridas por la OCDE, pareciendo existir circunstancias propicias para que el nuevo gobierno —con el mandato del pueblo para ejecutarlo— fortalezca esa tendencia.
Como venimos afirmando, la sola denuncia puede ser suficiente para ganar las elecciones, pero no para gobernar de manera más eficiente y detener la corrupción. Países como Venezuela, que ocupa el lugar 177 entre 180; México, 124 de 180; y, Nicaragua, 164 de 180, se encuentran, desafortunadamente, mucho peor que Colombia y en todos ellos gobiernan quienes, en su momento, prometieron acabar la corrupción casi como único argumento de campaña, una situación muy parecida a la que vive Colombia.
Hasta esta encrucijada nos trajo la misma corrupción y en la contienda electoral se han usado estrategias claramente corruptas promovidas incluso por las mismas personas que han sido acusadas de delitos, ahora con un nuevo ropaje ¿Alguien puede pensar que gobernarán de manera diferente, como supone el “cambio”?
Posdata:
A días de las elecciones se observa un empate técnico en segunda vuelta. Coinciden en ello Invamer, el tracking de RCN y un estudio de la firma TSE de los ex registradores Carlos Ariel Sánchez y Alfonso Portela ¿Están listos la Organización Electoral y las mismas autoridades, para el escenario que podemos afrontar, luego de la pugnacidad y los antecedentes observados?
